Por Pedro Ribeiro Nogueira. Resumen Latinoamericano, 25 de abril de 2021.
Asociación de defensa de los derechos de sobrevivientes denuncia que hay personas mutiladas que nunca han sido reparadas por el Estado.
El trabajador rural José Carlos Agarito Moreira, de 41 años, solo ve cifras. Desde los 16 años, puede, como puede, soportar una bala alojada entre su ojo derecho y el cráneo que le robó la visión de un lado. Luego de 25 años de la Masacre de Eldorado dos Carajás, el sobreviviente comienza a perder de vista su ojo izquierdo. No tiene el coraje de ir al hospital por temor a infectarse con covid-19.
“Vaya, es complicado, ¿ves? Solo un recuerdo de tristeza ”. Con la voz ahogada, habla con pesar de no poder trabajar, del dolor que siente todos los días, de cómo la bala también afectó su audición. Él cree que con un seguimiento adecuado a lo largo de los años, podría mejorar. Dice que quería volver a ver y que, como él, tiene muchos otros. La masacre, para los sobrevivientes, nunca terminó.
Agarito, quien vive en Eldorado dos Carajás (PA) con la ayuda de familiares, es vicepresidente de la asociación creada en 2012 para luchar por los derechos de sobrevivientes y familiares de muertos, ASVIMECAP (Asociación de Sobrevivientes, Viudas, Dependientes, Familiares y afines) de Trabajadores Rurales Muertos en la Masacre de Eldorado dos Carajás y en Conflictos Agrarios en el Estado de Pará). Recientemente, en alianza con la Comisión Pastoral de Tierras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la asociación levantó una lista de 25 sobrevivientes que nunca recibieron ninguna forma de reparación por lo ocurrido el 17 de abril de 1996, cuando una valla marchó a 2.000 manifestantes de la El MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) fue atacado por dos batallones de la Policía Militar. El saldo fue de 19 muertos y 69 heridos.
La asociación también denuncia que, desde 2018, incluso los mutilados que fueron indemnizados están sufriendo la falta total de asistencia médica por parte del Estado.
En el momento de la masacre tenía 16 años. Foto: Walmir Brelaz
“La atención médica nunca ha sido constante. Son personas que aún portan balas y marcas en el cuerpo, pero aún ocuparon calles, protestaron y se reunieron con representantes del gobierno. Siempre han escuchado promesas [de atención médica], pero nunca se han cumplido ”, informa el abogado Walmir Brelaz, quien representó a las víctimas en los tribunales desde la primera demanda, en 1998.
La distribución de las reparaciones fue desigual a lo largo de los años que siguieron a la masacre: hay víctimas y viudas (todos los muertos eran hombres) que recibieron indemnizaciones y que hoy reciben pensiones por muerte, alrededor de un salario mínimo (R $ 1.100 a valores actuales)). . Algunos solo han obtenido compensación. Y otros que nunca lograron acceder a este derecho, que, según Brelaz, 
forma parte del acuerdo firmado en 2007 : cualquier herido ese día tiene derecho a reparación.
El Reportero Brasil habló con dos sobrevivientes, la lista de 25, que nunca fueron indemnizados. Maurílio da Silva Soares, de 51 años, se fracturó el brazo izquierdo y recibió una «bludger» en la pierna. Se queja hasta el día de hoy de dificultad para respirar causada por el episodio. Dice que todavía tiene miedo de ir a restaurantes y estar en lugares públicos. “Es la peor parte. Nunca perdemos el miedo. Hasta el día de hoy, veo a la policía y soy extraño ”, dice. Vive como campesino en Parauapebas, de donde salió uno de los batallones que actuó el día de la masacre.
Lindomar de Jesus Cunha, Mazinho, 44, recibió un balazo en la rodilla. Dice que aún hoy sufre de dolores y que sus movimientos eran limitados. “La masacre dejó una impresión duradera tanto en la parte humana de las personas como en la física. Pero también lastimó los movimientos sociales y la política pública del Estado, que hasta hoy es un lugar de conflictos y latifundios ”, lamenta el militante, que vive a pocos kilómetros de donde sucedió todo.
Ambos comparten una historia común: después de la masacre, huyeron apresuradamente para vivir “escondidos”. El miedo está justificado: al menos diez personas, según informes oficiales, fueron ejecutadas durante la masacre. La mayoría de ellos eran líderes y coordinadores del movimiento, así como ambos.
La fuga tras el suceso dificultó la prueba de la relación directa entre los problemas de salud y la masacre, explica Brelaz. “Es difícil de probar. Uno fue atendido en Brasilia, otro ni siquiera fue al hospital. Armar los documentos para demostrarlo es laborioso y muchos no tienen los recursos para lograrlo ”, señala.
A la denuncia que se tramita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH-OEA) se adjunta la lista de nombres de los mutilados que aún no han sido indemnizados . La petición original fue presentada en 1996 y, en
2003, un informe de Folha dio por sentada la condena . Después de 17 años, sigue siendo una expectativa.
«Esperamos que se tome una decisión en los próximos meses porque el proceso ya está avanzado y la comisión tiene todos los elementos para decidir», analiza Beatriz Galli, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una de las organizaciones que suscribieron el acción. “Incluso las indemnizaciones quedaron muy por debajo de lo que esperábamos. Las personas que lo recibieron, recibieron mucho menos que los montos negociados en los primeros acuerdos judiciales ”, afirma, enfatizando que espera, luego de la sentencia en la OEA, que el gobierno complemente la compensación de quienes fueron contemplados. [
«Recuerdo la masacre todos los días»
Los aproximadamente 50 que fueron compensadosconfirman que, a pesar de ayudar con la recuperación, las cantidades pagadas fueron muy bajas.
“El Poder Judicial fija la indemnización en función de los ingresos y, como eran agricultores, terminaron cobrando cantidades muy bajas si lo comparamos con otras profesiones”, dice Diego Vedovatto, abogado y miembro del colectivo MST Derechos Humanos.
Hubo varias demandas presentadas ante los tribunales. En uno de ellos, unas 20 personas mutiladas solicitaron, además de una indemnización, una pensión estatal y atención médica reparadora. La ganancia de causa llegó en 1999, lo que obligó al Estado a garantizar una atención especializada e indemnizar a las víctimas. Pero el Estado apeló. Recién en 2008, durante el gobierno de Ana Júlia (PT), que se pagaron las indemnizaciones a 50 sobrevivientes mediante convenio extrajudicial, los valores variaron entre R $ 20 mil y R $ 90 mil. Sin embargo, cinco años antes, el 14º Juzgado Civil de Belém había definido valores entre R $ 50 mil y R $ 300 mil para los sobrevivientes, además de pensiones y tratamiento médico.
“El hecho emblemático de esta historia es que no ha terminado. El Estado sigue actuando ilegalmente al incumplir la decisión judicial, provocando sufrimientos evitables a los 25 años ”, analiza Brelaz.
“Teníamos miedo de que el Estado se lavara las manos después de la indemnización y eso es lo que pasó. Es lamentable. Vemos personas que están haciendo inviable su vida por sus heridas ”, coincide la líder del MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) Ayala Dias.
El descontento con los bajos salarios lo confirma Agarito, quien hoy vive de un salario mínimo de pensión, tiene dos hijos y no puede trabajar. “Muchos de nosotros estamos abandonados. Son muchas secuelas, mucha depresión. Pero nuestra lucha es que dejemos de ser masacrados. Para que podamos, como mínimo, tener una mejor salud ”, dice.
Para José Batista, abogado de la Comisión Pastoral de Tierras, nunca ha habido una reparación integral para los afectados. “La indemnización en sí misma no corrige ninguna injusticia que se haya cometido. Es algo que está garantizado por la ley y debe ser respetado, lo que no sucedió en el caso de las indemnizaciones, que fueron insignificantes y están lejos de cumplir con lo que la propia legislación establece ”, dice.
En Cotijuba, una isla cercana a Belém, Rubenita da Silva, ahora de 56 años, dice que la masacre aún vive “como si fuera hoy”. Fue alcanzada por una bala, todavía alojada en su mandíbula. Se necesitaron 5 años de operaciones para restaurar mínimamente su capacidad para hablar y comer alimentos sólidos. Pero todavía tiene dolor y nunca recuperó completamente sus dientes.
“Vivo la masacre como si fuera hoy”, lamenta, quien aún se enfrenta al dolor al hablar. Foto: Walmir Brelaz
«El Estado fue sólo un paliativo», dice. “Estamos sobreviviendo como podemos. Recuerdo todos los días, ¿verdad? Porque duele. Porque tengo reflujo debido a los medicamentos. Porque todavía es doloroso salir del habla. Fue el MST quien me cuidó ”, recuerda la sobreviviente, que hoy se mantiene como guía turística y con una pensión de salario mínimo. “Tuvimos que luchar duro para que el Estado hiciera lo mínimo”, lamenta.
Buscado, el gobierno de Pará y la Secretaría de Salud y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado no se manifestaron. El Reportero Brasil también se comunicó con la OEA CIDH para conocer el avance del caso y no hubo respuesta.
Impunidad y muertes por covid
El vía crucis de los sobrevivientes a través de hospitales, oficinas, protestas y juicios tiene un paralelo en la condena de los responsables: lentitud, negligencia y cuestiones pendientes. Apenas 14 años después de la masacre, dos personas fueron condenadas: el coronel de la Policía Militar Mário Colares Pantoja y el mayor José Maria de Oliveira, comandantes del operativo. Sin embargo, el entonces gobernador del Estado, Almir Gabriel, y el secretario de Seguridad Pública de Pará, Paulo Sette Câmara, ni siquiera fueron procesados, a pesar de haber dado la orden de “liberar el camino [donde estaban los sin tierra] a cualquier costo”. . La investigación en su contra se cerró en 1997.
De los cuatro, dos fallecieron recientemente por complicaciones relacionadas con el covid-19: Sette Câmara, en mayo, y Pantoja, que pasó cuatro años en régimen cerrado antes de ir a arresto domiciliario, fallecieron en noviembre de 2020.
Se investigó a los agricultores de la región, que se reunieron con el gobernador unos días antes para pedir el fin de la marcha y que fueron acusados por un testigo de haber hecho una vaca para financiar el ataque del primer ministro. Finalmente, 153 policías militares que participaron en la masacre fueron absueltos.
Después de 25 años, completado el sábado pasado (17), Pará es un estado de heridas abiertas. José Batista, del CPT, cree que luego de la masacre los movimientos se fortalecieron en la región y creció el número de asentamientos de reforma agraria: se crearon 516 asentamientos en los años siguientes. En los últimos diez años, sin embargo, la cantidad de nuevos colonos ha ido disminuyendo hasta llegar a la parálisis completa en el gobierno de Bolsonaro . Pero la violencia sigue victimizando a quienes desafían el poder del latifundio.
“Desde 1996 hasta ahora, ha habido más de 300 asesinatos de campesinos. Muchos líderes. Dorothy Stang, la pareja Maria y José Cláudio Silva Ribeiro. Y tantas otras masacres, como la de Pau d’Arco , en São Félix do Xingu. Y la impunidad sigue siendo una de las principales causas. Según una encuesta del CPT, el 90% de las investigaciones nunca concluyeron ”, lamenta.
De acuerdo con la Medida especial Cova, de Repórter Brasil, de las 31 víctimas de violencia en el campo en el primer año del gobierno de Bolsonaro, solo 1 tuvo su caso concluido , cuyo resultado es impugnado por la familia.
En agosto de 2019, el presidente Jair Bolsonaro dijo que planeaba otorgar el indulto a los policías en Eldorado dos Carajás . Si eso sucede, el indulto se otorgará a un solo policía, ya que el otro condenado murió por la desastrosa conducta de la pandemia en Brasil.
En 2018, el entonces candidato ya había manifestado, ante una audiencia de policías, que “las personas que debían ser detenidas eran gente del MST, sinvergüenzas y vagabundos. Los policías reaccionaron para no morir ”, mientras un grupo de policías los aplaudía frente al Monumento a las Castañas Muertas. La instalación fue erigida por el movimiento en memoria de las víctimas de la masacre luego de que el Monumento Conmemorativo Eldorado de Oscar Niemeyer en Marabá fuera destruido bajo la mirada complaciente del Primer Ministro, días después de su inauguración. Más resistentes, a pesar del vandalismo moral y la negligencia, los castaños, al menos siete de ellos, permanecen en pie.
El día de la masacre, según el recuento oficial, 19 murieron y 69 resultaron heridos. Tres de ellos murieron en los días posteriores a la masacre por heridas graves. La asociación de sobrevivientes estima que otras siete personas mutiladas han muerto desde entonces. Todo, argumentan, como consecuencia directa o indirecta de la masacre.
Ayala Ferreira, coordinadora del colectivo de Derechos Humanos MST y radicada en la región de Marabá, Pará, cuenta una historia emblemática del daño persistente esa tarde de 1996. Domingos da Conceição, Garoto, que tenía 15 años cuando el primer ministro hizo diez disparos rompió su pierna. “Tenía un acortamiento en la pierna y un problema de movilidad permanente”, recuerda. “Y luego murió en un accidente de motocicleta como resultado de este difícil equilibrio. Entonces, no importa cuánto el Estado trate de lavarse las manos, no funciona. Todo está relacionado ”, dice.
“Sentimos que el estado nos está empujando con la barriga”, dice Josimar Pereira de Freitas, presidente de la Associação de Sobreviventes. “Hay doña Eva y doña María Badia y otras que ya no existen entre nosotros porque no teníamos una vigilancia de salud digna que nos pueda curar de este episodio”, se entristece. También muestra en su voz el sufrimiento que proviene de recordar los dolores que siente hoy mientras camina. “Lo correcto era tener una bota ortopédica. Pero es demasiado caro. El Estado ni siquiera se dignó a hacer eso ”.
Afirma, como todos los demás sobrevivientes que se escuchan en el informe, que todos los tratamientos han estado en camino a lo largo de los años. Otra noción que encuentra eco entre todos ellos es que, con un tratamiento adecuado, podrían estar en una mejor situación. «Lo que necesitamos del Estado es que haga lo mínimo y cumpla con el acuerdo», concluye.
Fuentes: Brasil Reportero //Brasil de Fato
