Representantes de sindicatos, colectivos de estudiantes, pensionistas, feministas o parados han defendido la necesidad de la huelga general del día 29 no solo contra la reforma laboral sino también frente a los recortes. Han calificado la reforma laboral como un paso «muy agresivo» dentro del «ataque sin precedentes» que están sufriendo los derechos laborales y sociales «aprovechando la crisis».
Una reforma, han dicho, que «facilita» el despido, «debilita» la negociación colectiva, «aumenta la flexibilidad» laboral y «precariza» la contratación, consecuencias que a su juicio tendrán «especial repercusión» en colectivos como el de la mujeres.
Pero «llueve sobre mojado», han subrayado, y recordado que UGT y CCOO acordaron «recortar las pensiones y retrasar la edad de jubilación a los 67 años», que también estos sindicatos pactaron con la CEOE la «pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la flexibilidad laboral» y que ya en 2010 el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo otra reforma laboral.
A esto han sumado «los recortes de gasto» en Educación y Sanidad, pero también en políticas sociales rebajando las prestaciones y «dejando sin derecho a percibirlas a muchas personas».
Y todo ello mientras «se perdonan impuestos a quienes más tienen, no hay voluntad de perseguir el fraude fiscal» y se aplica una política impositiva «injusta, regresiva y decidida sin participación social».
Un paquete de políticas que en opinión de todos los colectivos citados exigen «un giro radical» porque «van a agravar» la crisis al aumentar el paro, la pobreza y la exclusión social.
Su alternativa pasa por retirar la reforma laboral, aumentar derechos laborales, proteger la negociación colectiva y eliminar el empleo en precario.
Han abogado también por «un marco vasco de relaciones laborales y de protección social con plena capacidad normativa para avanzar en el reconocimiento de derechos».
Además han apostado por una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, el impulso de políticas que favorezcan el empleo, la derogación de los recortes, otra política fiscal para un reparto equitativo de la riqueza y el diseño de políticas a favor de la igualdad de oportunidades.
«Estamos en una situación muy grave. Tenemos que decir no a la reforma laboral y de la negociación colectiva y reclamar el avance de los derechos laborales y sociales y unos servicios públicos de calidad», han asegurado, y sostenido que la huelga general del 29 de marzo es «una respuesta a los ataques y un grito a favor de un cambio de políticas».