En el marco de la VII Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria y organizado por el Capítulo Argentino de Euskal Herriaren Lagunak, el viernes 4 de abril, en la Taberna Internacionalista Vasca de Buenos Aires, el ex preso político vasco Mitxel Sarasketa, relató la actualidad de Euskal Erria, profundizó sobre la lucha por la libertad de los presos y las presas por razones políticas en esa región, y analizó un posible acuerdo de paz entre el Estado español y las organizaciones políticas vascas. Originalmente, Sarasketa iba a salir frente al auditorio en una video conferencia, pero la caída en todo el barrio de la conexión de internet obligó a hacer una artesanal pero muy efectiva conexión de un celular a un equipo de sonido y a partir de allí se pudo escuchar claramente el informe del histórico militante vasco.
Sarasketa, que estuvo veinte años en prisión y ahora forma parte de la interlocución con el “Colectivo de presos y presas vascas” (EPPK), indicó que en la actualidad existen 498 detenidos políticos, de los cuáles el 50 por ciento son militantes o tienen alguna vinculación con la organización político-armada ETA. Recordó también que desde que ETA declaró en 2011 el cese de su actividad armada, se pensó que esta decisión traería mejoras para los presos y presas, pero esto no sucedió.
Sarasketa aseguró que en el País Vasco “la cárcel es un instrumento represivo del Estado” y los detenidos por razones políticas “son rehenes para condicionar y castigar la lucha” por la independencia vasca. Agregó que “cuando en las calles hay avances políticos, mejora la situación de los presos”. Recordó además que antes del alto el fuego unilateral anunciado por ETA, en las prisiones había un total de 711 presos, pero la mayoría que salió en libertad fue por cumplir sus condenas.
El interlocutor con el Colectivo EPPK (sus siglas en euskera) denunció que contra los presos y las presas todavía se mantienen las medidas punitivas como aislamiento, inhabilitación de las comunicaciones, cacheos corporales para buscar material gráfico, la prohibición de recibir visitas de representantes políticos. A esto se suma que a muchos detenidos que habían accedido a la prisión preventiva por enfermedades les fue suspendida esta medida. Sarasketa señaló que por estos días, dentro de las cárceles “prácticamente no se están aplicando torturas” contra los presos y las presas políticas. Pero esta situación ha sido cambiada por el aumento de multas, la prohibición de acciones y actividades por la libertad de los detenidos, y el crecimiento de “de grupos nazis dirigidos por los servicios secretos”, españoles.
Sobre un posible acuerdo de paz, Sarasketa explicó “que es muy difícil” lograr un proceso de este tipo, ya que el Estado español “ha tomado posiciones más autoritarias”. Pese a que ETA mantiene el cese al fuego y planteó la necesidad de negociar, el interlocutor aseveró que el gobierno del presidente Mariano Rajoy “bloquea la situación y sostiene su negativa de hablar con ETA, hasta que la organización cumpla el desarme unilateral”. Asimismo, Sarasketa manifestó que España asiste “a la quiebra de su propio Estado”, en referencia a la profunda crisis económica y política que atraviesa el país.
Por último, apuntó que en junio se realizará una gigantesca cadena humana de 160 kilómetros entre Durango e Iruña (Pamplona), reclamando el “derecho a decidir”del pueblo vasco. A la actividad asistirán alrededor de 60 mil personas.
Sarasketa, que estuvo veinte años en prisión y ahora forma parte de la interlocución con el “Colectivo de presos y presas vascas” (EPPK), indicó que en la actualidad existen 498 detenidos políticos, de los cuáles el 50 por ciento son militantes o tienen alguna vinculación con la organización político-armada ETA. Recordó también que desde que ETA declaró en 2011 el cese de su actividad armada, se pensó que esta decisión traería mejoras para los presos y presas, pero esto no sucedió.
Sarasketa aseguró que en el País Vasco “la cárcel es un instrumento represivo del Estado” y los detenidos por razones políticas “son rehenes para condicionar y castigar la lucha” por la independencia vasca. Agregó que “cuando en las calles hay avances políticos, mejora la situación de los presos”. Recordó además que antes del alto el fuego unilateral anunciado por ETA, en las prisiones había un total de 711 presos, pero la mayoría que salió en libertad fue por cumplir sus condenas.
El interlocutor con el Colectivo EPPK (sus siglas en euskera) denunció que contra los presos y las presas todavía se mantienen las medidas punitivas como aislamiento, inhabilitación de las comunicaciones, cacheos corporales para buscar material gráfico, la prohibición de recibir visitas de representantes políticos. A esto se suma que a muchos detenidos que habían accedido a la prisión preventiva por enfermedades les fue suspendida esta medida. Sarasketa señaló que por estos días, dentro de las cárceles “prácticamente no se están aplicando torturas” contra los presos y las presas políticas. Pero esta situación ha sido cambiada por el aumento de multas, la prohibición de acciones y actividades por la libertad de los detenidos, y el crecimiento de “de grupos nazis dirigidos por los servicios secretos”, españoles.
Sobre un posible acuerdo de paz, Sarasketa explicó “que es muy difícil” lograr un proceso de este tipo, ya que el Estado español “ha tomado posiciones más autoritarias”. Pese a que ETA mantiene el cese al fuego y planteó la necesidad de negociar, el interlocutor aseveró que el gobierno del presidente Mariano Rajoy “bloquea la situación y sostiene su negativa de hablar con ETA, hasta que la organización cumpla el desarme unilateral”. Asimismo, Sarasketa manifestó que España asiste “a la quiebra de su propio Estado”, en referencia a la profunda crisis económica y política que atraviesa el país.
Por último, apuntó que en junio se realizará una gigantesca cadena humana de 160 kilómetros entre Durango e Iruña (Pamplona), reclamando el “derecho a decidir”del pueblo vasco. A la actividad asistirán alrededor de 60 mil personas.
