La misión de la Autoridad Palestina nunca fue participar en la gobernanza democrática y defender los intereses del pueblo palestino.
El 13 de septiembre de 1993, el líder palestino Yasser Arafat y el Primer Ministro israelí Yitzhak Rabin se estrecharon la mano en los jardines de la Casa Blanca, rodeados por el Presidente estadounidense Bill Clinton, que parecía muy satisfecho. Acababan de firmar un acuerdo que sería aclamado como un histórico acuerdo de paz que ponía fin a décadas de «conflicto» entre palestinos e israelíes.
Todo el mundo celebró el acuerdo, apodado los «
Acuerdos de Oslo». Se consideró un gran logro diplomático. Un año después,
Arafat y
Rabin recibieron el Premio Nobel de la Paz.
Muchos palestinos también esperaban obtener por fin un Estado soberano, aunque en menos del 22% de su territorio histórico. Esa era la promesa de los Acuerdos de Oslo, un proceso gradual hacia la creación de un Estado palestino.
Treinta años después, los palestinos están más lejos que nunca de la creación de un Estado. Han perdido aún más tierras en favor de los asentamientos israelíes y se ven obligados a vivir en bantustanes cada vez más pequeños a lo largo y ancho de la Palestina colonizada.
Ahora está claro que el único propósito de Oslo era ayudar a Israel a consolidar su ocupación y colonización de Palestina.
Peor aún, lo que los palestinos obtuvieron de los Acuerdos de Oslo fue una forma bastante perniciosa de autoritarismo palestino en los territorios ocupados en 1967.
Uno de los términos del acuerdo era que a los líderes exiliados de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) solo se les permitiría regresar a los territorios ocupados por Israel en 1967, Cisjordania y Gaza, y que se les permitiría crear un gobierno provisional conocido como Autoridad Palestina (AP) durante un periodo de cinco años.
La AP, formada por miembros del partido Fatah de Arafat, asumió la responsabilidad de los asuntos del pueblo palestino mientras se mantuvo la ocupación militar israelí. Con el apoyo de la comunidad internacional y del régimen israelí, Arafat estableció una forma de gobierno basada en el clientelismo y la corrupción, con escasa tolerancia hacia la disidencia interna.
El sucesor de Arafat, el presidente Mahmud Abbas, continuó por el mismo camino. Hoy, a sus 87 años, no solo es uno de los dirigentes más ancianos del mundo, sino que además ha superado en más de 14 años su mandato legal, a pesar del menguante apoyo que recibe entre los palestinos.
Desde su llegada al poder, Abbas ha realizado una serie de hipócritas convocatorias de elecciones, la última de las cuales tuvo lugar en enero de 2021. Ese año, las elecciones se
cancelaron finalmente después de que la Autoridad Palestina acusara al régimen israelí de negarse a permitir la participación de los palestinos de la Jerusalén Oriental ocupada.
Estas falsas promesas periódicas de elecciones satisfacen temporalmente el apetito de la comunidad internacional por lo que denomina la «democratización» de las instituciones de la AP. Pero la realidad es que el sistema está tan profundamente amañado, gracias en gran parte a los Acuerdos de Oslo, que las elecciones darían lugar inevitablemente al mantenimiento de las estructuras de poder existentes o a la llegada al poder de un nuevo dirigente autoritario.
Además de su aversión por las encuestas, Abbas ha intentado erosionar cualquier espacio democrático en Cisjordania.
Ha fusionado los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, para que no exista ningún control sobre su poder. Con un control absoluto sobre los asuntos palestinos, gobierna por decreto. En los últimos años, esto se ha traducido en una toma de decisiones cada vez más absurda.
El año pasado, por ejemplo, disolvió el Sindicato de Médicos después de que el personal médico se declarara en huelga. A continuación, creó el Consejo Supremo de Organismos y Autoridades Judiciales y se nombró a sí mismo su jefe, consolidando así su poder sobre los tribunales y el Ministerio de Justicia.
Más recientemente, el 10 de agosto, obligó a 12 gobernadores a jubilarse sin informarles. Muchos de los destituidos se enteraron de sus dimisiones forzadas a través de los medios de comunicación.
Para mantener su control del poder, Abbas dispone también de un vasto aparato de seguridad. El sector de la seguridad de la Autoridad Palestina, financiado y formado por la comunidad internacional, emplea el 50% de sus funcionarios y absorbe el 30% de su presupuesto total, más que la educación, la sanidad y la agricultura juntas.
Es responsable de un número monumental de violaciones de derechos humanos, como la detención de activistas, el acoso a periodistas y la tortura de detenidos políticos.
En muchos casos, la represión llevada a cabo por el aparato de seguridad de la Autoridad Palestina complementa la de los israelíes.
Por ejemplo, en 2021, durante lo que se conoció como la Intifada de la Unidad, muchos activistas fueron detenidos e interrogados violentamente por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina.
Este año, tras la invasión del campo de refugiados de Yenín por las fuerzas del régimen israelí, la Autoridad Palestina detuvo a muchos residentes del campo que habían sido encarcelados [https://www.chroniquepalestine.com/terrorisme-israelien-autorite-palestinienne-au-pied-du-mur/] por los israelíes como parte de una práctica conocida como «puerta giratoria».
De hecho, una de las condiciones de los Acuerdos de Oslo era que la AP cooperara plenamente con el régimen israelí en asuntos de «seguridad». Para cumplir esta disposición, el aparato de seguridad de la AP se ha esforzado por
suprimir cualquier actividad considerada amenazadora por el régimen israelí.
Regularmente pasa información de vigilancia sobre palestinos al ejército israelí y no hace nada para contrarrestar sus ataques asesinos regulares contra pueblos, ciudades y campos palestinos.
De hecho, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina trabajan codo con codo con el régimen israelí para sofocar la resistencia palestina.
En realidad, dadas las disposiciones de los Acuerdos de Oslo, la AP no podría haber sido diferente. Un órgano de gobierno responsable ante los donantes internacionales que lo financian y ante el régimen israelí, que conserva el control último, nunca podría haber servido al pueblo palestino.
Resulta sorprendente que la idea de que los Acuerdos de Oslo fueron un proceso de paz bienintencionado pero condenado al fracaso siga estando muy extendida en algunos círculos occidentales.
La verdad es que los arquitectos de Oslo no estaban interesados en crear un Estado palestino ni en liberar Palestina, sino más bien en encontrar una forma de conseguir que los dirigentes palestinos aceptaran tranquilamente la capitulación y suprimieran cualquier nueva resistencia popular.
Alentaron y apoyaron el autoritarismo palestino porque favorecía estos objetivos. Al final, Oslo no trajo la paz a los palestinos, sino un nuevo e importante obstáculo a la liberación.
Yara Hawari, además de su trabajo académico centrado en los estudios indígenas y la historia oral, también es comentarista política habitual en diversos medios de comunicación como The Guardian, Foreign Policy y Al Jazeera.
20 de septiembre de 2023
