De entre las instantáneas respuestas negativas del nacionalismo español a las palabras de Arnaldo Otegi en el pasado mitin de Anoeta, ahora sólo tenemos espacio para analizar la de Podemos. Antes de seguir, me atrevo a sintetizar en al menos ocho tesis, las palabras de quienes hablaron en el mitin en lo que respecta a la consigna de independencia: una, es una reivindicación permanente desde el origen de la izquierda abertzale; dos, es necesaria; tres, es revolucionaria; cuatro, exige un Estado «decente»; cinco, exige poder popular; seis, es antipatriarcal; siete, es internacionalista; y ocho, es ecosocialista. Referencias más o menos significativas a esta óctuple característica, que no vamos a desarrollar aquí, aparecen a lo largo de las intervenciones habidas en el mitin.
Muy probablemente haya sido esta visión sistémica del independentismo, expuesta de forma deslavazada e incompleta, la que unida a otros detonantes haya motivado la automática respuesta de Podemos. Lo primero que debemos considerar es que, salvo error nuestro, nadie citó o se refirió a este partido parlamentarista al uso clásico, que ya nada tiene que ver con su fugaz y superficial imagen publicitaria de irrupción en el mercado político. ¿Por qué, entonces, ha reaccionado así? La razón es muy fácil de entender: el problema español que este partido quiere resolver para siempre es el que le pondrá en su lugar.
En efecto, muchas de las disputas que ahora mismo le corroen en ocho autonomías son debidas al problema español, del mismo modo que el referéndum autodeterminativo le hace crujir la quilla no sólo en las naciones oprimidas sino internamente y en especial de cara a los poderes fácticos, por ejemplo ante esa desapercibida CEDE que en noviembre de 2015 reunió en su Congreso a los 1.500 ejecutivos más importantes del capitalismo español. Bajo la vigilancia del Rey al que Podemos no quiere enfrentarse, la CEDE asumía el programa de quince reformas de la CEOE, programa en el que la unidad del mercado español es clave.
Lo segundo, es que las quince reformas salvajes que sólo pueden imponerse a la fuerza, con la Ley Mordaza y otras represiones centralizadas estratégicamente por el Estado, tienen como objetivo básico aumentar la competitividad del capitalismo español para que, como mínimo, no siga cayendo en la jerarquía imperialista mundial: del puesto 9º al 14º de 2008 a 2014. Aferrarse al 14º puesto para, desde él, intentar ascender es vital porque el capitalismo español se desindustrializa. Según estimaciones solventes, si en 1970 la industria aportaba el 32,9% del PIB estatal, bajó al 18,8% en 2000, para retroceder al 15,6% en 2015. En el mismo período, lo que ambiguamente se denomina «servicios» ha saltado del 45,2% al 58,5% y al 67,7%, respectivamente.
Investigaciones sostienen que desde 2008 se ha liquidado el 20% del tejido industrial, 49.684 empresas, destruyéndose alrededor de 884.000 empleos, siendo Canarias, Catalunya y Andalucía las que más han retrocedido con el cierre del 25% de sus empresas. La desaparición de una industria supone la supresión de otras pequeñas industrias, talleres, comercios y servicios dependientes de la primera, acelerándose la desertización socioeconómica de la zona afectada. Según estudios la riqueza española ha retrocedido en 2015 un 10% en comparación al 3% mundial. En 2015 los beneficios empresariales se desplomaron un 21,6% con respecto a 2013 y 2014. Además, la fuga de capitales en el mismo año ha sido de 70.200 millones de euros, la mayor cifra desde 2012: sólo en diciembre de 2015 se marcharon 19.000 millones.
La tercera cuestión, la forma directamente material del patriotismo de la burguesía española acaba en donde terminan sus beneficios, marchándose a los paraísos fiscales, sociedades de inversión de capital variable, etc., que han tenido un espectacular incremento del 30% desde 2010. Sólo una parte vuelve al Estado cuando impone la antipopular reforma fiscal que favorece descaradamente al capital en detrimento del trabajo: en los nueve primeros meses de 2015 han vuelto 3.165 millones en comparación a los 759 millones de 2014.
Aun así, la burguesía invierte cada vez menos en reindustrializar el Estado. Las sociedades no financieras obtenían beneficios netos entre 2000 y 2003 de 11 de cada 100 euros de valor añadido bruto, descendiendo a 7 de cada 100 en 2007, para recuperarse hasta 22 en 2014 gracias a la devastación social. Sin embargo y a pesar de esta multiplicación de beneficios, la inversión productiva neta ha descendido de 1,2 euros de casa 100 entre 2000 y 2003 a 0,30 euros de cada 100 en 2014: pese a su ostensible enriquecimiento basado en la sobreexplotación del trabajo en cualquiera de sus formas, el capital ha dejado de invertir en la producción de bienes de producción, en el decisivo Sector I según la terminología marxista, el único que crea valor.
Por todo esto, la reindustrialización es asumida por el sector menos obtuso de su burguesía como «cuestión de Estado», mientras que otras facciones han optado por una economía dependiente: turismo, servicios, pequeña industria, energía, economía sumergida y criminal, etc. Incluso la «joya de la corona», las grandes constructoras, depende del mercado mundial con pedidos de 72.500 millones, mientras sólo tienen el 11% de su cartera de obras en el empobrecido mercado español.
La reindustrialización es cuestión de Estado para la parte menos enceguecida del capital porque sólo la producción de valor puede facilitar el pago durante décadas de una deuda estatal de 3,33 billones de euros sumando la empresarial, la pública y la privada, la tercera del mundo tras Japón y EEUU. Pero la estructura empresarial española es muy pequeña y atrasada. En 2013 la media de trabajadores por empresa era de 4,9 mientras que en Alemania era de 11,8. Otro informe de 2014 decía que la media era de 4,6. Ahora las enanas empresas familiares generan el 67% del empleo privado del Estado, cuando el actual capitalismo exige empresas de doscientos o más trabajadores con un 30% de su plantilla muy cualificada.
La cuarta y última razón. La estructura legal y administrativa española está diseñada para beneficiar al centro geoestratégico de poder, Madrid, en detrimento de la periferia: la capital del Estado se apropia del 30% de las tasas de depósitos bancarios; estos y otros privilegios centralistas explican que en el fragor de la crisis de 2008 – 2013 su PIB haya descendido sólo un 4,3% cuando la media estatal ha sido del 8,6%. El centralismo facilita que la alta burguesía catalana ataque al proceso independentista de su pueblo desindustrializando su economía: sólo en el mes de marzo de 2016 nada menos que 30 empresas con un capital social medio de 0,79 millones de euros han abandonado Catalunya para asentarse en Madrid mientras que sólo 7 con un capital social medio de 0,31 millones de euros, han pasado de Madrid a Catalunya.
La recentralización reforzada ya con la LOAPA desde el golpe militar del 23‑F de 1981 no ha hecho más que aumentar porque es una de las tres alternativas del Estado para no hundirse irrecuperablemente en la periferia capitalista, siendo las otras dos la explotación social generalizada y el subimperialismo en el exterior. El nacionalismo español recurre a todos los mecanismos disponibles, como su industria cultural que suponía en 2011 en 16% del PIB estatal y el 9% del PIB mundial: negocio político-cultural que debilita las culturas nacionales no españolas y refuerza la del Estado. Desde aquí se comprende el sentido de la Capitalidad Europea de la Cultura que se está celebrando en Donostia durante 2016.
Podemos ha respondido al instante contra el independentismo porque sabe que este derecho/necesidad elemental de los pueblos trabajadores nacionalmente oprimidos supone la negación explícita del Estado-nación español como forma-política y marco geoestratégico de la acumulación ampliada de capital en parte de la Península. Estado-nación del que Podemos se siente orgulloso.
Iñaki Gil De San Vicente
EUSKAL HERRIA 9 de marzo de 2016
