«Te han cogido por la noche indefenso, te han llevado sin que nadie lo sepa». Así empezaba la tantas veces repetida canción La Tortura, de La Polla Records. Una canción que hablaba de «bañera y electrodos, las hostias, la bolsa en la cabeza…», y terminaba advirtiendo que «si lo denuncias, serás denunciado por calumniador».
Es lo que recomendaba hacer el famoso plan ZEN y así lo han hecho en múltiples ocasiones, presentando querellas no sólo contra las personas que han denunciado torturas sino también contra quienes han difundido dichas denuncias; en especial, contra los abogados de los denunciantes, con lo que envían un mensaje bien claro: denunciar torturas puede resultar muy caro… hasta para los abogados.
A raíz de esas querellas, hace cuatro años juzgaron al abogado Aiert Larrarte, por dar a conocer en una rueda de prensa la denuncia de torturas de un detenido por la Guardia Civil. Resultó absuelto. Sin embargo, Alfonso Zenon, que hizo poco después, en otro caso de torturas, lo mismo que había hecho Larrarte, acaba de ser condenado.
Zenon no hizo sino reiterar la denuncia de sus defendidos, nueve detenidos por la Ertzaintza a finales de enero del 2010 en Ondarroa y sus alrededores. Lo hizo en una rueda de prensa, donde responsabilizó de las torturas al entonces Consejero del Interior Rodolfo Ares. Éste se querelló contra el abogado, al que acusó de mentir «de una manera descarada», y se inició un proceso por calumnias.
En el juicio, Ares volvió a afirmar que las denuncias de torturas de los detenidos eran completamente falsas. Así lo recalcó, pero no fue capaz de explicar por qué, entonces, su Departamento se negó a mostrar al Ararteko las grabaciones de los detenidos incomunicados que, según Interior, probaban la falsedad de las denuncias.
Cuando pusieron esas grabaciones como prueba fehaciente de que los detenidos no habían sido maltratados, lo hicieron sin duda pensando que ninguna instancia judicial las solicitaría, porque nunca lo habían hecho hasta entonces. Se equivocaron de plano. Las solicitó no sólo el Ararteko sino también una juez de instrucción de Durango y, tanto en un caso como en el otro, no pudieron ofrecer sino vanas excusas para no mostrarlas.
El primero en solicitarlas fue el Ararteko, que dictó una dura resolución al respecto, denunciando que le negaron el visionado de las grabaciones sin razón válida alguna. Más tarde, volvió a solicitar las grabaciones y entonces le dijeron que «se había sobrepasado ya el plazo mínimo de conservación [de tres meses] y el material grabado había sido destruido».
Ahora bien, en su Informe del año 2006, el Ararteko recogió una respuesta del Departamento de Interior según la cual, «cuando existe sospecha, queja o denuncia», los ertzainas realizaban una copia de las grabaciones, «que se conserva mientras dura la investigación correspondiente». Por lo tanto, en el caso de los nueve detenidos de Ondarroa y sus alrededores deberían haber hecho una copia, porque sobraban las razones para ello: denuncias de los detenidos y su abogado, querella de Ares, investigación del Ararteko…
Además, en su Informe del año 2010, este último recordó que en ocasiones anteriores le habían dicho que «las copias de las grabaciones se almacenan sin tiempo límite», y su equipo había visionado unas sin ninguna importancia guardadas durante largo tiempo. Por eso, denunció que le parecía «especialmente preocupante» que, en el caso mencionado, se hubiesen destruido sin tener en cuenta «nuestro interés explícito y reiterado en conocer el contenido de las grabaciones y la propia pervivencia de los procedimientos penales derivados de las detenciones».
Alfonso Zenon también pidió reiteradamente que mostraran dichas grabaciones, y varios organismos populares hicieron otro tanto, insistiendo en que así se podría comprobar si las denuncias de torturas eran falsas o verdaderas. En esos casos, ni se dignaron en contestar.
A quien sí tuvieron que responder fue a la juez de Durango que solicitó las grabaciones de una de las detenidas, Urtza Alkorta, protagonista el año pasado de una espectacular acción. Centenares de personas formaron una muralla humana en un puente de Ondarroa e impidieron durante cinco días que Urtza volviese a ser detenida por la Ertzaintza.
A la juez de Durango le respondieron que no existían esas grabaciones que demandaba y ésta, sin pedir explicación alguna al respecto, se limitó a transferir el caso a otro juzgado. Al final, como de costumbre, acabó archivado. Otro tanto sucedió con el resto de denuncias de torturas. No prosperó ni una sola de ellas.
Nótese que a ningún otro juez le pareció en absoluto necesario pedir a la Ertzaintza aquellas grabaciones que adujeron probaban la falsedad de las denuncias. Y mucho menos pidieron explicaciones sobre su más que sospechoso borrado. La (in)Justicia española quedó así, una vez más, en suma evidencia.
Mientras tanto, la querella presentada por Rodofo Ares contra Alfonso Zenon no sólo no fue archivada, como las denuncias de torturas, sino que ha terminado en una condena contra el abogado. He ahí otro revelador ejemplo de cómo actúa la (in)Justicia española ante la tortura. Persigue a quienes denuncian la práctica de la tortura, no a quienes la perpetran y a sus encubridores, con lo que se convierte a su vez en encubridora de la tortura.
¡¿Hasta cuándo?!
