Los días 1 y 2 de Febrero se ha cumplido un nuevo aniversario del asesinato a mano de grupos fascio-parapoliciales de dos ciudadanos vascos: Yolanda González Martin, joven vecina de Deustu asesinada en Madrid el 1 de Febrero de 1980, y Jesú Mari Zubikarai Badiola, «Jhisa», joven vecino de Ondarru asesinado al día siguiente. En ambos casos el BVE (Batallón Vasco Español) reivindicaría los crímenes.
El asesinato de estos dos jovenes viene a desmentir, junto con otros crímenes, el mito de la «transición española» pacífica en realidad un periodo de gran violencia estatal y paraestatal contra los sectores populares. Crímenes como los cometidos contra Yolanda y «Jhisa» no hacen más que subrayar, junto con otras decenas de muertos y heridos, la gran mentira de la historia oficial que sobre la Transición han venido manteniendo durante décadas los que amañaron aquella gran trampa: los poderes del Estado ‑aquellos famosos «poderes fácticos»-, los franquistas maquillados de AP y los posibilistas de la derecha de UCD, junto a los tambien posibilistas del PSOE y el PCE.
La estretegia de asesinatos de militantes populares o personas cercanas a la izquierda ‑entre ellos los dos que en estos días recordaremos nuevamente- esta totalmente ligada al cambio histórico: se disparan tras la muerte de Franco, se incrementan antes de la toma de decisiones políticas decisivas y descienden bruscamente cuando se da por zanjado el proceso democrático. Esto que decimos queda por ejemplo reflejado en las cifras aportadas por el periodista y escritor Mariano Sánchez Soler: entre 1975 y 1983, se produjeron 591 muertes por violencia política. Nada menos que 188 de los asesinados, los menos investigados, entran dentro de lo que el autor denomina violencia política de origen institucional. “Son los actos desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado. Pongo un ejemplo: al estudiante Arturo Ruiz lo mató en 1977 un miembro de los guerrilleros de Cristo Rey de los que ayudaban a la policía a reprimir las manifestaciones. Es lo que entonces se llamaban grupos de incontrolados”, explica.
Asimismo los autores de muchos de esos crímenes, los famosos «incontrolados», término este que no es nada inocente. “La Audiencia Nacional limitó su alcance político al calificarlos como grupos no adscritos, pese a que eran organizaciones con nombres, siglas y objetivos muy claros: Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS o Hermandad de la Guardia de Franco, entre otras”, cuenta Sánchez Soler.
Una de las consecuencias del mantenimiento pactado de ciertos aparatos e instituciones del antiguo régimen ‑pacto al que tambien contribuyeron los partidos de la izquierda mayoritaria que nunca exigieron la depuración de los aparatos del reégimen franquista- fue que “en los casos Atocha, Montejurra, Arturo Ruiz y Yolanda González no se investigara la participación directa de funcionarios del Estado o sus conexiones con algunos de los procesados”, explica este periodista, para el que la violencia política institucional fue “un arma instrumentalizada para garantizar los pactos entre la derecha posfranquista en el poder, que la utilizó como contrapeso para controlar el proceso, y la oposición de izquierdas”.
La conflictividad social es otra de las claves de la carnicería. En el año 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones en España, el 76% del total. Había que controlar las calles. “El orden público fue un factor determinante de la Transición. Sirvió para frenar a la izquierda, que entró en el juego y renunció a las calles, donde se producían las reivindicaciones más fuertes. El cambio del franquismo a la democracia debía hacerse con el menor coste político y económico”, explica.
El mito de la Transición maravillosa como proceso político a exportar se desmorona. “Los hechos lo desmienten tajantemente. Es propaganda pura y dura. Ya es hora de que nos preguntemos por qué las transiciones a la democracia de, por ejemplo, Portugal y Grecia tuvieron muchas menos víctimas que la española”, zanja.
Esto es algo que estos días, en el aniversario de Yolanda y «Jhisa» volveremos a recordar de nuevo, señalando a los responsables de su asesinato, pero tambien a los responsables de la impunidad para los criminales que hasta hoy día sigue manteniendose.
El asesinato de estos dos jovenes viene a desmentir, junto con otros crímenes, el mito de la «transición española» pacífica en realidad un periodo de gran violencia estatal y paraestatal contra los sectores populares. Crímenes como los cometidos contra Yolanda y «Jhisa» no hacen más que subrayar, junto con otras decenas de muertos y heridos, la gran mentira de la historia oficial que sobre la Transición han venido manteniendo durante décadas los que amañaron aquella gran trampa: los poderes del Estado ‑aquellos famosos «poderes fácticos»-, los franquistas maquillados de AP y los posibilistas de la derecha de UCD, junto a los tambien posibilistas del PSOE y el PCE.
La estretegia de asesinatos de militantes populares o personas cercanas a la izquierda ‑entre ellos los dos que en estos días recordaremos nuevamente- esta totalmente ligada al cambio histórico: se disparan tras la muerte de Franco, se incrementan antes de la toma de decisiones políticas decisivas y descienden bruscamente cuando se da por zanjado el proceso democrático. Esto que decimos queda por ejemplo reflejado en las cifras aportadas por el periodista y escritor Mariano Sánchez Soler: entre 1975 y 1983, se produjeron 591 muertes por violencia política. Nada menos que 188 de los asesinados, los menos investigados, entran dentro de lo que el autor denomina violencia política de origen institucional. “Son los actos desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado. Pongo un ejemplo: al estudiante Arturo Ruiz lo mató en 1977 un miembro de los guerrilleros de Cristo Rey de los que ayudaban a la policía a reprimir las manifestaciones. Es lo que entonces se llamaban grupos de incontrolados”, explica.
Asimismo los autores de muchos de esos crímenes, los famosos «incontrolados», término este que no es nada inocente. “La Audiencia Nacional limitó su alcance político al calificarlos como grupos no adscritos, pese a que eran organizaciones con nombres, siglas y objetivos muy claros: Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS o Hermandad de la Guardia de Franco, entre otras”, cuenta Sánchez Soler.
Una de las consecuencias del mantenimiento pactado de ciertos aparatos e instituciones del antiguo régimen ‑pacto al que tambien contribuyeron los partidos de la izquierda mayoritaria que nunca exigieron la depuración de los aparatos del reégimen franquista- fue que “en los casos Atocha, Montejurra, Arturo Ruiz y Yolanda González no se investigara la participación directa de funcionarios del Estado o sus conexiones con algunos de los procesados”, explica este periodista, para el que la violencia política institucional fue “un arma instrumentalizada para garantizar los pactos entre la derecha posfranquista en el poder, que la utilizó como contrapeso para controlar el proceso, y la oposición de izquierdas”.
La conflictividad social es otra de las claves de la carnicería. En el año 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones en España, el 76% del total. Había que controlar las calles. “El orden público fue un factor determinante de la Transición. Sirvió para frenar a la izquierda, que entró en el juego y renunció a las calles, donde se producían las reivindicaciones más fuertes. El cambio del franquismo a la democracia debía hacerse con el menor coste político y económico”, explica.
El mito de la Transición maravillosa como proceso político a exportar se desmorona. “Los hechos lo desmienten tajantemente. Es propaganda pura y dura. Ya es hora de que nos preguntemos por qué las transiciones a la democracia de, por ejemplo, Portugal y Grecia tuvieron muchas menos víctimas que la española”, zanja.
Esto es algo que estos días, en el aniversario de Yolanda y «Jhisa» volveremos a recordar de nuevo, señalando a los responsables de su asesinato, pero tambien a los responsables de la impunidad para los criminales que hasta hoy día sigue manteniendose.
