Mario Santiago /Resumen Latinoamericano, 14 de mayo de 2020
“Lo urgente generalmente atenta contra lo necesario”. Esta frase –atribuida a Mao Tse-Tung– es casi siempre acertada. Sin embargo, lo urgente en México, salvar vidas durante la pandemia, ha abierto el debate en el país sobre la necesidad de contar con un sistema de salud universal, efectivo y de calidad. Los hechos de corrupción, de una dimensión que raya en lo inverosímil, minaron durante años al sistema público de salud y lo dejaron al borde de la inutilidad frente a la Covid-19. Escases de camas de terapia intensiva, de médicos especialistas e infraestructura hospitalaria y de un largo etcétera, colocaron a México en los últimos lugares de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Apurado por la emergencia, el gobierno ha equipado hospitales, contratado personal médico y destinando grandes recursos con el propósito de volver operante el sistema de salud, anquilosado y dividido en varias instituciones que otorgan una atención médica dispar. Es justo ese fraccionamiento del sistema de salud nacional (IMSS, ISSSTE, INSABI, Pemex, SEDENA y SEMAR) y de cada una de las 32 entidades estatales lo que crea diferentes condiciones de acceso de la población a estos servicios.
Además del precario sistema de sanidad pública, se hizo patente la muy diezmada salud de los mexicanos: el 15 por ciento padece de obesidad y diabetes, lo que convierte a este segmento en potencial grupo de riesgo frente a la pandemia. No hay que ser muy perspicaz para responsabilizar a las refresqueras de esa otra pandemia, mucho más mortífera que la propio Covid-19.
La empresa Coca-Cola, con el 47 por ciento del mercado de bebidas azucaradas en México, es la principal responsable del desastre, aunque también es verdad que el gobierno mexicano no ha tomado una sola medida efectiva contra este vicio que nos enferma y mata. Los más liberales, y no faltan, dirán que la responsabilidad de ingerir bebidas azucaradas recae en cada uno de nosotros. No obstante, hay que recordar que en las zonas más marginadas, justo ahí donde hay menos educación y trabajo, se encuentran las concentraciones más grandes de diabetes ocasionadas por la ingesta diaria de esos productos.
La mayoría de los mexicanos no podemos acceder a los servicios de salud con los estándares que se esperarían de la decimotercera economía mundial. Y sucede lo mismo con el resto de los derechos sociales: no contamos con un seguro de desempleo, que sería de gran ayuda en situaciones como la que estamos atravesando, por ejemplo.
La seguridad social, que implica entre otras prestaciones, derecho a una jubilación, no garantiza un retiro digno por edad avanzada. Tampoco se ha logrado hacer efectivo el acceso a la educación de calidad, a la alimentación, al agua potable, ni a la vivienda digna. Derechos que determinan el bienestar integral de la población.
El problema al que nos enfrentamos, más allá de la urgencia en la atención médica, es al de haber minimizado la responsabilidad del Estado en la generación de las condiciones básicas para ejercer los derechos de forma plena. No obstante, existe una solución a todo esto, una muy sencilla en términos teóricos, pero muy complicada en términos fácticos: la redistribución del ingreso.
México ocupa el quinto lugar con más porcentaje de pobres de todo el continente, según la Cepal, sólo por debajo de Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Todos los avances tras la Revolución Mexicana parecen quedar eclipsados por este único hecho.
Los grandes empresarios mexicanos buscan la reducción de la carga fiscal. Esto incluso quedó plasmado en la Ley de Ingresos, reformada el año pasado, y que posibilitaba la condonación de impuestos. Algunas de las medidas tomadas hasta hoy por la llamada cuarta transformación, como desenmascarar a empresarios y políticos corruptos que continúan con una visión egoísta, es fundamental; sin embargo, aún es pronto para emitir un juicio sobre los efectos reales de estas acciones. En todo caso, éstas, por más superficiales que parezcan, son importantes para dar el siguiente paso: que el gobierno aproveche su legitimidad para buscar una mejor redistribución de la renta nacional. Redistribución que por fuerza causaría resistencias.
No hay duda de que el cobro de impuestos progresivos es la base de toda redistribución justa del ingreso. Sólo así se pueden financiar los servicios sociales necesarios para el bienestar general. Todo acto de justicia social parece provocar pánico de los mercados. Los más liberales dirán que el aumento de impuestos progresivos ahuyentaría al capital. Empero, muchos de ellos no podrían irse a ningún otro país a hacer negocios: aquí están las minas de plata y cobre de Grupo México, aquí está la mina de litio más grande del mundo y también Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes del continente.
En este momento parece haber un consenso en México entre los más liberales y los que apuestan por la construcción de un Estado de bienestar, en el que el sistema de salud sea una realidad y no sólo una norma constitucional que no se ve garantizada por el gasto público. Es el Estado el que tiene que hacer frente a la pandemia y otorgar servicios de salud digna para todos, pero, ¿cómo se puede hacer eso sin una recaudación de impuestos suficiente?
Para lograrlo, el ejercicio universal y efectivo del derecho a la salud, nuestro modelo de referencia debe ser el europeo. En los países de la Unión Europea, los sistemas de salud son en principio universales, por lo que no se limita a los derechohabientes. En materia de derechos sociales, debemos dejar de imitar a Estados Unidos. Nuestro vecino del Norte, que ha acumulado más riqueza que ningún otro en la historia, es el mismo donde viven 27 millones de personas que no cuentan con un seguro que les garantice atención sanitaria mínima. Una vez pasada la crisis ocasionada por la Covid-19, una nueva reforma fiscal debería ponerse en marcha en México; una reforma que, de una vez por todas, ponga a México en la senda de la igualdad.
Mario Santiago*
*Doctor en derecho. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
FUENTE: Contra Línea
