El paro registrado en Hego Euskal Herria descendió el mes de diciembre en 2.678 personas, según los datos difundidos por el Ministerio de Empleo. Se cierra así el año con un total de 213.557 personas desempleadas. Sin embargo, en cómputo anual la cifra oficial de paro tan sólo se ha reducido en 5.305 personas, una disminución escasa y muy insuficiente si tenemos en cuenta que desde el inicio de la crisis alrededor de 112.000 personas se han incorporado a las colas del paro.
Todavía resulta temerario afirmar que la destrucción de empleo ha tocado fondo; sobre todo porque la amenaza de cierre y despidos planea sobre decenas de empresas. Sin embargo, resulta tanto o más preocupante la consigna impuesta por los poderes económicos y políticos: “crear empleo a costa de lo que sea”.
A juzgar por los resultados de otras fuentes estadísticas, más que crear empleo, estamos asistiendo a un empobrecedor reparto del empleo existe, a través de la extensión de la contratación a tiempo parcial.
El 93,6% de los contratos firmados en diciembre fueron temporales, y más del 41% de los contratos indefinidos fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Por tanto, aumenta el impacto del subempleo y la temporalidad, mientras que los reducidos salarios se rebajan todavía más. Estos son los rasgos que caracterizan la evolución más reciente del mercado laboral, alteran las relaciones laborales y empujan a la clase trabajadora de la precariedad a la pobreza.
Así se explica que cada vez sea más numeroso el colectivo de personas que, a pesar de tener empleo, se encuentran en situación de pobreza.
Pero en esencia la disputa continúa siendo la misma, ya que responde al conflicto de intereses entre el capital y el trabajo; es decir, entre una élite que pretende mantener sus privilegios frente a la mayoría de la población, gravemente perjudicada por sus decisiones.
Además, este empeoramiento de las condiciones laborales viene acompañado del progresivo debilitamiento del sistema de protección por desempleo, que hoy día deja desamparadas a cerca de 120.000 personas sin empleo ni prestaciones.
Actualmente, sólo una de cada cuatro personas en paro cobra una prestación contributiva, y el 55,5% no percibe ningún tipo de prestación por desempleo; mientras que hace un año el porcentaje de desprotección afectaba al 48,8% de la población desempleada. Por otro lado, la cuantía media de la prestación contributiva ha caído un 3,3%.
Frente a este panorama, nuestra máxima prioridad será la acumulación de fuerzas y la reconstrucción de la alianza de clase en torno a un proyecto de transformación social más justo y equitativo, pero en clave de soberanía y derecho a decidir.