En diciembre de 2009, dos ciudadanas fueron detenidas por observar una actuación de la Policía Municipal de Bilbao. Pese a que el caso fue archivado, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha ordenado reabrirlo por ver indicios de un delito de detención ilegal. Las denunciantes han dado hoy una rueda de prensa junto a los colectivos SOS Racismo, Posada de los abrazos, Mujeres del Mundo, Berdinak, GITE-IPES y Alókevamos (Tas-Tas irrati librea). En ella han denunciado su situación, han reclamado medidas contra la arbitrariedad policial y han animado a la ciudadanía a seguir su ejemplo y presenciar las actuaciones de la policía.
Tal y como detalló, el Juzgado de Instrucción número 7 decidió archivar las actuaciones. Sin embargo, y tras recurrir esa decisión, la Audiencia provincial ordenó la reapertura del caso por considerar que hay indicios de que se ha podido cometer un delito de detención ilegal, al considerar que:
- La calificación como delito de desobediencia grave parece absolutamente exagerado y más bien se configura como un pretexto para detener a las recurrentes y llevarlas a comisaría.
– No se dio aviso a familiares y abogado.
– El tiempo de estancia en comisaría es mucho mayor del que procedía.
El Ararteko dio cuenta de sus actuaciones el 21 de noviembre de 2009 (ref. 520÷2010÷19) recordando las recomendaciones hechas con anterioridad al Ayuntamiento de Bilbao y al Departamento de Interior del Gobierno Vasco. En especial, recuerda que:
– La existencia de testigos en el desarrollo de las actuaciones policiales puede tener un efecto preventivo
– La petición de información por parte de la persona afectada por una actuación policial, e incluso el
cuestionamiento o las críticas a dicha actuación no pueden ser interpretadas, sin más, como una falta de respeto o una desobediencia a los agentes de la autoridad.
– En caso de que la conducta del ciudadano alcance relevancia penal no se puede detener por faltas ‑infracciones penales leves-
El Ayuntamiento respondió que a raíz de esta queja se habían remitido a la Policía Municipal instrucciones relativas a la necesidad de investigar las quejas y sobre la presencia de testigos. “Sin embargo, los movimientos que convocamos esta rueda de prensa no hemos notado cambios en positivo”, lamentó, De la Fuente.
El portavoz antirracista ha destacado que no se trata de un hecho aislado, sino que en los últimos años las asociaciones en defensa de los Derechos Humanos han recibido denuncias por diversas actuaciones discriminatorias de agentes de las policías municipales y de la Ertzaintza, y la actitud hacia las personas que son testigos:
- Actuaciones encaminadas a evitar su testimonio, amenazas, identificaciones, registros y detenciones de testigos
– Detenciones por hechos que como máximo podrían ser considerado constitutivos de faltas
– Calificaciones exageradas de los hechos, que más bien parecen un pretexto para detener y llevar a comisaría.
– Prolongados tiempos de estancia en comisaría
– Falta de medidas para evitar la violencia excesiva o los malos tratos
– Denuncias a quien solicita explicaciones o solicita el número de identificación del agente
– La calificación como delito de desobediencia grave parece absolutamente exagerado y más bien se configura como un pretexto para detener a las recurrentes y llevarlas a comisaría
– No se dio aviso a familiares y abogado
– El tiempo de estancia en comisaría es mucho mayor del que procedía
Cristina y Nahia no quisieron centrarse en lo ocurrido a ellas, sino que destacaron la mayor indefensión que sufren las personas inmigrantes, a las que la policía toma por sospechosas por su color de piel, y que si no tienen papeles están en peor situación para denunciar. Ante ello, animaron a la ciudadanía a quedarse a presenciar actuaciones policiales cuando las consideren arbitraria, y que las denuncien. SOS Racismo recordó que la ciudadanía tiene derecho a denunciar este tipo de actuaciones de las que sean víctimas o testigos, tanto ante la Justicia, el Ararteko o ante algún movimiento de lucha contra la discriminación.
Como ejemplo de la importancia de los testigos, De la Fuente recordó que las diligencias abiertas tras la agresión xenófoba y sexista contra una mujer en el Metro en noviembre pueden quedar cerradas por no haberse identificado a los agresores, a pesar de que el vagón se encontraba lleno de gente, el metro cuenta con cámaras y vigilantes de seguridad y la agredida alertó a la policía desde su teléfono móvil. Además, reclamaron al Departamento de Interior y a las áreas de seguridad ciudadana de los ayuntamientos que cumplan con las recomendaciones del Ararteko y establezcan protocolos para evitar actuaciones discriminatorias y arbitrarias.