Resumen Latinoamericano, 11 de julio de 2020
Según el informe de Oxfam la pandemia no es la única responsable: la «austeridad» profundizó las desigualdades y la agricultura campesina fue saboteada por el gobierno. Las corporaciones y los agronegocios son libres para dictar los precios de los alimentos.
El informe publicado ayer por Oxfam confirma lo que los investigadores, los movimientos sociales y los activistas contra el hambre advirtieron incluso antes del inicio de la pandemia de coronavirus, la crisis alimentaria ya era una realidad en el mundo y, especialmente en Brasil, agravada por las políticas de austeridad, la falta de incentivo para la producción de alimentos y la ausencia de políticas que contribuyan a frenar la especulación del mercado con los precios de los alimentos. Según el informe, Brasil está clasificado como un «epicentro emergente de hambre extrema», junto con India y Sudáfrica.
El informe denuncia que, incluso antes de la pandemia, la bancarrota del sistema alimentario globalizado ya era evidente, centrada en la producción de productos para la exportación, dependiente de insumos químicos y pesticidas, una gran concentración de riqueza y que a diario aumenta la inseguridad alimentaria y la pobreza generalizada. Los poderosos comerciantes agrícolas, las empresas de alimentos y bebidas y los supermercados que dominan el sector alimentario pueden dictar el precio y los términos del comercio de alimentos. Su enfoque en reducir costos y maximizar ganancias somete a los productores y trabajadores a salarios de pobreza y los obliga a asumir la mayoría de los riesgos asociados con la producción de alimentos. En tiempos de pandemia, podemos ver lo contrario, que la falta de una política de control de precios por parte del estado ha permitido a estos actores especular sobre los precios de los alimentos, lo que ha resultado en aumentos considerables en los productos alimenticios.
Oxfam también afirma que Brasil estaba en una lucha acelerada contra el hambre y la inseguridad alimentaria y, en 2014, estaba en camino de ganar esta batalla, gracias a las inversiones del gobierno a favor de los pequeños productores rurales y un paquete de políticas que incluía Creación de un Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), desarrollado en colaboración con la sociedad civil. Sin embargo, desde 2015 la situación se ha deteriorado, la crisis económica y las políticas de austeridad, los recortes radicales en los presupuestos para la agricultura familiar y la protección social, causaron un efecto dominó que acentuó las tasas de pobreza, desempleo y hambre.
Según el informe, Brasil adoptó dos medidas y dos medidas para proteger a los afectados por la crisis: a fines de junio, el gobierno federal distribuyó solo el 10% de la ayuda financiera prometida a los trabajadores y las empresas, a través del Programa de Apoyo al Empleo (PESE), con grandes empresas que obtienen más beneficios del gobierno que los trabajadores o las micro y pequeñas empresas. Asimismo, solo el 47,9% de los fondos para asistencia de emergencia a personas vulnerables se distribuyeron a principios de julio.
* Fuente: Outras Palavras