Gustavo Espinoza M./ Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2020
Es casi un lugar común decir que, en el marco de la lucha contra la Pandemia que nos afecta tan duramente, se han agravado las tensiones sociales. En otras palabras, la confrontación de clase ha adquirido un nivel más alto en la medida que han ido saliendo a escena, uno a uno, los actores del drama peruano.
Esto no debiera sorprender a nadie por cuanto la crisis sanitaria ha desnudado la esencia de la sociedad peruana y ha puesto en evidencia no sólo sus limitaciones, sino también sus deformaciones raigales.
Todos hemos podido apreciar las iniquidades de un sistema que privilegia la economía, antes que la salud; y el dinero, antes que la vida. Que cada quien tome partido por una opción u otra, finalmente podría resultar legítimo, toda vez que cada quien defiende los suyo, y lo hace sin medias tintas.
Pero esa es una cosa; y otra es que, para que unos impongan su voluntad a otros, quienes tienen en sus manos las riendas del Poder, agarren a palos a sus adversarios a fin de reprimirlos y doblegarlos.
Y ahí sí, si se usan esos procedimientos, puede llegarse a extremos agresivos que hay que enfrentar sin tapujos. Es por eso que hoy usamos el titular que encabeza esta nota. Se trata de una severa advertencia que no debe caer en saco roto y más bien ser tomada en cuenta por quienes, desde las altas esferas del Estado, se proclaman depositarias de la “confianza ciudadana”, aunque esa camisa les quede notoriamente grande.
Recientemente se ha evidenciado un grave conflicto entre los trabajadores municipales encargados de la limpieza pública y el municipio capitalino. Los primeros luchan por mantener su puesto de trabajo, y el segundo busca ‑según parece- ahorrarle algunos soles a las arcas ediles, tercerizando ciertos servicios de limpieza y salubridad.
Pareciera que las autoridades capitalinas creen que su deber es asegurar que el municipio gaste menos, aunque eso implique un trabajo más precario para seres humanos que cumplen la más humilde de las tareas: librar de los deshechos a esta Lima que aún tiene ciertas ínfulas virreinales.
La tercerización de los servicios es una suerte de leguleyada pseudo jurídica de la que se valen algunas empresas cuando quieren gastar menos, y ganar más. Pero no tiene ninguna justificación en una administración que carece de fines de lucro, y que más bien brinda servicios a la comunidad.
El Alcalde y los regidores deben asegurar que esos servicios, sean eficientes; y no pretender que le cuesten menos al municipio, porque la entidad edil no es una empresa. Por lo demás, las rentas municipales provienen del aporte ciudadano y no les cuesta un centavo a quienes desempeñan ocasionales funciones de mando.
Nada justifica la “tercerización” de los servicios, sobre todo si se considera que estos precarizan el empleo y le restan derechos y beneficios a los trabajadores. Pero si esta acción va unida a una represión salvaje contra quienes se enfrentan a ella, entonces ya estamos ante un extremo simplemente intolerable.
Y lo hemos visto el mismo día de la Fiesta Nacional ante la sede del Congreso de la República, cuando las trabajadoras del municipio de Lima fueron brutalmente golpeadas por el simple hecho de hacer oír su voz.
La oscura y deplorable agresión contra Isabel Cortez ‑la valerosa dirigente de las trabajadoras de Limpieza- puede atribuirse a una provocación orientada a exacerbar los ánimos y agriar la confrontación planteada; pero la represión salvaje contra las obreras del servicio público, no tiene la menor justificación.
Por lo demás, se ha ejercido contra quienes hasta el día anterior eran consideradas, con legitimidad total, como heroínas de la resistencia a la Pandemia por cuanto habían salido a trabajar arriesgando su vida en el cenit de la Cuarentena que puso a buen recaudo a la mayoría de los peruanos, incluidos los funcionarios ediles.
Pero otros héroes también han sido brutalmente agredidos: los médicos, enfermeras y el personal de salud de las distintas unidades hospitalarias. Chorros de agua helada y gases lacrimógenos en abundancia, fueron lanzados contra los servidores del área de salud el mismo día de la presentación del Gabinete Martos ¿A santo de qué ocurrió eso? ¿Con qué derecho los atacaron así?
Esos profesionales de la salud, están salvando vidas aún a costa de las suyas ¿Por qué los golpean entonces? ¿Porque piden Equipos de Protección Personal, o pago por sus servicios?.
Invirtamos los papeles: démosle palos y armas a los trabajadores de la salud y alentemos a los policías, sin armas, a manifestarse pidiendo garantías para su trabajo y protección para sus vidas ¿Podrían los médicos golpear a los uniformados? ¿Alguien lo justificaría?
El que el Presidente Vizcarra haya concurrido al acto convocado por los médicos en homenaje a sus compañeros caídos, y celebrado recientemente en Miraflores, dice algo de su sensibilidad. Pero diría mucho más, el que ordenara a través del titular del Interior, que la policía no aporreara a los profesionales de la salud que formulan demandas enteramente legítimas.
Si algo hay que condenar en un gobierno como éste ‑a más de su obcecado servilismo ante el Imperio y su servil prosternación ante el Neo Liberalismo- es la tendencia a reprimir salvajemente a quienes expresan demandas legítimas.
Recientemente lo hicieron en Espinar, en un hecho condenable que costó la vida tres pobladores de la región; pero también en la Amazonía, con un saldo similar. ¿Qué se busca? ¿Sentar las bases de un Estado Policiaco?. Eso es algo que podría esperarse de la Mafia Fuji-aprista, pero no de un gobierno que dice diferenciarse de ella.
Pero las cosas van más allá. Recientemente fue secuestrado y detenido en el norte del país Luis Cerna, dirigente de los trabajadores mineros de MARSA, quien denunció y se enfrentó a ciertas maniobras patronales. Aun hoy permanece en manos de sus captores. ¿Tiene el gobierno la voluntad de callar voces como esas?
Es bueno poner cada cosa en su lugar. El gobierno debe encarar yt resolver los problemas de la gente. No agarrarla a palos cada vez que protesta por algo que anda mal.
