Resumen Latinoamericano*/ 15 de junio 2020 .-
La pelea no es por una empresa sino por el control
El martes a la mañana, Paolo Rocca dejó mudo al directorio de su constructora.
-Le voy a pedir a Alberto que nos estatice. Así se queda con la deuda de todo este año.
El CEO de Techint Ingeniería y Construcción, Carlos Bacher, tragó saliva. Recién respiró aliviado cuando su jefe se largó a reír a carcajadas, un segundo después, de la cara de susto que habían puesto todos. Habitualmente parco y hasta desdeñoso con quienes no considera a su altura, el magnate disfruta mucho de la ironía en la intimidad. El anuncio del día antes de Alberto Fernández sobre 
Vicentin había puesto las palabras “intervención” y “expropiación” en boca de todo el círculo rojo.
Al mediodía, el mismo martes, el lobista en jefe de la “T” llevó la opinión de Rocca a la Junta Directiva de la Unión Industrial. “Esto es el primer paso pero no va a ser el último. No lo podemos permitir”, vociferó Luis Betnaza desde su casa, frente a su laptop. Más de 50 industriales de todo el país lo escuchaban por Zoom. El aceitero Miguel Acevedo, jefe de la central fabril y CEO de la última competidora nacional de
Vicentin, presidía la sesión en silencio.
La arenga dio lugar a una catarsis colectiva. “Hay que trazar una línea y demostrarles que hasta acá llegaron. Éste es el límite, no lo podemos permitir”, dijo el presidente de la Cámara del Software, Miguel Calello. “La UIA tiene que ser muy clara en el mensaje”, sumó el protesorero Martín Rappallini. El presidente de la Federación de la Industria Textil (FITA) y dueño de Algodonera Del Valle, Luis Tendlarz, fue más allá: “¡Hay que gritar! ¡Gritar sin reparos!”, exigió.
El rosarino Guillermo Moretti les salió al cruce. Pidió cautela y advirtió que muchas fábricas santafesinas corren riesgo de quebrar en caso de que Vicentin termine haciéndolo, tal como aseguran en el Gobierno que ocurrirá si no hacen nada. Cercano al oficialismo nacional pero con mejor llegada al gobierno de Omar Perotti, Moretti también les recordó a sus colegas que la asistencia del Estado se convirtió en una norma por la pandemia. Incluso entre los que protestaban, salvo los que se bajaron del plan ATP porque tienen sedes offshore o porque no aceptaron el requisito de no comprar dólares en la Bolsa por dos años.
José de Mendiguren operó desde las sombras. Aunque Fernández lo puso al frente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una de las víctimas estatales del pagadiós de Vicentin, sigue ocupando una silla en la Junta de la
UIA. Por Whatsapp, mientras seguía la reunión por Zoom, les escribió a varios: “¿Ustedes a quién tienen atrás? ¿A los milicos? ¿Para qué lo quieren esmerilar a Alberto? ¿Qué creen que viene si cae Alberto? ¿Cavallo? ¿O Cristina?”.
Acevedo terció para sugerir cautela. Hizo equilibrio con un texto que instaba a “garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad”, sin condenar la decisión oficial. Cuando lo leyó, Betnaza le mandó un mail iracundo con copia a casi todos los presentes. “Miguel, lo que sacaste en el comunicado no refleja lo que resolvió la Junta Directiva y a pesar de que varios lo señalamos te manejaste como si fuera tu opinión más importante que el órgano más representativo de la institución. Creí que eras más respetuoso”, le espetó.
Peras y Manzanos
La gestión de la “T” fue más efectiva en otras cámaras patronales. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde Techint y Clarín suelen imponer sus criterios casi sin discusión, advirtió que se violaba la seguridad jurídica y que el anuncio era “un grave error”, como a las pocas horas repitieron desde el peronismo Guillermo Moreno y Eduardo Duhalde. La Cámara de Comercio reclamó “normas claras y estables”. El Foro de Convergencia Empresarial reclamó a la Justicia y al Congreso que “actúen para revertir esta medida sumamente negativa para el futuro de Argentina”. Paradojas de la historia: una de las adherentes al Foro es la Fundación Carlos Pellegrini, que lleva el nombre del fundador del Banco Nación, de donde salieron los préstamos más cuantiosos que recibió Vicentin. Un 40% de ese dinero, para peor, fue desembolsado cuando la empresa ya había entrado en cesación de pagos y Mauricio Macri ya había perdido las elecciones.
El Gobierno estuvo mucho más lento de reflejos. Recién ayer aparecieron los apoyos del Sindicato de Aceiteros San Lorenzo y de la Unión de Recibidores de Granos (URGARA). La Federación de Aceiteros y Desmotadores, a la que adhieren los empleados de Vicentin fuera del polo de San Lorenzo, ya había salido a respaldar la decisión el martes. Todos, como el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se enteraron de la decisión por televisión. Pero si Claudio Moroni se hubiera movido desde el Ministerio de Trabajo entre lunes y miércoles con la eficiencia de Betnaza en el mundo del lobbying o de Héctor Magnetto a la hora de construir un clima mediático adverso al anuncio, la relación de fuerzas habría sido otra.
El fin de semana, cuando tomó la decisión, Alberto Fernández ponderó tres datos que le aportó Matías Kulfas. Primero, que se agotaba el tiempo para una solución “de mercado” porque, por ejemplo, los sueldos no iban a ser depositados en tiempo y forma y la operación empezaba a resentirse. Segundo, que las tres alternativas sobre la mesa para que Vicentin siguiera en manos privadas incorporaban al Estado como aportante ‑sobre todo con prórrogas impositivas y quitas de la deuda- pero no como decisor. Y tercero, que cualquiera de los 2.400 acreedores anotados en el concurso estaba en condiciones de pedir la quiebra.
Una de las alternativas, la que empujaba la sociedad de bolsa Allaria Ledesma y con la que colaboraba técnicamente el exviceministro Emmanuel Álvarez Agis, era la que tenía a José Luis Manzano como inversor. Las otras dos salidas “de mercado” para evitar la quiebra y el colapso de la firma eran que Glencore ampliara su participación (ya es socia de Vicentin en Renova, la perla del grupo) o que entrara un exCEO de Louis Dreyfus, otra de las cinco grandes del comercio de commodities. Pero el posible aterrizaje de Manzano no fue lo que Fernández quiso evitar, contra lo que sugirieron varios interesados. “Nadie nunca creyó seriamente que Manzano fuera a poner plata. ¿Alguna vez lo viste hacerlo?”, se rió anoche ante BAE Negocios uno de los presentes en la reunión con el CEO, Sergio Nardelli.
Aceite y política
El mandamás de Vicentin, capitán los fines de semana del yate ‘Champagne’, no se volvió anoche a Santa Fe con ninguna noticia como para descorchar uno. “No tengo nada contra usted, no quiero tirarlo por la ventana a usted ni a nadie. Ayúdenos a que esto salga bien. Colabore con la intervención”, le dijo Fernández. Él contrapropuso una salida “nacional pero privada”: que ingrese YPF Agro como accionista, que le compre la deuda al Banco Nación y que su familia le ceda acciones, pero no el control. El gobernador Omar Perotti, que llegó con él a la Quinta, lo respaldó tímidamente. “Para eso ya es tarde”, respondió el Presidente. “El tipo hablaba como si no tomara dimensión del quilombo que generó”, definió ante este diario otro de los presentes.
El problema ‑y lo que está en juego- es precisamente el control. No solo en términos accionarios. Lo que procura el Gobierno con la Vicentín mixta pero conducida por el Estado es tener una empresa testigo que le sirva en el mercado de granos para lo que le sirve YPF en el de energía: para no estar ciego. Lo más parecido a construir una Junta de Granos del siglo XXI, aun cuando la coyuntura global actual no le permita siquiera arrimarse a las atribuciones que tenía el organismo que fundó Agustín P. Justo en 1933 y disolvió Domingo Cavallo en 1991. Ese objetivo ‑saber de primera mano si hay triangulación de exportaciones, si se retacean divisas o si se evade en el sector más dinámico de la economía- vale el riesgo de eventuales juicios, dicen en Olivos.
Nardelli venía tratando de evitar perder ese control desde agosto, cuando Macri perdió las PASO. Ese mes reunió a sus competidores y les propuso venderles parte de la compañía o trabajar para ellos “a façon”. Es decir, alquilarles su planta de molienda a cambio de un canon. Pero con 3 dólares por tonelada (lo que se paga por esa façon) no llegaba a cubrir los intereses comprometidos. “Acá se arrastran malos manejos empresariales de años. Y mucha soberbia”, disparó uno de esos competidores, que antes de la gestión de Nardelli tenía buena relación con la firma.
La maldición del mundo corporativo dice que la primera generación funda una empresa familiar exitosa, la segunda la hace crecer y la tercera la funde. Pero la reacción que generó la intervención no tuvo que ver con la empresa sino con el límite político que el establishment le quiso imponer a Fernández. Un límite que, de paso, le sirvió a la oposición para tomar algo de aire y salir del debate sobre la cuarentena justo cuando el pico de contagios empezaba a devolverle legitimidad.
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“Hay un experimento colectivo de los empleadores sobre el teletrabajo”
Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, advierte sobre el impacto del trabajo remoto en los derechos laborales y la profundización de la precarización que promueve, y analiza la legislación laboral y las alternativas para la post-pandemia
Canal Abierto Radio | Muchos trabajos y fuentes laborales se pudieron sostener durante la pandemia por la posibilidad de realizarlos en forma remota gracias a los avances en tecnologías de la comunicación. “Algo que estaba siendo un avance, en general, de las patronales sobre los trabajadores, se tradujo en un experimento colectivo a gran escala” comentó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
“Por un lado, el teletrabajo funcionó para seguir priorizando las tareas y al mismo tiempo cuidando la salud en el marco de la emergencia sanitaria. Y por otra parte los empleadores están tratando de buscar que estas modalidades, que en muchos casos significan casos de precarización laboral, se consoliden y pasen a ser un fenómeno mucho más importante en la post-pandemia”
Esta vez, además de las empresas, el trabajo desde el hogar se da en las instituciones y en el propio Estado, pero esta modalidad aún no está contemplada dentro de las legislaciones. Los debates sobre el asunto se dan a nivel internacional entre privados, públicos y sindicatos, por lo tanto es necesario prestarle atención a distintas cuestiones: “Los costos en materia de infraestructura, materiales que terminan poniendo sus trabajadores y trabajadoras”, advierte Campos, así como los costos de los elementos de limpieza, de servicios o comidas, incluso el desgaste propio del hogar. Por otro lado, “los límites que establece la jornada laboral”, que cuando es presencial “vamos a la oficina con horario y antes y después no se trabaja, es un límite y una imposibilidad física” que se vuelve difusa estando en el hogar, concluye.
Audio:
Luis Campos: «Hay un experimento colectivo sobre el teletrabajo»
Ilustración: Marcelo Spotti
“La intervención es fundamental para sacarnos de encima a los corruptos de Vicentin y del Estado”
Desde Santa Fe, Carlos del Frade, diputado provincial que integra la comisión investigadora del Caso Vicentin, aborda los detalles del seguimiento al dinero de una empresa que también le debe a la provincia. “Tuvo muchísima ganancia y muchísima deuda, algo no cierra”, afirma.
Redacción Canal Abierto | “Estamos intentando reconstruir la línea de tiempo de las actividades de Vicentin de los últimos tres años, porque hay un misterio insondable que debe tener respuesta para la Argentina”, dice Carlos Del Frade, diputado provincial por Santa Fe, periodista y miembro de la Comisión de Investigación y Seguimiento del Caso Vicentin que recientemente ha elaborado un informe.
En ella, según el legislador, están siguiendo la ruta de las finanzas de la empresa que no parecen tener sentido.
Los números que no dan
Según el último balance disponible, del 31 de octubre de 2018, Vicentin tuvo ese año ventas por $ 118.000 millones y ganancias por $ 30.000 millones. Pero, un año después, anunció que por “estrés financiero” no pagaría, y luego de que las autoridades del Banco Nación iniciaran una investigación por el préstamo de US$350 millones que la gestión anterior, a cargo de Javier González Fraga, le dio a la agroexportadora ésta entró en convocatoria de acreedores. Su deuda total asciende a US$ 1.350 millones.
“Algo no cierra, muchísima ganancia y muchísima deuda. Y en el medio, le saca al Banco Nación, por decisión del ex presidente Mauricio Macri y toda la línea dirigencial del Banco, US$ 300 millones, y 150 (de ellos fueron) en el período del macrismo. ¿Dónde fue a parar esa plata?” –advierte Del Frade – . Hemos también detectado que en noviembre de 2019 el Banco Nación le dio 26 créditos a Vicentin cuando Vicentin ya tenía calificación 4 (riesgo alto): era imposible que recibiera un crédito”.
Para el periodista, se trata de una trama oscura y enredada que involucra a funcionarios públicos y también a empresarios. “Hoy hay una causa penal en la justicia paraguaya que habla de que Vicentin lavó y fugó dineros por US$ 200 millones. Entonces, allí lo que estamos viendo es la posibilidad de una actividad delictiva de los empresarios de Vicentin, que desbarrancaron 90 años de historia productiva y apostaron, como lo hizo el macrismo, como en su momento lo hizo la dictadura, por convertir a la Argentina en un paraíso fiscal, en un paraíso de lavado de dinero”, afirma.
Entre estos funcionarios, está Alberto Padoán, directivo de la cerealera que llegó a ser el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
El plan de la Comisión santafecina es avanzar en la investigación de la línea de tiempo que reconstruye qué ocurrió con el dinero porque, entre otras deudas, Vicentin le debe sumas millonarias a la Administración Provincial de Impuestos, a la Aduana de la Ciudad de San Lorenzo, y a la AFIP.
“Y tiene algunas explicaciones más que dar porque la otra cara de todo esto es qué pasó en el negocio portuario –detalla Del Frade – , donde se desarticuló el Senasa para controlar qué entra y qué sale de los puertos. Por eso la Argentina se convirtió en un paraíso del contrabando de armas, y en un paraíso del narcotráfico. Detrás de esto hay figuras vinculadas a Vicentin como lo dicen otras causas federales”.
¿Una causa popular?
El martes, luego de que el Gobierno anunciase la intervención de la empresa, la televisión nacional difundió imágenes de Avellaneda, Santa Fe, donde algunos ciudadanos se manifestaban en apoyo a la cerealera, que tiene allí una planta.
Sobre el tema, el diputado es categórico: “El patrimonio personal de la familia Vicentin duplica lo que le debe al Banco Nación. Si pusieran algo de esa plata, no habría ninguna discusión en la Argentina. Pero como la quieran toda para ellos, hacen que la gente salga supuestamente a defender la identidad social y cultural que representa Vicentin por sus 90 años de historia en Reconquista y Avellaneda”.
“Creo en la gente que de buena fe sale a defender a Vicentin, pero mucha de esa gente son empleados municipales de una intendencia como la del señor (Dionisio) Scarpin, radicales asociados con el PRO, que sale a decir que el Estado le viene a robar Vicentin a la comunidad de Avellaneda. Fenomenal mentira, perversa mentira”, concluye.
Pública no estatal
En un documento firmado por distintos referentes de la política, la academia, el campo, el sindicalismo y las organizaciones sociales, difundido el 1 de junio, se sostenía la necesidad de declarar a Vicentin empresa pública no estatal. Entre los firmantes, estuvo Del Frade.
“Saludamos la intervención, la defensa de los puestos laborales, poder darles a los productores del campo santafecino la posibilidad de recuperar tanto la soja que le dieron a Vicentin como la plata que Vicentin nunca les dio. La intervención es fundamental para garantizar la investigación, sacarnos de encima a los corruptos del Estado y de la empresa. En el Congreso, con las formas que podamos, vamos a instalar esta idea de una empresa pública no estatal, mixta, con participación del Estado pero también con trabajadores, productores y cooperativas. Algo nuevo para que tengamos un resultado nuevo, es decir que funcione bien”, detalla.
Y finaliza: “Estamos discutiendo sistema financiero, sistema exportador, y como dijo el presidente de la Nación en forma indirecta, la soberanía alimentaria. Trece agroexportadoras se quedan con lo que produce la Argentina. El negocio de la agroexportación es la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Diez de esas trece son extranjeras. Si perdemos Vicentin, que es la primera, perdemos cualquier tipo de participación estatal para defender la riqueza nacional”.
Entrevistadora: Gladys Stagno
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COMO UNA MANCHA DE ACEITE
La protesta por la represión de los defensores del orden, espejo de la pandemia, se difunde por el mundo
POR VICTORIO PAULÓNJUN 14, 2020
George Floyd murió el 25 de mayo, después de que el agente Derek Chauvin estuviese casi 9 minutos con la rodilla clavada en su cuello. Floyd repitió un par de veces I can’t breathe. Las imágenes del reiterado “No puedo respirar” dieron la vuelta al mundo, levantaron protestas en remotos lugares como Pretoria, Sudáfrica, y la oleada contra la violencia policial llegó a 650 ciudades de los 50 estados del país norteamericano. El asesinato de Floyd cristalizó el descontento social frente a las grandes desigualdades y el supremacismo blanco. Las nuevas protestas contra el racismo y la brutalidad policial se producen bajo la consigna de “Las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter)”.
En ese marco, hay decenas de testimonios de periodistas atacados y detenidos mientras realizan la cobertura de las protestas contra el racismo sistémico y la violencia policial. La militarización de la policía en los Estados Unidos no sólo choca con el derecho de reunión pacífica, sino que también agrede la capacidad de la prensa para cubrir protestas y agudiza las contradicciones. Es parte del debate por el creciente autoritarismo con rasgos fascistas del gobierno de Donald Trump.
Apenas cruzando la frontera, en México, el asesinato del albañil Giovanni López, tras ser arrestado violentamente por diez policías por no llevar tapabocas, generó el repudio y la indignación desembocó en una violenta represión a los manifestantes. Varios patrulleros y el propio Palacio de Gobierno de Jalisco fueron atacados tras conocerse que la familia de la víctima recogió su cuerpo en el Hospital Civil de Guadalajara y pudieron confirmar que “tenía huellas de tortura y una herida de bala en la pierna izquierda”. Las marchas de solidaridad llegaron a México DF y los jóvenes ganaron las calles en varias ciudades.
Los manifestantes salieron a las calles en varias de las ciudades europeas donde la cuarentena va finalizando y el miedo se va perdiendo. La policía francesa quedó en la mira por un nuevo informe forense difundido la semana pasada que atribuyó la muerte de un joven negro en 2016 a la brutalidad policial. El ministro del Interior, Christophe Castaner, aseguró que “ningún racista puede llevar dignamente el uniforme de policía o de gendarme” en Francia. Tras la muerte de Floyd y las protestas en Estados Unidos, los manifestantes franceses volvieron a salir a las calles a denunciar “similitudes entre los dos sistemas policiales y criticaron el racismo estructural de las fuerzas de seguridad”.
La protesta por la represión de los defensores del orden, como un espejo de la pandemia, se difunde por el mundo como una mancha de aceite.
Los emisarios del mal
“La caída económica es enorme, lo que viene es un desfiladero al lado del abismo.
Lo que puede salvarnos es el Estado presente y el grado de organización sindical y social
de nuestro país”. (Roberto Baradel, Suteba.)
Alfredo Coto. Lo acusan de obligar a sus empleados a realizar tareas sin protocolo sanitario en sus supermercados. Esconde armas para su ejército privado. Roba con sobreprecios y especula con el desabastecimiento. Inventó a Ramón Muerza, su “delegado general”, para atemorizar al personal. Oculta los contagios y llena sus arcas con récord de ventas.
Héctor Magnetto es jugador de grandes ligas cuando se trata de presionar a gobiernos, políticos, servicios de inteligencia, jueces y a cuantos poderes del Estado se le ocurran. Para esmerilar a Alberto Fernández no le importa contar cadáveres: sus esbirros hostigan al gobierno arengando con sus anticuarentenas declarados a cacerolos y marginales.
Sergio Nardelli fue sorprendido cuando pasaba su cuarentena navegando por el Paraná con su yate comprado con plata de la evasión, el contrabando y el robo de préstamos del Banco Nación. En su entrevista con Alberto cargó con la modesta munición de la plana mayor de sus empresas manifestando en Avellaneda para no ir en cana. Va a contramano de lo que dicen sus trabajadores y clientes.
Paolo Rocca. Un mussoliniano tardío cuyos ancestros hicieron la América con contratos del Estado y ahora posee la mayor fortuna del país. En su juventud formó parte de grupos de izquierda en Italia. Se ve que no estaba muy convencido porque preside una nada socialista multinacional siderúrgica. Cuando el Presidente decretó que no se podía despedir, echó a 1.450 trabajadores para demostrar su poder.
Son parte significativa del poder real que busca poner de rodillas al gobierno para que renuncie a la soberanía sobre sus decisiones. Todos son privatistas, pero hace años que viven de la teta del Estado bobo cuyo futuro no les preocupa. No son ejemplo de nada pero describen a la perfección las aspiraciones del 41% de votantes que apuestan a la meritocracia y el derrame para mejorar su miserable vida. Junto a los especuladores que esperan devaluar sentados en los silobolsas, arrasan con nuestra decencia. Cultivan un estilo decadente y autoritario, algo propio del capitalismo tardío cuyo esplendor se apagó en 1929. Son propietarios de grandes empresas forjadas con fortunas obtenidas lejos de los paradigmas liberales. Solo conocen la autocracia del derecho de propiedad en el reino de sus decisiones, compiten por generar ganancia con distancia prudencial de códigos legales y convenciones humanitarias.
Coto, Magnetto, Nardelli y Rocca son adoradores de la tiranía patronal que le ha negado entidad a la burguesía nacional. La deriva de terratenientes parasitarios, especuladores que gestionaban los cupos de importación, agrogarcas sojeros de la 125, hubiera cambiado el destino de la Argentina si esos personajes se avenían a aceptar que la construcción es colectiva o no es. El último de los intentos por forjar capitalistas con sentido nacional lo condujo Néstor Kirchner. Al decir de Eduardo Basualdo, no serán nunca parte de la burguesía nacional porque ellos la odian y la combaten.
Vicentin no tiene vuelta
El subinterventor designado por la Casa Rosada entró a la empresa y tomó posesión de la misma. Oficialmente, se tuvieron las primeras cifras que importan: 1283 Vicentin, 806 Renova SA, 920 Algodonera, 376 Vitivinícolas, 2057 Industrias frigoríficas, 106 Bioingeniería. Son puestos de trabajo garantizados por el gobierno.
Pablo Reguera, secretario general de los aceiteros de San Lorenzo, se refirió a la intervención a la firma Vicentin: “Aquí la situación se hacía intolerable. No estaba cumpliendo el último acuerdo paritario 2019 del mes de noviembre. Tampoco estaba respetando el de 2020 a partir de mayo y además quería pagar los salarios en forma no remunerativa por los próximos 24 meses. Nosotros sentimos un gran alivio y tenemos que salir a trabajar porque la garantía del trabajo viene de la mano del gobierno. La decisión del Presidente es espectacular, porque con Vicentin que ya no garantizaba el pago de los salarios, estas fábricas en 3 ó 4 años iban a terminar siendo chatarra.”
La Federación de Trabajadores aceiteros que preside Daniel Yofra se expresó en un comunicado en el que saludan la decisión del gobierno porque “la exportación de harinas, aceites, biodiésel y derivados de la soja es el sector estratégico de la economía nacional que representa el 30% de las exportaciones totales del país, generando el mayor ingreso de divisas. Con la expropiación se abre una oportunidad para generar más valor agregado con la industria y retrotraer el proceso de primarización profundizado bajo la gestión del gobierno anterior. La intervención y expropiación de Vicentin es una medida necesaria para enfrentar una crisis económica cuyas consecuencias se profundizarán con la pandemia. Y no habrá salida de la crisis si no desmantelamos las políticas neoliberales que debilitaron al Estado y construimos uno con mayor presencia en la economía, que favorezca la producción sobre la especulación, que intensifique la protección del trabajo, que garantice el pleno empleo”.
En el mismo sentido se expresaron el MOS (Movimiento Obrero Santafesino), la CGT de Reconquista, la Intersindical de Derechos Humanos, los Metrodelegados, el líder de la CTA y diputado Nacional Hugo Yasky entre los primeros. Se está discutiendo un documento de todo el movimiento sindical y hay amplios acuerdos. Yasky, Moyano, Palazzo, Godoy, Micheli y los movimientos sociales respaldan plenamente la decisión del Presidente de la Nación. Más de cien firmas respaldan la decisión presidencial.
Los piratas del Comercio
Desde Rosario, Carlos Ghioldi, del gremio de empleados de Comercio rosarino, explica lo que sucede con los trabajadores del sector y la pandemia: “Lo de Coto en Buenos Aires es una consecuencia directa de la displicencia con que se viene trabajando. Es norma en muchísimas empresas del comercio que por un poco de fiebre nadie falta a su trabajo. Solo en los lugares donde hay delegados conscientes, sindicatos comprometidos y fuerza organizada se respeta el parte de enfermo. Se dan casos de repositores externos que trabajan en varios locales teniendo coronavirus, y hubo contagios”. En Quilmes, la propia intendenta tuvo que clausurar la sucursal por la cantidad de casos. Decenas de supermercados sufren la emergencia por falta o mal uso de los protocolos sanitarios.
Este jueves Alberto Fernández concedió una audiencia virtual a un grupo de delegados de Coto que hicieron reiteradas denuncias de contagios en la firma. Lo hizo con funcionarios del Ministerio de Trabajo. Los empleados denunciaron ocultamiento por parte de la empresa. Aseguran que no se respetan los protocolos y que no cierran ante la confirmación de contagios. Varios fueron víctimas de episodios de violencia y señalan que detrás de las intimidaciones están patotas ligadas al referente sindical en la cadena, Ramón Muerza, a quien acusan de ser cómplice de Alfredo Coto.
Carta desde Bérgamo
Anselmo Brambilla es un histórico dirigente metalúrgico de la Lombardía, asiduo visitante de nuestro país en tiempos del terrorismo de Estado, y a sus más de 80 años nos relata lo que pasó en el norte de Italia. “La Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos (FIOM) de la región de Bérgamo, sección local de la combativa CGIL italiana, realizó duras críticas a la empresa Techint por su manejo de la pandemia en el norte de Italia. El argumento de Techint fue de que los trabajadores aceptaban voluntariamente seguir trabajando cuando en realidad lo hacían por temor a que no se les renovara el contrato. La producción siderúrgica no es imprescindible y sin embargo la gente de Paolo Rocca tuvo la complicidad del gobierno regional. El gobernador de la Lombardia favoreció los intereses de los empresarios, que miraron sus propios intereses”, dice Brambilla. La tragedia no tardó en llegar a toda la población.
Los sindicatos de base preguntan: “Si hay una emergencia sanitaria, ¿por qué se siguió produciendo normalmente?” La empresa Tenaris Dalmine, en febrero, confirmó que “todas las actividades productivas seguirán regularmente… No hay previstos cambios en las previsiones de entregas a clientes”. ¿Por qué la empresa multinacional, que ya desde enero tenía conocimiento y estaba enfrentando en China —en la instalación de Tenaris Qingdao— la dramática aparición del Covid-19, no puso en marcha un plan extraordinario de seguridad de sus empleados? El afán de lucro explica todo.
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La lucha es continua
Los Sindicatos Aeronáuticos (APA/APLA/APTA/UALA/UPSA) han logrado un acuerdo para suspender empleados en forma temporal durante los meses de junio/julio al personal que no realice tareas como consecuencia de la pandemia de Covid-19, sin afectar los ingresos de bolsillo de los trabajadores y asegurando el pago total del aguinaldo. Buen ejemplo para desnudar el acuerdo espurio UIA-CGT.
La Agrupación Verde y Blanca de ATE Capital dio a conocer con la firma de Nora Cépedes y Julieta Minervini un comunicado señalando: “La diputada Ofelia Fernández y la Junta Interna de Promoción Social denuncian al gobierno de Larreta por el vaciamiento del Hogar Eva Duarte, única institución de la Ciudad que aloja y acompaña a adolescentes madres y/o embarazadas con sus hijxs, que atraviesan situaciones de violencia o están en situación de vulnerabilidad para evitar posibles cruces con adultxs mayores». Lo único que están haciendo es desarmar el Hogar, generando hacinamiento de personas en otros espacios, en un contexto en el cual las denuncias por violencia de género siguen aumentando. Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer denuncian que “la crisis social, económica y sanitaria requiere más recursos, no menos”.
Eduardo López, de la CTA Ciudad declaró en nota con Radio El Destape: “Me enteré por la tapa de Clarín de hoy, que dice que ayer fue el pico de muertes y contagios y que se piensa en empezar las clases, copiando un modelo similar al de Israel… Le digo a Rodríguez Larreta que Israel es un país, no una ciudad. En principio, la propuesta es apresurada, inconsulta y tribunera; y pone en riesgo la salud y la vida de estudiantes, familias y docentes, por eso no la vamos a aceptar».
Los trabajadores tienen planteada una dura lucha en el marco de la pandemia para ser quienes hacen las normas y no solo quienes las acatan. En pleno avance de los contagios los amontonados corredores de la Capital llevaron la imagen de la desesperación ilegítima de sectores con pequeños privilegios que lloran en cámara lo que no pueden mantener en su vida cotidiana y nos arriesgan a todos
Cuando lo que está en juego es la propia vida, la de la familia o la de los compañeros el tenor de la discusión es muy otro. La pandemia antagoniza las contradicciones y es uno o el otro polo de la contradicción el que se impone. La discusión es con ellos, con nombre y apellido, aunque para llegar al casco de la estancia se haga necesario bancar la jauría de perros que ladran y muerden. Saben que no pueden repetir la campaña de la 125 porque aquello era aumentar las retenciones y esto es pagar deudas incobrables que le dejó Vicentin. Saben que el armado mediático político y judicial para endeudar y fugar se está derrumbando como un castillo de naipes y están corriendo con la vaina. Es alentador ver a las distintas expresiones del movimiento sindical y las organizaciones sociales respaldando la decisión sin cortapisas. Son tiempos de definiciones, en el momento más duro de la pandemia y de la recesión se impone que millones reclamen que no se vuelva atrás en nada. Que el gobierno se imponga de la mano de los trabajadores como el gran ordenador del escenario nacional.
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PARA EDUCAR A LOS SINDICATOS
La “Ley Micaela” en las organizaciones gremiales
Como muchos otros espacios de la sociedad civil, los sindicatos son comandados en su mayoría por varones y responden a conductas patriarcales arraigadas. La diputada del Frente de Todxs y sindicalista Patricia Mounier presentó un proyecto de resolución para invitar a las centrales de trabajadores y trabajadoras a adherir a la “Ley Micaela”, e incentivar la capacitación sobre violencia de género en las organizaciones gremiales. La propuesta ya tiene una veintena de firmas de diputadxs que acompañan la iniciativa.
“Aún existe una injusta diferencia de participación entre hombres y mujeres en todos los espacios de decisión y, también, en los ámbitos sindicales, ya sea por las funciones que cumplen o por los cargos que ocupan. Se nos exige demostrar la capacidad e idoneidad para ocuparlos. Necesitamos trabajar para que haya más mujeres y disidencias en los lugares de toma de decisiones y para que no sea un recorrido difícil a la hora de acceder a esos espacios”, explica Patricia a LATFEM. Patricia es dirigente nacional del gremio de educación, SADOP.
Aún no está definido por qué comisiones pasará, pero se estima que serán las de Género y Trabajo. Al ser un proyecto de “resolución”, no modifica ninguna normativa, es decir no será algo “obligatorio” que ponga en cuestión cualquier otra legislación. Por lo tanto, será, más que nada, voluntad de los sindicatos en conjunto con la militancia de las feministas sindicalistas.
Desde su sanción en 2018, la Asociación Bancaria es el único sindicato que adhirió a la Ley Micaela, que obliga a los tres poderes del Estado a formaciones en perspectiva de género y violencias machistas. La secretaria de géneros de la Bancaria es Claudia Ormachea, que también actualmente ocupa una banca como diputada.
“Me parece que justamente es un espacio que hay que ampliar a otros sectores. Y en el espacio gremial, más allá de que hay algunos antecedentes de capacitación promovidos por las propias compañeras, por las propias dirigentes gremiales es un espacio que hay que deconstruir fuertemente y en forma urgente, porque obviamente a las mujeres nos cuesta militar en los espacios gremiales, nos cuesta llegar a los espacios de toma de decisiones, nos cuesta llegar a todas las secretarías y a todos los espacios que componen los consejos directivos de los gremios”, aclara la diputada Mounier. Y agrega: “Siempre estamos relegadas a cumplir funciones en espacios relacionados con los cuidados en las llamadas ‘secretarías femeninas’, como la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría Administrativa y nosotros entendemos que debemos irrumpir de manera fuerte en los espacios gremiales para poder participar en la toma de decisiones, fundamentalmente, y poner en los gremios una agenda feminista. Claramente, si no la promovemos y la difundimos nosotras en los gremios, no va a haber agenda que reclame los derechos de las mujeres y las diversidades. Me parece que empezar con la capacitación de la Ley Micaela es una buena oportunidad para formarnos, para prepararnos para debatir y fundamentalmente para posicionarnos con perspectiva de género en un montón de situaciones que estamos viviendo los y las trabajadoras, pero especialmente las trabajadoras, en estos momentos también de pandemia, donde vemos complicados nuestros trabajos mezclados con las tareas de cuidado y las tareas del hogar. Y me parece que eso es lo que hay que trabajar fuertemente”.
La ley es un acto de memoria y justicia feminista: se llama Micaela por Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Desde su promulgación, todas las provincias han adherido. Tucumán fue la última es sumar su adhesión.
*Fuente: Canal Abierto//Cohete a la Luna//Agencias
