Attac, Dernière Rénovation y Extinction Rebellion han sido convocados a la Asamblea Nacional en el marco de una comisión de investigación sobre los «grupos que cometen actos violentos». En una secuencia que va desde las amenazas del Ministerio del Interior contra la Ligue des droits de l’Homme hasta la disolución de Soulèvements de la Terre, este último episodio confirma la dirección tomada por el gobierno hacia el movimiento social y ecologista: la criminalización.
La pregunta se planteó desde el principio: ¿qué hacían estos tres militantes de Dernière Rénovation en esta audiencia en la Asamblea Nacional? Su colectivo, comprometido con la renovación térmica de los edificios, afirma tener un largo historial de desobediencia civil y acción no violenta. Sin embargo, la comisión de investigación que les escuchará el 27 de junio investiga «la estructuración, la financiación, los medios y los métodos de acción de los pequeños grupos responsables de la violencia».
Extinction Rebellion, que también había sido convocada, se negó a asistir. Attac también ha recibido una citación: la audiencia de sus representantes tendrá lugar el 11 de julio. «ATTAC es una asociación reconocida de utilidad pública y sus estatutos declaran que es no violenta, pacifista y a favor de la justicia social. ¿Qué tiene que ver con esa comisión, aparte de demostrar que está en la línea de fuego?», se preocupa Youlie Yamamoto, portavoz de la organización.
Las preguntas formuladas el miércoles a Dernière Rénovation no engañan. El diputado de LR Patrick Hetzel, presidente de la comisión de investigación, cuestionó sus vínculos con «los black blocks», sin definir esta noción, que se refiere a un modo de acción, no a un grupo definido de individuos. Después de la audición de Dernière Rénovation, el periodista Thierry Vincent, autor del libro Dans la tête des black blocs – Vérités et idées reçues [En la cabeza de los black blocs – Verdades y falsedades, también fue interrogado. «¿Su organización da instrucciones en este ámbito?», se le preguntó a los militantes de Dernière Rénovation. Estos explicaron su objetivo y su modo de acción, el diputado no se dio por vencido: «Entonces, como Dernière Rénovation, ¿no participan en manifestaciones, en particular en la de Sainte-Soline?».
El periodo que abarca la comisión de investigación va del 16 de marzo al 3 de mayo de 2023. Como recordatorio, el 16 de marzo fue la fecha en la que se utilizó el procedimiento 49 – 3 para reformar el sistema de pensiones. A esta fecha siguió un recrudecimiento del malestar social, con concentraciones espontáneas que se celebraban todas las noches en ciudades de todo el país. En este periodo también se produjeron importantes protestas ecologistas, entre las que destaca la de Sainte-Soline, a finales de marzo, en el marco de la lucha contra los megaestanques.
En el cuarto sótano de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI)
«Los poderes han elegido el camino de la represión: eso es no entender la angustia en la que nos encontramos ante el cambio climático», argumentó Pierre Taieb, activista de Dernière Rénovation, durante la audiencia. Animó a los diputados a plantearse «otra salida: la acción política. Hoy en día, la mejor manera de pacificar la acción militante es darle victorias políticas».
Esta no es ni mucho menos la opción del Gobierno, dados los acontecimientos de las últimas semanas. Solo el miércoles 28 de junio, al menos ocho portavoces sindicales y asociativos, entre ellos dirigentes de la CGT, Solidaires y la Confédération Paysanne, fueron citados por la gendarmería en Deux-Sèvres por «organizar una manifestación prohibida» en Sainte-Soline.
Una semana antes, el Consejo de Ministros había aprobado la disolución de Soulèvements de la Terre. Los días 5 y 20 de junio, dos redadas de la subdirección antiterrorista se dirigieron contra militantes ecologistas vinculados a Soulèvements.
Algunos de los detenidos se encuentran en el cuarto sótano de la DGSI, según varios diputados que los han visitado. Ambiente. «Eran siete, sacados de sus casas de madrugada aplicando medios antiterroristas. Lo diré una vez más: no se trata de gente que compró bombas y Kalashnikovs; se trata de gente que desmontó lonas y tuberías. Ese es el nivel de terrorismo del que estamos hablando…», señala Maxime Laisney, diputado de LFI por Marne.
El revés también se está produciendo en el ámbito jurídico. El 23 de junio, la conocida asociación anticorrupción Anticor perdió la autorización del tribunal administrativo. Y con razón: el decreto que renovaba su acreditación, elaborado por la oficina del Primer Ministro, contenía una serie de errores que, a ojos del tribunal, invalidaban el proceso.
Si el Gobierno «quisiera luchar contra la corrupción, no solo no habría incorporado esos errores de redacción al decreto, sino que habría participado más plenamente en la vista», reaccionó el abogado Vincent Brengarth, en declaraciones a FranceInfo. «La asociación Anticor es un incordio, porque saca a la luz casos que implican a las más altas instancias del Gobierno», añadió. La propia presidenta de Anticor, Elise Van Beneden, entrevistada por Libération, «se pregunta si el gabinete del Primer Ministro es incompetente o malintencionado».
«Relegitimar el uso de la fuerza pública»
También en los discursos se han roto las barreras. Por ejemplo, el Ministro del Interior, Gérald Darmanin –apoyado más tarde por la Primera Ministra, Elisabeth Borne– atacó a la Ligue des droits de l’Homme a principios de abril. «Desconozco la subvención concedida por el Estado, pero merece ser examinada en el contexto de las acciones que se hayan podido llevar a cabo», amenazó a la Comisión de Derechos, al ser preguntado por el uso de la fuerza durante las manifestaciones contra la reforma de las pensiones y en Sainte-Soline.
La propuesta de crear una comisión de investigación también surgió a principios de abril. Fue iniciada por Aurore Bergé, presidenta del grupo Renaissance, junto con Laurent Marcangeli, presidente del grupo Horizons. En palabras de Youlie Yamamoto, de Attac, la creación de esta comisión es ante todo una forma de «relegitimar el uso de la fuerza pública».
El uso de las fuerzas del orden había quedado en entredicho tras las 6.000 granadas lanzadas en Sainte-Soline a finales de marzo, y la violencia y las detenciones infligidas a los manifestantes opuestos a la reforma de las pensiones. El objetivo, analiza, es instaurar una narrativa que incrimine la radicalidad del movimiento social y ecologista para «justificar lo sucedido, cuando traspasaron una serie de líneas rojas».
«Aprovechar para llevar a juicio las políticas de Macron»
Pero esta comisión también puede ser percibida como una «intimidación», y un deseo de «desalentar», añade Youlie Yamamoto. La portavoz de Attac no tiene intención de resignarse a ello. «El hecho de que haya esta criminalización es una señal de que estamos apuntando bien, de que estamos golpeando donde duele. Son ellos los que pasan a la ofensiva: nosotros tenemos que defendernos. Al menos pone estos temas en la agenda pública. Vamos a aprovecharlo y a utilizarlo para poner a prueba las políticas de Macron».
Frente a esta deriva autoritaria, resume el diputado Maxime Laisney, «hay que hacer un frente común, en el que participen sindicatos, asociaciones y partidos políticos. Porque las libertades públicas son las condiciones de todas las demás luchas».
El relator especial de la ONU para las libertades fue recibido la semana pasada por Mathilde Panot, en su calidad de presidenta del grupo LFI-NUPES. Desde que empezó el movimiento de los Gilets Jaunes en 2019, «pide ser recibido oficialmente por Emmanuel Macron», informa la diputada por Marne. De hecho, esta es la condición necesaria para que pueda, como experto de la ONU, comenzar a redactar un informe sobre el estado de las libertades civiles en Francia.
Maïa Courtois
27 de junio de 2023
