Editorial de Resumen cl. 11 mayo 2020
La propagación de la pandemia del SARS-CoV‑2 hacia los barrios,
comunas y localidades que concentran una gran densidad poblacional,
particularmente en la provincia de Santiago, terminará de poner al
descubierto las injusticias del sistema político y del modelo económico
que rige en nuestro país. Lo cierto es que ya han quedado expuestas las
inequidades, precariedades y limitaciones del sistema de salud que ha
sido destruido durante los últimos 40 años, pero lo dramático es que
esta exposición se traducirá en costos humanos enormes para la salud y
la vida de las millones de personas que conforman las realidades
sociales urbanas donde el virus ha llegado a instalarse.
Las cifras de contagios de la última semana y los lugares donde éstas
se concentran, son una constatación en cuanto a que el gobierno ha
fallado rotundamente en el modo de gestión aplicado para enfrentar esta
pandemia. La famosa «meseta» de Mañalich no existe, el aplanamiento de
la curva de contagios es una fantasía tan grande como lo del mejor
sistema de salud del planeta o el oasis de Piñera; no estamos en una
meseta sino frente a una pendiente de aspecto feroz, cuya cima es
imposible siquiera divisar. Los principales afectados por este fracaso
gubernamental son, sin duda, los sectores populares y los más desvalidos
de la población. Algunos, en el mezquino mundillo de la derecha
gobernante, podrán sentirse satisfechos de que por fin el virus se ha
instalado en los barrios del pueblo, pues ahora el pueblo tendrá que
dedicarse a tratar de sobrevivir a la pandemia y al flagelo social que
implica el abandono por parte del Estado.
Una política adecuada para enfrentar la pandemia no sólo exige
ocuparse de las cuestiones sanitarias, médicas y técnicas, sino que
exige al Estado hacerse cargo y ocuparse de las necesidades esenciales
de la población. Sin embargo, incluso en las cuestiones de salud este
gobierno se ha caracterizado por no resolverlas, no proveer insumos,
equipamientos y materiales a los centros públicos de salud; no reclutar
personal suficiente, ni otorgar las garantías laborales necesarias; no
generar una política de prevención y resguardo, entre otras.
La necesidad y urgencia de tener una política adecuada se expresa,
precisamente, en un período de cuarentena sanitaria. En esta condición
de confinamiento social es donde el Estado debiese estar al servicio de
los ciudadanos. Pero el gobierno ha hecho todo lo contrario. Preocupado
solo de cuidar los intereses de los poderosos, ha dispuesto de los
recursos del Estado para cubrir las exigencias del gran empresariado, ha
fomentado el despido laboral, generado medidas de desprotección,
incrementando las rebajas salariales y la precarización laboral,
afectando con ello a millones de personas que quedan sin trabajo, sin
resguardo legal y sin ayuda material. Junto con ello, no ha tenido
ninguna actitud efectiva para limitar los cobros de los servicios
básicos o simplemente asumir como Estado los costos de éstos (agua, luz,
gas, salud, transporte público, telefonía, internet), ni menos aun de
asumir el otorgamiento de un sueldo básico de emergencia y de una
canasta básica de artículos de consumo de primera necesidad. No existe
la voluntad ideológica de adoptar una política estatal seria de auxilio
material oportuno para la población; los recursos del Estado son
ilimitados para apoyar a los poderosos, incluida la clase política que
en su gran mayoría se resisten a disminuir sus cuantiosas dietas y están
más ocupadas de ello que de legislar sobre medidas de apoyo efectivo
hacia los ciudadanos comunes y corrientes. O bien, los recursos del
Estado sí están disponibles para las Fuerzas Armadas y policiales, las
que gastan millones de dólares en equipos y medios destinados a reprimir
a la población, pero no están disponibles para los equipamientos y
necesidades del Cuerpo de Bomberos que, por añadidura, es un servicio
voluntario.
El pueblo, hasta ahora, se ha rascado con sus propias uñas y ha hecho
lo posible para tratar de contener la propagación de la epidemia, pero
no basta con eso. La magnitud y gravedad del problema no es posible
resolverla con la sola autosuficiencia popular, no alcanza, no basta,
porque la enfermedad COVID-19 no da espacios físicos ni tiempos
calendario, es implacable y afecta de modo directo e inmediato la vida
de las personas. Este asunto va más allá de la salud puesto que afecta
el conjunto de los aspectos de la vida de los ciudadanos y para
abordarlo de modo suficiente se requiere una labor constructiva del
Estado de principio a fin. Prever el daño, prevenir la propagación de la
enfermedad, auxiliar a los afectados, asumir los costos de la
sobrevivencia humana, son cuestiones esenciales que competen al Estado,
ese debiese ser su rol y la preocupación y ocupación de los gobiernos.
Sin embargo, ese objetivo no forma parte del interés de los ocupantes
de La Moneda. Las medidas que ha ido adoptando durante toda esta
pandemia han ido a destiempo, atrasadas, han sido insuficientes, han
tenidos alcances reducidos, han sido confusas o han sido
contradictorias, al punto que no cabe sino suponer una intencionalidad
de no querer frenar la propagación del virus sino posibilitarla. Ejemplo
de ello son la resistencia a suspender las actividades escolares y la
insistencia en querer reiniciarlas prontamente, cuando todo indica que
no es aconsejable ni posible hacerlo aún; lo mismo ocurre con las
actividades del comercio en general y de los centros comerciales del
retail en particular; con la insistencia en ordenar el reingreso a
labores presenciales de los trabajadores públicos que cumplen funciones a
distancia. Para qué decir de lo que ocurre en el mundo laboral privado
donde impera la ley del poder y del abuso; en igual conducta sospechosa
se inscriben las constantes negativas a establecer cuarentenas en
comunas, ciudades y localidades que han reclamado insistentemente por
medidas preventivas; etc. Es decir, ha habido una actitud gobernante que
ha ido a contrapelo de lo que aconsejan tanto los especialistas en
epidemias como las necesidades de la población.
Las obligadas cuarentenas masivas por causas sanitarias han dejado
completamente al descubierto la cara miserable de este sistema. La
crisis sanitaria y humanitaria provocada por la pandemia no ha hecho
sino poner en primer orden las demandas sociales que la clase
trabajadora ha venido manifestando en el último tiempo, particularmente
desde el 18 de octubre en adelante. La precariedad de la estructura
económica y social chilena no es un buen augurio frente a una pandemia
como la infección COVID-19. La precariedad del sistema de salud nos pone
ante una situación alarmante. El gobierno, consciente de este problema
se pone el parche antes de la catástrofe se desencadene y para ello se
aferra a viejos métodos de propaganda y manipulación mediática.
El reciente uso del concepto “viroterrorismo” por parte de las
autoridades, en particular por las del ministerio de Salud, obedece a un
afán de desprestigiar cualquier asomo de críticas y cuestionamientos a
la deplorable conducción que han tenido de la crisis sanitaria y
humanitaria creada por la pandemia, pero que no es más que el reflejo de
las deformaciones estructurales que cargamos como sociedad. Lejos de
asumir sus responsabilidades, lejos de esbozar una autocrítica, lejos de
corregir los errores y fallas groseras que vienen repitiéndose a
diario, los gobernantes recurren, una vez más, a un manoseado recurso de
poner la atención en cuestiones ajenas al asunto que ellos deben
resolver.
No es que estemos en presencia de una nueva modalidad de manejo
mediático sino de un nuevo y atractivo “concepto” que ya con el sólo uso
de la palabra “terrorismo” cumple el propósito de atraer la atención y
generar adhesión hacia quienes lo enfrentan. Se inscribe, por lo demás,
en la misma lógica belicista que ha desarrollado Piñera, en particular
desde el inicio del Estallido Social en adelante. Ahora, persistiendo en
su lógica marcial, el gobierno habla de “la batalla de Santiago” y de
“viroterrorismo”, amén de desplegar fuerzas militares como si
efectivamente fuesen a librar un combate o un enfrentamiento bélico,
cuando se supone que debieran salir a cumplir una labor social.
El SARS-CoV‑2 no se enfrenta ni se elimina con balas sino con una
política de salud destinada y dedicada a ese objetivo y con un sistema
de seguridad social destinado a proteger a la población. Ante el
inminente hecho de que la propagación del virus pondrá en jaque el
espejismo de Piñera (su inexistente oasis) y la fantasía de Mañalich (el
mejor sistema de salud del planeta), el gobierno utiliza las viejas
técnicas de culpar a los demás de sus propios errores e insuficiencia,
de centrar la atención en asuntos inexistentes, cuidándose las espaldas
frente a una eventual reacción popular ante tanto desamparo y tanto
abuso. Desde ya, cualquier expresión de reclamo popular la calificarán
de terrorista y en función de esta posibilidad es que despliegan con
bombos y platillos sus fuerzas armadas en actitud bélica y a sus fuerzas
policiales en la actitud represiva y provocadora de siempre.
Los gobernantes no aceptan críticas ni cuestionamientos, haciendo
ejercicio de la forma patronal de mandonear, dirigen el país de la misma
manera y ahora calificaran de “terroristas” a quienes les reprochen
algo. Reiteran una y otra vez que sólo debe haber una voz (salvo que la
voz disonante provenga desde la derecha, claro está), que la oposición
debe apoyar y sumarse a sus decisiones, cuestión que por lo demás, no
necesitan ni formularla con una oposición inexistente, que se ha negado a
sí misma.
Forma parte de esta delirante estrategia el despliegue de una
impresionante campaña publicitaria a favor de Piñera y su gobierno,
forzando alzas en su popularidad vía encuestas “delivery”. Además, el
inusitado abuso de apariciones en los medios de prensa empresariales del
propio Piñera y de cuanto politiquillo y politiquilla de derecha puede
asomar sus narices (algunos hasta el límite del hartazgo) ante algún
micrófono o ante alguna cámara, denota que una buena parte de los
recursos del Estado a que puede echar mano el presidente producto de la
dictación del Estado de Catástrofe, han sido destinados a estas campañas
publicitarias de lavado de imagen, servicios de insuflar personajes y a
financiar encuestas con el mismo fin. Es cierto que Piñera, cuál émulo
de Trump y Bolsonaro, es un enfermo de vanidad y egolatría, pero el
sobre abuso de la publicidad en que ha incurrido en las últimas semanas
raya en el delirio.
Todo esto solo viene a graficar que las prioridades y ocupaciones de
los gobernantes caminan por vías muy distintas de las que realmente
necesita la población para enfrentar y soportar los efectos de esta
pandemia. El futuro inmediato se torna demasiado escabroso para nuestro
pueblo, lo que obligará a redoblar las medidas de iniciativa propia.
Fuente: 
Resumen
