La abdicación del rey es una prueba más de que el régimen de la transición se encuentra en crisis. Pero, lo que no está tan claro es que sea la Cultura de la Transición la que también esté en crisis. Lo podremos comprobar estos días, cuando escuchemos elogios y loas de los apologetas de la monarquía en los medios de comunicación del establishment. Escucharemos también a los partidos del régimen ‑PP y PSOE- ir de la mano alabando las virtudes del rey y, lo que es peor, vinculando monarquía y democracia. Oiremos a sus líderes y portavoces recordarnos la trascendencia de la figura del rey en la “reconciliación nacional”, su defensa de la democracia el 23‑F o el gran papel que cumple como “conseguidor” de negocios para empresas de capital español. Les escucharemos decir que se cumplirán las previsiones constitucionales y que la sucesión, como la transición, será “modélica”. Todo ello, Cultura de la Transición en estado puro.
Pero no les escucharemos relatar los detalles de esa monarquía cuyo timbre de “legitimidad” proviene de la legislación franquista. Se ocultará el hecho de que el todavía monarca juró dos veces los principios fundamentales del movimiento nacional: una, en 1969, cuando Franco le designó sucesor en la jefatura del Estado; y dos, en 1975, tras la muerte del dictador, en el momento de acceder a la corona. Y se ocultará también que, en consonancia con lo anterior, el rey ni siquiera consideró oportuno jurar o prometer la Constitución cuando esta fue aprobada.
En los publirreportajes a los que asistiremos estos días no se contará que el mantenimiento de la monarquía fue una de las “líneas rojas” del proceso de transición, pilotado desde sectores de la propia dictadura. Tampoco se recordará que se impidió presentarse a las elecciones de junio de 1977 ‑las que dieron lugar a las cortes que aprobaron la Constitución- a los partidos que no renunciaran expresamente a la ideología republicana. Eso sí, se insistirá hasta la saciedad en caracterizar la actuación del rey durante la transición como imparcial, objetiva e independiente. Todo lo contrario. No sólo porque en ningún momento puso su cargo a disposición de la ciudadanía para que esta se pronunciase sobre la continuidad o no de esa monarquía sucesora de la dictadura, sino porque además durante aquel período reinó y gobernó para mantener su privilegiado estatus.
Se intentarán borrar de la memoria colectiva las imágenes del monarca al lado de Franco o sus declaraciones ‑nunca críticas- sobre la figura del dictador. Se esconderá el comunicado que la Casa del Rey emitió el 18 de julio de 1978: “Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración”. Releer y volver a escuchar estas declaraciones refuerza la tesis ‑afortunadamente, cada vez más extendida en la sociedad española; sobre todo, entre la gente más joven- de que el resultado de la transición estaba predeterminado desde un principio, impidiéndose así un verdadero proceso constituyente y un corte radical con el franquismo.
Tampoco se recordarán los siniestros detalles de lo sucedido los días previos al golpe del 23‑F. Por ejemplo, la ambigüedad del monarca durante las primeras horas de la asonada militar; las relaciones entre el rey y uno de los cabecillas, el general Alfonso Armada, su persona de confianza durante muchos años; o el porqué del nombramiento de Armada como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército días antes del golpe. Un consumado golpista condenado a 30 años de reclusión mayor, de los que finalmente no llegó a cumplir ni siquiera un tercio al ser indultado por el gobierno socialista de Felipe González en 1988. Todos estos aspectos serán silenciados en la biografía oficial del monarca.
Asimismo, lo que no escucharemos de boca de los líderes de los partidos del régimen ‑de la “casta”, utilizando la palabra de moda- es la petición de dar la voz y la palabra a la ciudadanía. Que sea la gente quien decida qué modelo de jefatura de Estado quiere para este país: monarquía o república. Aunque la Constitución carece de mecanismos para preguntar de forma vinculante a la ciudadanía sobre esta cuestión, debido al rechazo que en el constituyente de 1978 generaba la democracia directa, sí existe una forma de saber la voluntad ciudadana al respecto. Es el art. 92 del texto constitucional, que habilita al presidente del Gobierno para proponer referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia; y esta, no cabe duda de que lo es. Aunque no vinculante, utilizar este instrumento serviría para conocer de primera mano el sentir y voluntad de la ciudadanía. ¿No era esto la democracia?
Es altamente improbable que Mariano Rajoy ponga en marcha este mecanismo. Y es muy probable que en este punto cuente, de nuevo, con el apoyo del PSOE. Los partidos del régimen saldrán en su defensa, encarnada ahora en la figura del monarca y en la institución de la monarquía. Pero ello no es óbice para que no exijan este referéndum las fuerzas políticas de la izquierda transformadora, las que vienen reclamando un proceso constituyente para este país. El silencio sobre esta petición, el rechazo a la democracia real, es también Cultura de la Transición. Por tanto, mientras no se formalice ese referéndum que escuche al pueblo, no podremos decir que la transición y su cultura política hayan llegado a su fin. Más bien al contrario. Seguirá en pie.
