Hasta que diseñaron las bien estudiadas siglas de los GAL, en 1983, fueron múltiples las siglas utilizadas para reivindicar los atentados de la guerra sucia. La más conocida, la del Batallón Vasco-Español, BVE, que la Policía pretendió haber desarticulado cuando detuvieron a dos ultras. Ahora bien, los asesinatos cometidos por aquellos dos ultras se reivindicaron usando tres siglas diferentes: Triple A, GAE y BVE. Ninguna de ellas fue jamás desarticulada, porque eran simples siglas. Eran pantallas destinadas a ocultar la directísima responsabilidad del Estado en la guerra sucia.
Con los GAL intentaron hacer otro tanto, deteniendo a algunos ultras para que pareciera que se trataba de incontrolados, pero tanto fue el cántaro a la fuente que terminó por romperse, y por poner al descubierto que aquella guerra sucia era puro terrorismo de Estado. Una guerra sucia que no se terminó, ni mucho menos, con el último asesinato reivindicado usando las siglas GAL, en julio de 1987, sino que continuó. Eso sí, sin utilizar sigla alguna.
Véase, por ejemplo, el atentado con paquete-bomba que causó la muerte en Errenteria al cartero Josean Cardosa, el 20 de septiembre de 1989. Un atentado que las autoridades se empeñaron en adjudicar a ETA, pese a ser evidente que el objetivo era el concejal de Herri Batasuna Ildefonso Salazar, en cuyo buzón estaba introduciendo el cartero dicho paquete cuando le explotó.
Y fueron precisamente quienes más empeño pusieron en culpar a ETA, como el Ministro del Interior, José Luis Corcuera, quienes se encontraban tras el envío, no sólo de aquel paquete-bomba, sino también de otros dos. Así lo declaró ante el juez Baltasar Garzón, en 1996, el famoso Luís Roldán, Director General de la Guardia Civil cuando asesinaron a Cardosa.
Según él, Corcuera y el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, le informaron de que pensaban enviar varios paquetes-bomba a gente concreta de HB un par de semanas antes de que en efecto los enviaran. Y cuando explotó el que mató a Josean Cardosa, le dijeron que se habían enviado otros dos que era preciso recuperar y desactivar a toda costa.
Entonces, Roldán llamó al teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo quien le respondió que ya estaba al corriente, por medio del Gobernador Civil José Ramón Goñi Tirapu, y que iban a encargarse de recuperar cuanto antes los dos paquetes explosivos. Goñi Tirapu fue otro de los que puso un enorme interés en adjudicar el atentado a ETA y aseguró a la madre de Cardosa que no cabía duda alguna de que había sido ETA quien asesinó a su hijo.
El motivo por el que les urgía recuperar aquellos paquetes explosivos parece obvio. Una vez que el primero causo la muerte del cartero, y no la del objetivo previsto, les urgía evitar la aparición de nuevos paquetes-bomba enviados a gente de HB, porque quedaría aún más claro el origen del primero.
Según precisó Roldán en sus declaraciones ante el juez Garzón, recogidas en el sumario 10⁄97 de la Audiencia Nacional, uno de aquellos artefactos recuperados y desactivados por la Guardia Civil estaba en el puesto de Correos de «Azpeitia o Azkoitia». No recordaba con seguridad de cuál de las dos villas se trataba.
A raíz de ello, el juez preguntó a dichos puestos de Correos y desde Azpeitia le respondieron que, efectivamente, el 21 de septiembre de 1989 la Guardia Civil estuvo allí y, tras hacerles abrir las sacas de correo, les hicieron salir del puesto. Los agentes permanecieron dentro, con perros adiestrados para detectar explosivos, durante un par de horas.
Las tres personas que trabajaban allí en 1989 corroboraron ante el juez Garzón todos esos extremos, en todo punto concordantes con lo manifestado por Roldán. Sin embargo, la Guardia Civil negó tener constancia de nada similar. Algo a todas luces imposible, y que en buena lógica demandaba que el juez tomara medidas al respecto.
No las tomó. Por lo que se ve, no le interesaba en absoluto indagar el motivo por el que la Guardia Civil se dirigió con tanta seguridad a Azpeitia a recuperar aquel paquete-bomba. Un motivo por lo demás evidente. Sólo quien envió el paquete podía saber en qué puesto preciso de Correos se encontraba. A buen entendedor…
Aparte de las reveladoras declaraciones del responsable y de dos trabajadores del puesto de Correos de Azpeitia, hay otro testimonio bien importante que añade aún más credibilidad a lo declarado por Roldán. El testimonio de quien todo indica era el destinatario de aquel paquete-bomba, Kike Zurutuza, entonces concejal de HB en Azpeitia.
Zurutuza se dirigió aquel día al puesto de Correos de Azpeitia, junto con otra concejal de HB, porque la Policía Municipal les avisó que había un paquete-bomba destinado al grupo municipal de HB. Allí, se encontró con un cordón policial de ertzainas que les negó la entrada de malos modos, y les hizo alejarse del lugar, alegando que se trataba de una falsa alarma.
Dicho testimonio muestra el gran número de agentes que estuvieron, de una u otra forma, al corriente de lo que sucedió aquel día en Azpeitia. Agentes de la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Policía Municipal. Ahora bien, el juez Garzón tan sólo preguntó a la Guardia Civil, y ante su respuesta negativa se limitó a archivar el sumario, sin más.
Nótese que los destinatarios de dos de los tres paquetes-bomba enviados tenían un perfil bien definido. Ambos eran concejales de HB, y ambos habían sido torturados varias veces. Ildefonso Salazar fue sometido a torturas en tres ocasiones y Kike Zurutuza en dos.
En todo caso, lo que está fuera de toda duda es que el envío de aquellos paquetes-bomba fue una acción de guerra muy sucia. Terrorismo de Estado puro y duro. Por eso, clama al cielo que algunos medios de comunicación sigan incluyendo a Josean Cardosa en sus listas de víctimas de ETA: El País, El Mundo, El Correo… Increíble, pero cierto.
