Por Gabriel Adrián/Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2020
La actual pandemia del Coronavirus ha evidenciado que el Perú, en tanto país oficial y supeditado a los grandes intereses del capitalismo mundial, no es un «Tigre de Sudamérica», sino más bien un marrano de corralón. Desde los años 90 y el fujimorato, con la consolidación del modelo neoliberal de carácter subordinado, todos los gobiernos en dicho país han alardeado de las altas tasas de crecimiento con un promedio de alrededor del 5%.
Este supuesto crecimiento se ha fundado en la entrega del suelo y subsuelo peruanos a grandes empresas extractivistas, principalmente transnacionales. La inversión extranjera ha beneficiado a estas grandes empresas, y a un pequeño segmento de inversores privados y funcionaros del Estado que se han enriquecido con las licitaciones otorgadas a estos consorcios. Esta riqueza no ha llegado al pueblo, más allá de alguna cancha de fulbito construida por alguna comunidad que recibió el canon minero por dejar que contaminaran sus aguas. Las migajas que recibió el Estado no las usó para mejorar los sistemas de salud y educación, ni para reforzar el sector público y fomentar el empleo. Por lo que ahora se está pagando las consecuencias de esa rapaz y entreguista política neoliberal (sobre todo las mayorías trabajadoras, como siempre), la cual ha propiciado un sistema de salud que colapsó apenas a pocas semanas de empezar la pandemia en marzo.
Con cinismo mayor, Vizcarra ha exigido a la población que se quede en sus casas. ¿Ignoraba acaso que más del 60% trabaja en el sector informal y no tiene acceso a ningún tipo de ayuda por paralizar sus labores? El actual presidente peruano ofreció, al principio, un bono de 380 soles (poco más de 80 euros) para las familias más necesitadas. En su discurso por fiestas patrias, anunció un bono de 760 soles (alrededor de 200 euros). Lo cierto es que esos bonos llegaron y llegan solo a una parte pequeña de la población. Y con esa suma irrisoria no puede sobrevivir una familia con hijos, según pretende el gobierno. Es por ello que la gente, desesperadamente, atestó las calles en busca de costearse las necesidades básicas de vida. Ante lo cual, a Vizcarra, su gabinete y su prensa mermelera no se les ocurría más que echarle la responsabilidad al pueblo de la expansión de la pandemia.
Por otro lado, el actual gobierno del Perú no ha escatimado en mostrar que representa los intereses de las clases dominantes, como se ha mostrado una y otra vez durante esta pandemia. Una notoria prueba de lo anterior es que Martín Vizcarra obedeció los dictados del consorcio empresarial CONFIEP, al sancionar la ley de la «suspensión perfecta» por la cual los empresarios podrían enviar a sus empleados a casa sin indemnización alguna. Es decir, este usurero gremio, que agrupa a una parte significativa de los dueños económicos del Perú, recibió carta blanca para despedir a sus trabajadores. Aún más, el Ministerio de Trabajo aprobó una resolución ministerial (R.M. 099 – 20-TR) según la cual los trabajadores, incluso los grupos de riesgo, podían firmar una declaración jurada donde ellos mismos se responsabilizaban por su propia salud si contraían el virus durante sus labores. Es sabido que los empleadores fuerzan a sus trabajadores, bajo amenaza de despedirlos, a acudir a sus puestos de trabajo. Con esa resolución ministerial, nuevamente evidenció el gobierno cuán poco le importa la salud de los trabajadores y el pueblo peruano.
Cómo sino explicar algo también escandalosamente grotesco como los millonarios subsidios otorgados a los más poderosos grupos empresariales, que realizan jugosas operaciones y ganancias inclusive durante la grave situación actual. Por ejemplo, hasta el mes de junio, el programa oficial “Reactiva Perú” otorgó créditos con tasas de intereses irrisorias a las empresas por US$ 7,5 mil millones de dólares hasta el 29 de mayo del 2020. La mayor parte de esa suma, alrededor del 71%, fue otorgada a grandes empresas. Estos créditos fueron otorgados bajo el pretexto de que estas no despidan a sus trabajadores (algo que evidentemente no se cumplió, como veremos luego).
Nueve empresas del grupo empresarial Intercorp, de Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico del Perú, recibieron 90 millones de soles del referido programa. Otras empresas millonarias, como el Grupo Wong, el Grupo Gloria o Inca Kola, que es parte de la firma Coca Cola, también fueron beneficiadas con los créditos estatales. Algunas, como Inca Kola o la empresa avícola San Fernando, no tuvieron pérdidas sino más bien ganancias durante la pandemia. A pesar de esto, recibieron jugosos créditos. Más aún, muchas de estas empresas se acogieron a la «suspensión perfecta» para dejar de pagar a sus trabajadores. Cabe preguntarse ¿era necesario darle a las grupos empresariales más poderosos del país esos créditos para que se reactiven, aun cuando continuaban generando ganancias y maltratando s sus propios empleados y obreros? Gracias a este espaldarazo oficial, los créditos a las grandes empresas y corporaciones crecieron en 22%.
Hay que destacar, asimismo, una serie de irregularidades y hechos trágicamente incoherentes en esta repartija. Hubo empresas, como el consorcio de comunicaciones de El Comercio, que indolentemente despidieron a sus trabajadores a pesar de haber obtenido créditos para no hacerlo. Algunas otras, que han recibido estos créditos con cero intereses, han sido sancionadas por contravenir leyes. La Minera Volcán fue también beneficiada con un crédito, a pesar de deberle al Estado 18 millones de soles (cerca de 4 millones de euros) por infracciones ambientales. Otras, como el estudio de abogados Muñiz, han sido procesadas por corrupción. Algunas empresas del sector salud fueron beneficiadas, aun cuando han sido sancionadas por negligencia médica. Un aspecto tristemente anecdótico es que inclusive la productora del sintonizado programa de televisión-basura, «Esto es Guerra», recibió otro crédito oficial: el escándalo fue de tal proporciones que la productora se vio presionada a devolverlo. A esta larga lista de aberraciones, se suma el crédito a la consultora Ernest & Young: una de las consultoras empresariales más grandes del mundo.
Cifras y hechos, entre varios otros casos semejantes, hablan por sí solos. El gobierno de Vizcarra cumple, de este modo, con la hoja de ruta trazada por anteriores gobiernos, en complicidad y alianza con los grupos de poder económico. Tal situación muestra, de manera evidente, que lo que llaman Estado peruano tan solo es una oficina que agiliza, protege y promueve los negocios de un puñado de grupos de poder económico; mientras las grandes mayorías son empujadas a una política de tipo darwinista, social y biológicamente hablando, pues con las gruesas falencias estructurales solo tienen acceso a un sistema de salud, de educación y empleo absolutamente precarios, burocratizados e ineficientes. Estos son los hechos de la realidad concreta que explican, con contundencia, que el Perú sea el primer país que va rumbo hacia la denominada y letal inmunidad de rebaño, así no lo admitan las autoridades gubernamentales peruanas.
FUENTE: El Diario Internacional
