Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2021.
Presentamos un resumen de la columna Brecce, programa que puedes encontrar en Radio Quarantena.
En el contexto geopolítico actual, parece cada vez más claro que el papel de ciertas instituciones internacionales no es el de buscar el equilibrio, la paz y el respeto de los derechos humanos de los que hablan mucho, sino el de legitimar una ilegalidad cada vez más generalizada, en la búsqueda de una nueva hegemonía por parte de Estados Unidos y dando apoyo a la ofensiva conservadora en curso en el continente latinoamericano y caribeño. Instituciones antiguas o artificiales, que ahora tienen la única función de oponerse a los gobiernos socialistas o progresistas de la región, y que utilizan la información sobre los derechos humanos emitida por las grandes agencias humanitarias aparentemente «neutrales», en una sola dirección. Un ejemplo sobre todos, la Organización de Estados Americanos (OSA), encabezada por Luis Almagro.
Al personaje no le importan las diversas masacres que se repiten en países como Haití, Colombia, Guatemala, Honduras, ni las violaciones de derechos básicos en los países muy queridos por Washington, sino solo los planes del Pentágono contra los gobiernos que intentan defender esos derechos. Un informe detallado, titulado «Masacres cubiertas por el estado», compilado entre 2018 y 2020 por el Observatorio Haitiano de Crímenes contra la Humanidad y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, publicado el 22 de abril, muestra la complicidad del estado haitiano con las bandas armadas. Pandillas que llevaron a cabo tres masacres en barrios pobres, cobrando la vida de 240 civiles. Estos son los barrios que jugaron un papel decisivo en las manifestaciones contra el gobierno donde se ha preguntado a dónde se ha ido el dinero entregado por Venezuela mediante Petrocaribe y se ha denunciado las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas en el atormentado país.
Masacres que se repiten en Colombia y que suelen tener como blanco a líderes indígenas de los que realmente defienden los intereses de clase y no las mascáras que propone el capital internacional de marca europea, como vimos en Ecuador con el Sr. Yaku Pérez. El uso de bandas paramilitares, fuertemente armadas desde el exterior, es una piedra angular de la desestabilización de Venezuela, en las fronteras con Colombia y Brasil y dentro del país. Y que la oposición golpista lo esté utilizando no es ningún misterio.
Lo mismo ocurre con el lawfare, una herramienta política para excluir del juego político a quienes realmente se oponen al imperialismo y sus títeres locales. Lo hemos visto en Brasil, lo seguimos viendo en todo el continente latinoamericano y caribeño en sus diversas formas de golpes suaves, institucionales, juicios por presunta corrupción llevados a cabo por personajes que solo deben avergonzarse, y mediante el uso de lo que en Italia sería una legislación de emergencia, o el “derecho penal del enemigo”, para perseguir las luchas populares.
Un ejemplo de esto es Ecuador, donde a través de una persecución judicial real, acompañada de una poderosa campaña de descrédito mediático, se intentó ilegalizar literalmente toda la estructura de la revolución ciudadana, comenzando por el expresidente Rafael Correa. Un factor que resultó determinante en la derrota del economista Arauz contra el banquero Lasso, responsable de la mayor crisis que vivió el país antes de la llegada de Correa.
El voto nulo de la organización indígena Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, ciertamente contribuyó a la derrota. Y se sabe que gran parte del movimiento indígena ecuatoriano ya apoyó a la derecha en las anteriores elecciones presidenciales. Ahora bien, si la Conaie se orientará por la reanudación de la lucha de clases o por el acomodo con la derecha, dependerá del componente que tendrá mayoría en el congreso que se realizará en Cotopaxi del 1 al 3 de mayo. La izquierda de los movimientos indígenas nominó por unanimidad a Leonidas Izas.
Las organizaciones campesinas e indígenas, aunque en contextos y posiciones diferentes, se encuentran en el movimiento internacional que ha visibilizado el protagonismo y las propuestas surgidas del ciclo de lucha en la década del liberalismo desenfrenado tras la caída de la Unión Soviética: desde Brasil, a la Argentina, de Chile a Honduras a Perú, las organizaciones nativas que se enfocan en un cambio de rumbo estructural, participan en los foros organizados por Venezuela y Bolivia, para tomar decisiones que pesen sobre las cumbres como la del medio ambiente y contra el cambio climático.
En este marco, en la nueva etapa, se está construyendo una articulación de organizaciones indígenas denominada Runasur, la Unasur de pueblos indígenas, que tiene en su centro la lucha anticolonial y antipatriarcal, y cuya sede está en Bolivia. Bolivia tiene la presidencia pro tempore de Alba, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, concebida por Cuba y Venezuela y que tuvo una de las piedras angulares en Ecuador. A esto también se debe la poderosa campaña mediática para demoler la figura de Evo Morales, como se hizo con Correa.
Las portadas de periódicos y revistas, en Perú, están repletas de fotos de Morales abrazando a Pedro Castillo, el ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, seguido de la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori, hija del ex dictador, condenada por corrupción. «Castillo ‑dicen- ya tiene a su padrino», atormentando al candidato porque se distancie del «castro-madurismo» y de la amnistía a los presos políticos y sociales.
Contra el representante de los campesinos y maestros, cuyo partido Perú Libre se declara marxista-leninista, mariateguista y bolivariano, heredero de las luchas independentistas latinoamericanas que este año celebran el Bicentenario, ha surgido el bombo internacional: sugiriendo que en cualquier caso, dada la fragmentación de fuerzas en el parlamento, a menos que el grueso de los votantes decida acudir a las urnas y elegir a Castillo en la segunda vuelta del 6 de junio, si él también gana, no podrá gobernar. Y el mecanismo del juicio político, típico de las batallas internas por el poder, está al acecho y ya ha eliminado a varios presidentes.
También salió al escenario el poderoso barítono del imperialismo occidental, el escritor Vargas Llosa, acostumbrado a bautizar nominaciones de presidentes en nombre de sus padrinos norteamericanos. En esta ocasión, pidió que se vote a Keiko Fujmori como un «mal menor» contra el sindicalista «que apoya a Maduro» y que, como en Venezuela, está convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. En las elecciones anteriores, como no hubo candidatos verdaderamente de izquierda, el escritor había declarado a página completa que nunca, nunca se debería votar a la hija de un ladrón. Ahora, evidentemente, todo es sopa, aunque según la ley Keiko Fujimori tenga que ir a la cárcel por corrupción.
Pero, mientras tanto, mientras Almagro ha recibido a la ultraderecha boliviana que prepara un nuevo golpe de Estado en el país, el presidente ecuatoriano que expira, Lenin Moreno, ha dedicado gran parte de su discurso a la Cumbre iberoamericana, que tuvo lugar en Andorra en modo virtual, pero en el que han participado físicamente algunos presidentes, para atacar la presencia de Venezuela. El gobierno bolivariano respondió contundentemente por boca de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien con razón deseó que el «Judas Andino» terminara en el único lugar que le pertenece: el basurero de la historia.
El 22 de abril, el Día de la Tierra, Joe Biden invitó a unos cuarenta jefes de estado a una video cumbre para reiterar que, también en este campo, Estados Unidos pretende imponer su hegemonía tras el negacionismo de Trump sobre el cambio climático. Al día siguiente, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y los países caribeños de Alba organizaron en paralelo el Foro Internacional Reencuentro con la Pacha Mama, presidido por el presidente boliviano Luis Arce: en presencia de representantes y gobiernos internacionales indígenas, y de algunos exponentes de la izquierda europea como el francés Jean Luc Melenchon.
En el documento final, se propuso la creación de una economía de la Madre Tierra como una alternativa real para luchar contra el cambio climático, combinándolo con la justicia social. Arce examinó los capítulos de la crisis ambiental como emblemáticos de la crisis estructural del modelo capitalista y dijo que la palabra pasa ahora a los pueblos del sur, que deben socavar la agenda política del gran capital internacional.
El informe del presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó a desafiar la lógica del imperialismo estadounidense, que «se pinta de verde» para seguir aumentando las ganancias, y para tratar de dar lugar a una nueva fase de acumulación. Maduro recordó las palabras de Fidel Castro en la cumbre de Río de 1992, durante la cual el entonces presidente de Cuba había advertido sobre el peligro de la desaparición de la especie humana por parte del modelo capitalista.
Luego recordó cómo, en 2009, cuando fue canciller y acompañó a Chávez a la cumbre climática en Copenhague, hubo una gran y polifacética protesta popular. Había dos consignas principales en las paredes y en los letreros: “si el clima fuera un banco, los ricos ya lo habrían salvado «, y «cambiar el sistema, no el clima». Dos consignas de las que se hizo eco Chávez en su célebre discurso en la cumbre.
Hoy, dijo Maduro, la palabra debe volver a los movimientos con los que «todos debemos ir, organizados y combativos, a la próxima cumbre en Glasgow en noviembre». Maduro recordó luego la intervención de China y Rusia durante el encuentro con Biden, sus referencia a la necesidad del control estatal y la redistribución de recursos, destacando cómo la crisis estructural del capitalismo, que se manifiesta en la crisis pandémica y ambiental, debe convertirse en una ocasión para las clases populares.
Detrás de la retórica estadounidense y europea, detrás del mercado de emisiones de gases de efecto invernadero, hay intereses geopolíticos a gran escala en el marco de las alianzas dominadas por Estados Unidos, y en la competencia con la visión de un mundo multicéntrico y multipolar que tiene en China el principal protagonista. Para Biden, la lucha contra el cambio climático es «una cuestión de seguridad nacional». Allí trabajan las 17 agencias federales de inteligencia norteamericana a las órdenes de John Kerry, quien evaluará los peligros y acciones en el contexto internacional, como parte del nuevo plan financiero decidido por la administración estadounidense.
La burguesía sabe que, como enseña el marxismo, las clases populares pueden transformar la crisis del capitalismo en una guerra de clases y que hay una gran desesperación en el mundo. Por tanto, sea la pandemia como la crisis ambiental, deben ser aprovechadas para una nueva fase de acumulación capitalista que tiene la economía de guerra en su centro, acompañada de una adecuada cooptación de los sectores populares: comenzando por los estadounidenses.
Para esta nueva operación de reinicio, es necesario destruir la producción menos competitiva, fortalecer la concentración monopólica en los sectores con mayor explotación de la mano de obra viva y crear nuevo potencial en sectores innovadores. La digitalización de la economía y la «transición ecológica» son, por tanto, los motores del Plan de Recuperación y Resiliencia (PNRR) de todos los países capitalistas.
Pero los países del sur que apelan al socialismo quieren imponer otro camino. Quién sabe si, por estos lares, no podremos hacer lo mismo, convirtiendo esta crisis en una oportunidad.
El lunes 26 de abril, a las 18 horas, el colectivo internacionalista Vientos del sur organiza, junto con el café filosófico de Palermo, un debate sobre estos temas, titulado «América Latina, urnas, plazas y pandemia» (el el facebook de Vientos del Sur).
