Foto: En Tel Aviv, un enfermero judío reza hacia Jerusalén, mientras su compañero musulmán reza hacia La Meca.
La reciente detención en Jerusalén de altos responsables palestinos por actividades «ilegales» vinculadas con el nuevo coronavirus, y el cierre de una improvisada clínica avivan las tensiones entre israelíes y palestinos sobre el estatus de la Ciudad Santa.
Desde el principio de la crisis sanitaria,
responsables palestinos afirman que la población de Jerusalén-Este,
sector palestino de la ciudad ocupado y anexionado por Israel, es
olvidada por las autoridades israelíes en sus esfuerzos por frenar la
propagación del virus. Por ello, Adnan Gheith, gobernador palestino de Jerusalén, y Fadi al Hadmi, ministro palestino de Asuntos de Estado, dicen haber intentado actuar para proteger a estos habitantes.
Sin
embargo, a principios de abril fueron detenidos durante 24 horas por
haber tratado, según ellos, de adoptar medidas, como llevar a cabo
operaciones de desinfección. Y esta semana la policía israelí cerró
una clínica de detección de la enfermedad covid-19 en Silwan, barrio
popular de Jerusalén-Este. La razón: estos tests fueron llevados a cabo
bajo la supervisión de la Autoridad Palestina, según la policía.
La propagación del coronavirus puede en efecto exacerbar las tensiones políticas en Jerusalén-Este, una de las zonas más afectadas por el virus,
y que este sábado registró su primera víctima mortal: una mujer de 78
años, Nawal Abu Al Homos, que murió en un hospital israelí de Jerusalén,
según el ministerio palestino de Salud.
En el centro de esta
polémica está el estatus mismo de Jerusalén, uno de los temas más
espinosos del conflicto israelo-palestino. Israel considera la ciudad
como su capital «indivisible» mientras que los palestinos esperan
convertir a Jerusalén-Este en la capital del Estado al que aspiran.
Ambas
partes se comprometieron a proseguir sus negociaciones sobre el estatus
de Jerusalén en el marco de los acuerdos de Oslo, que también
permitieron la creación de la la Autoridad Palestina. Hoy estas
conversaciones están en punto muerto y el gobierno palestino considera
que Gheith y Hadmi deben ejercer su autoridad en la parte este de la
ciudad. Pero los israelíes, por su lado, consideran a Jerusalén como
íntegramente bajo su jurisdicción. «Cualquier actividad de la Autoridad
Palestina no coordinada o aprobada por las autoridades israelíes, está
prohibida por la ley y la policía debe impedirla», insistió esta semana
el ministerio israelí de Seguridad Pública tras el cierre de la clínica
en Silwan.
Para la policía israelí «son infracciones reunirse con
directores de hospitales en Jerusalén, hablar con la prensa, exhortar a
la gente a quedarse en casa para luchar contra el virus», se lamenta
Fadi al-Hadmi. «Nuestro deseo es proporcionar ayuda a la población de
Jerusalén-Este, olvidada intencionalmente» por Israel, dice por su lado
Gheith.
En total, además de la mujer fallecida este sábado, al menos 81 casos de personas infectadas se han registrado en esta parte de la ciudad,
según el ministerio palestino de Salud. Israel ha implementado centros
de detección en los barrios palestinos de Jerusalén tras una orden de la
Corte suprema, a la que recurrió una ONG de defensa de derechos
humanos.
Ya desde antes de la covid-19, tanto Gheith como Hadmi
estaban acostumbrados a breves detenciones. En dos años, fueron
arrestados varias veces por actividades políticas «ilegales». Israel
lleva a cabo detenciones «para grabar en el espíritu de la población la
idea de que la ciudad está sometida a su autoridad«, opina Gheith. Desde 2001, Israel ha cerrado más de 80 instituciones palestinas en Jerusalén, dice.
Y
desde que Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel
en diciembre de 2017, poniendo fin a décadas de diplomacia
estadounidense y de consenso internacional, las autoridades han
acelerado sus esfuerzos para «impedir cualquier visibilidad a los palestinos en Jerusalén” agrega.
