Ucrania se ha convertido en polígono de lucha entre grupos de poder que defienden intereses que poco o nada tienen que ver con las aspiraciones más legítimas del pueblo ucraniano.
Más allá de lo aparente, si se examina con detenimiento la confrontación entre los grupos que representan los intereses económicos de Europa Occidental y aquellos asociados más estrechamente con la economía rusa, esta pugna ha derivado en un golpe de estado a favor de los primeros, que lograron movilizar el descontento de una parte de la población del país con fuerzas encabezadas por partidos de ultraderecha y la activa participación de bandas mercenarias de ideología fascista.
Todo esto ocurre en un contexto de históricas tensiones nacionalistas subyacentes que no pueden ignorarse, pero donde la verdadera raíz de los conflictos actuales se remonta a las consecuencias económicas del derrumbe de la URSS y a la transición a un capitalismo neoliberal, que está en la base de los problemas que enfrenta Ucrania actualmente.
Efectivamente, en ese doloroso proceso Ucrania fue uno de los países más golpeados, registrando una caída del 65% de su PIB entre 1989 y 1999, con un crecimiento sistemático de la inflación, que alcanzó un 36,5% anual entre 1995 y el 2004. Luego de una efímera recuperación, la economía fue impactada por la crisis actual registrando una caída del 14,8% del PIB en el año 2009, la mayor contracción de toda la Comunidad de Estados Independientes que agrupa a 11 antiguos miembros de la URSS.
Más recientemente la economía solo ha alcanzado crecer un 10,2% entre el 2010 y el 2013, no logrando recuperarse aún del impacto de la crisis, además de permanecer a niveles que aún no recuperan los de 1989. Este deterioro ha conllevado un fuerte desbalance financiero externo, con saldos negativos de cuenta corriente en torno al 8% del PIB, a lo que se suman déficits presupuestarios superiores al 4% desde el 2012.
De tal modo, el país ha sufrido un fuerte proceso de endeudamiento y solamente en los últimos cuatro años la deuda externa creció más de 36,000 millones de dólares, alcanzando en el 2013 140,000 millones, lo que representa alrededor del 80% de su PIB.
Con la aplicación de medidas de ajuste –que a criterio del FMI y la
Unión Europea (UE) resultaban insuficientes- y habida cuenta de su elevada vulnerabilidad externa, los sucesivos gobiernos del país han recibido fuertes presiones para acelerar este proceso, que encontraron eco en dirigentes más dóciles a los dictados de Occidente. Esto llevó a la llamada Revolución Naranja, que en el 2004 impugnó la victoria electoral de Viktor Yanukóvich y logro imponer a la favorita neoliberal Yulia Timoshenko, que gobernó como primera ministra entre el 2007 el 2010.
Precisamente durante ese período el FMI otorgó al país un crédito por 16,500 millones de dólares. Sin embargo, con la elección de Yanukóvich como presidente en febrero del 2010, un nuevo préstamo de 15,000 millones del propio organismo fue congelado.
De otra parte, Ucrania ha sido también muy dependiente energéticamente, ya que produce solamente un 25% del gas que consume, siendo suministrado un 35% por Rusia y un 40% por países de Asia Central.
Rusia igualmente ha presionado también país durante años mediante las tarifas energéticas, generándose una importante deuda por este concepto. Igualmente en fechas más recientes han existido intensas gestiones para incorporar a Ucrania a la Unión Aduanera que integran Rusia, Kazajstán y Bielorrusia, con el posible ingreso de Armenia este año.
En un cálculo que trató de lograr la variante más redituable para salvar la crisis, durante el 2013 la administración de Yanukóvich gestionó el posible ingreso de Ucrania a un Acuerdo de Asociación con la UE, para lo cual los socios comunitarios estaban dispuestos a compensar solamente con 1,000 millones de dólares las posibles pérdidas del país por su alejamiento del mercado ruso, adonde iba a parar el 25% de las exportaciones del país. Sin embargo ese acuerdo suponía el libre comercio con la UE lo que se traduciría en el desplazamiento de los productos de Ucrania dada su baja competitividad, con las enormes pérdidas que consecuentemente se registrarían.
La decisión adoptada por el gobierno ucraniano el 21 de noviembre pasado rechazando ese acuerdo fue el factor que desataría las protestas de los interesados en el acercamiento a Europa, lo que unido al estallido de otras tensiones internas subyacentes, condujo a la compleja situación actual.
Frente a esta coyuntura, el 17 de diciembre el gobierno ruso otorgó un crédito de 15,000 millones de dólares y la rebaja del 33% en las tarifas del gas, decisiones que fueron suspendidas con el golpe de estado y que colocan a Ucrania en una situación cercana al default financiero actualmente.
Los nuevos gobernantes que tomaron el poder tras el golpe de estado, han referido que el país requiere así una inyección de 35,000 millones de dólares entre el 2014 y el 2015 para hacer frente a sus obligaciones financieras. No obstante, la respuesta de la UE y el FMI ha sido muy cautelosa no avalando de momento esa cifra y poniendo como condición que cualquier financiamiento tendría que cumplir con los programas de ajuste propugnados durante años.
De este modo la actual coyuntura económica se describe por algunos economistas de derecha como Anders Aslund, como la supuesta oportunidad para poner en orden la economía del país reduciendo gastos sociales, eliminando subsidios, congelando salarios, liberalizando precios y abriendo el país a la inversión extranjera, entre otras medidas del recetario neoliberal.
Ciertamente ni el gobierno de Viktor Yanukóvich, ni el de su predecesora Yulia Timoshenko tuvieron éxito en desarrollar los cambios estructurales requeridos para que la economía ucraniana pudiera crecer de manera estable y recuperar siquiera el nivel del PIB que tuvo en 1989.
Adicionalmente las sucesivas administraciones que han gobernado el país han sido impugnadas por acusaciones de corrupción. En ese sentido la propia Yulia Timoshenko resultó procesada y encarcelada por manejo inapropiado de los fondos públicos y también se ha acusado a Víktor Yanukóvich por la malversación de unos 12,000 millones de dólares. Es así que Ucrania ocupa el lugar 29º entre los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción que calcula la ONG Transparency International.
Desde otra perspectiva, la dirección adoptada por el actual gobierno ucraniano está enfilada claramente contra Rusia, no solamente por lo que puede significar su declarada voluntad de acercamiento a la UE y a Estados Unidos, sino también por el efecto que tiene sobre los empresarios rusos. Al respecto, vale la pena recordar que el grueso del gas que Rusia exporta a Europa pasa por gasoductos ucranianos y ya la incertidumbre que comienza a abrirse paso se refleja en las caídas en la bolsa de las acciones de compañías como GAZPROM.
Realmente los acontecimientos por venir pueden llevar a una confrontación que conduzca a lo que algunos analistas han llamado como la II Guerra Fría o incluso al desmembramiento del país en medio de una guerra civil.
Si estos escenarios terribles llegaran a materializarse, un observador imparcial tendría que reconocer que fueron los impactos de la aplicación de políticas neoliberales en Ucrania por más de 20 años los que han creado las condiciones de enorme vulnerabilidad externa que hoy sufre el país y que se encuentran en los orígenes de los acontecimientos actuales, por más que la propaganda se empeñe en no reconocerlo así.
