En los últimos meses se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la amnistía de los presos y refugiados políticos vascos, y se ha hecho esencialmente gracias al nacimiento de un nuevo movimiento que reivindica la amnistía y, posteriormente, gracias a la carta de 93 ex represaliados políticos (carta que actualmente cuenta con alrededor de 140 adhesiones) que también nos mostramos partidarios de trabajar a favor de esta reivindicación y su consecución.
Estas dos cuestiones, la de la aparición de un nuevo movimiento pro amnistía y la del pronunciamiento de los ex represaliados, no son hechos aislados de la realidad que vive Euskal Herria y ocurre en un momento en el que numerosos agentes están haciendo propuestas en torno a la salida que se le debe dar a este asunto.
Sin embargo, son varios los sectores que están pretendiendo deslegitimar y marginar el debate en torno a la amnistía con frases insulsas o referencias injustas hacia las personas que hoy desde la calle, pero anteriormente también desde su celda y en las condiciones más duras, defienden la necesidad de la aplicación de la amnistía como única salida para garantizar una verdadera paz basada en la justicia en vez de una falsa paz basada en la razón del más fuerte, que es lo que actualmente se está queriendo imponer a nuestro pueblo. Y ese intento de deslegitimación tiene como objetivo ganar un debate antes de que ni siquiera se haya llevado a cabo porque, como es sabido, en política no hay mayor victoria para el pensamiento dominante que conseguir que las cosas se den por supuestas sin ni siquiera reflexionar en torno a ellas.
Ha llegado el momento de que cada parte explique su posición respecto a la amnistía y de que lo haga con argumentos, porque los nuestros son claros. La amnistía supone la libertad de todas las personas represaliadas por su militancia política, así como la superación de las causas que han llevado en los últimos 55 años a miles de personas a tomar un camino que les podía llevar a la cárcel, al exilio o por el que simplemente podían morir sin esperar ningún beneficio personal a cambio. La amnistía supone no aceptar como democrático al estado al que se le exige que la aplique, bien porque ha empleado la tortura de forma sistemática contra sus contrincantes políticos, o la guerra sucia, o la ley penal del enemigo, o la violencia en las cárceles para obtener réditos políticos, o el cierre de medios de comunicación para acallar a quienes denunciaban sus crímenes, o a la policía y el ejército (léase Guardia Civil) para barrer de las calles las manifestaciones que no e ran de su agrado, o porque haya utilizado todo lo anterior de manera combinada.
El Estado español ha utilizado todas las violencias mencionadas y el Estado francés la mayoría de ellas y ha colaborado con el español en las demás. Es de sentido común que se exija la libertad de quienes han luchado contra este terrorismo de estado, independientemente de que nos guste más o menos cómo lo hayan hecho, porque el origen de todo lo que haya ocurrido después está en la propia esencia violenta de los estados.
El argumento que algunos están esgrimiendo de que la amnistía es imposible es sencillamente falso. Imposible es que un elefante vuele o viajar a la luna en bicicleta porque va en contra de las leyes físicas, pero lo de la amnistía sólo depende de voluntades de personas, o dicho de otra manera, si hay quien nos habla de la imposibilidad de que se lleve a cabo es porque no le interesa políticamente, y más aún cuando esa negación llega de un estado que no solamente saca de la cárcel sin cumplir sus condenas a asesinos de estado y torturadores varios, sino que además tiende a premiarles con ascensos en cargos para los que tenían que estar vetados de por vida.
El resto de propuestas que estamos conociendo tienen en común convertir a las presas y presos políticos en responsables del sufrimiento que puedan estar padeciendo como consecuencia de las vulneraciones de derechos de las que son objeto. Cuando se dice que estas personas podrían estar más cerca de sus casas si reconocieran que lo que hicieron está mal, o que si reniegan de su militancia se les aplicará otra política penitenciaria más respetuosa con sus derechos, nos encontramos ante un claro chantaje político que tiene como fin la destrucción de la persona y por lo tanto del militante.
Es otro ejemplo de violencia de estado para lograr el rédito político que supone que quien más ha arriesgado en su lucha contra ese estado reniegue de ella. Esa es la aspiración máxima de un estado, porque es la garantía para que en el futuro nadie más vuelva a poner en tela de juicio de una manera combativa aquello que en el caso del Estado español Franco dejó atado y bien atado. Y quien realiza propuestas haciendo exigencias a las personas represaliadas está contribuyendo a ese chantaje y a la limpieza de imagen de un estado violento y antidemocrático.
Por último, subrayar que pedir la amnistía desde la calle, al contrario de lo que ha dicho alguien, no es lo más cómodo, y menos después de pasar 30 años en la cárcel como algunos de los firmantes de la carta por la amnistía, sin olvidar que el Estado español ya torturó y encarceló a decenas de personas por hacerlo. Sería más cómodo irse a casa a descansar pensando que su situación personal ya se ha solucionado, pero la mentalidad del verdadero revolucionario dice que nunca hay que abandonar a los compañeros y compañeras de viaje, y es por ello que seguiremos reivindicando lo que es justo.
Osasuna eta askatasuna!
