A lo largo de estos meses la actividad política y social de Jon, Goizane, Zumai, Anton, Jagoba, Nestor, Bittor, Ion, Pou y Aitor está siendo juzgada en la Audiencia Nacional de Madrid, junto a la de 66 personas más. En tribunales de excepción, bajo leyes de excepción. Se enfrentan a penas de años de cárcel, en base a declaraciones policiales obtenidas bajo tortura en 9 de los 10 casos. Antes también fueron encarcelados Txema, Ekaitz, Jorge, Maite y otras muchas. En los próximos meses y años deberán realizar el mismo viaje penitente a Madrid Lourdes, Aiala, Ruben, Maria Felisa… 37 personas vecinas de Gasteiz en total, más de trescientas en todo Euskal Herria. Esto a día de hoy, ya que mientras las políticas de excepción continúen vigentes, nuevos nombres seguirán sumándose a esta macabra lista irremediablemente.
Goizane y Pou además, se encuentran encarcelados. Después de tres meses ocultos, pero muy presentes, este sábado forzaron su detención dando por finalizada su dinámica desobediente. Arropados entre muestras de cariño y rabia de cientos de gasteiztarras. En medio de una de las calles más concurridas del centro de Gasteiz cortada al tráfico y repleta de policías armados decididos a hacer cumplir las órdenes de la Audiencia Nacional. Visibilizando así la guerra diaria que se práctica contra nuestros vecinos y nuestros derechos, pero que pretenden mantener oculta y silenciosa. Un saludo especial para los dos, maite zaituztegu!
Se han dado distintos pasos encaminados a convertir en pasado este presente de injusticia, tanto en Euskal Herria como aquí, en Gasteiz: Dando a conocer esta realidad, mediante movilizaciones, visibilizando y organizando tanto nuestro cariño hacia las personas imputadas como los dolores que nos genera la represión de que son objeto, desobedeciendo. Todo con el objetivo de acabar con las políticas de excepción, con los tribunales y las leyes de excepción. Tenemos dos principales argumentos por base:
En primer lugar, todas estas medidas de excepción son estructuralmente vulneradoras de nuestros derechos civiles y políticos. Nos niegan las herramientas que nos son imprescindibles para mostrar nuestra disconformidad frente a las políticas que aplican administraciones y gobiernos o para trabajar por las nuevas realidades que soñamos: derecho a movilizarse, a la libre expresión, a organizarse… Lo decimos nosotras, pero también el Defensor del Pueblo, o Amnistía Internacional, o el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, o el Comité de Derechos Humanos de la ONU por ejemplo. Además, no contentos con mantener las viejas medidas de excepción, desarrollan nuevas y más restrictivas. Es el caso del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, dirigida explícitamente contra las formas de reivindicación que ha desarrollado el movimiento asociativo los últimos años. Son los derechos de todas y todos, defendámoslos conjuntamente, para que cada cual haga uso de ellos a favor de los objetivos que considere oportunos.
En segundo lugar. Esto es injusto de por sí, ayer, hoy y mañana. Si hablamos de derechos, no podemos condicionar su respeto a la coyuntura política. Pero es cierto que quienes desarrollaron o aceptaron todas estas medidas, lo hicieron argumentando su necesidad respondiendo a un contexto político concreto. Desde este último punto de vista también, ¿a qué necesidad responden, hoy y aquí, las políticas de excepción? Cuando asistimos a las mejores condiciones en muchos años de cara a resolver tantos años de conflicto, desde algunas trincheras se ponen más impedimentos que nunca; cuando parecería que vivimos tiempos adecuados para ir vaciando las cárceles, hay quien hace todo lo posible por llenarlas aún más.
La coincidencia con una sola de estas dos razones sería motivo suficiente para solidarizarse con las personas imputadas y para, dando un paso más, pasar de la solidaridad al compromiso. Nuestro pueblo, nuestra ciudad, necesita de compromisos amplios, firmes y diversos. La cadena humana que entrelazaremos el 25 de enero, es una propuesta para tratar de canalizar los compromisos individuales y colectivos de nuestra ciudad.
También supone un reto. Necesitamos al menos 3000 personas para conectar los Juzgados de Vitoria, el Parlamento, la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento y la plaza de los Fueros. 3000 metros, 3000 personas, 3000 pasos de la solidaridad al compromiso. Frente a los Juzgados, exigiremos a la ley que derogue los tribunales y las leyes de excepción y actúe a favor de la Justicia y contra la tortura; al Parlamento le pediremos que no se apliquen medidas de excepción en los territorios bajo su administración, invitándole a que convierta en compromiso la solidaridad que ha mostrado en varias ocasiones a las personas imputadas; frente a la Subdelegación del Gobierno exigiremos la derogación de las políticas de excepción y el respeto de nuestros derechos civiles y políticos; en la Plaza Nueva recordaremos al Ayuntamiento que también es labor suya proteger a sus vecinos y vecinas ante las injusticias.
Y, para finalizar, reunidas en la Plaza de los Fueros, la interpelación más importante. Nos diremos a nosotras mismas que la responsabilidad es nuestra, de las personitas de a pie. Que si llega el día en que los juzgados actúen a favor de la Justicia, en que el Parlamento sea una garantía para el respeto de nuestros derechos, en que no recibamos vulneraciones de derechos desde la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento proteja a sus vecinos y vecinas, que si todo se cumplirá será gracias a que la suma de nuestros compromisos realiza la presión social suficiente.
El 25 de enero, el muro popular en contra de las políticas de excepción y a favor de las personas imputadas tomará forma de cadena humana. Si la solidaridad es la ternura de los pueblos, el compromiso es su determinación. Hagamos desaparecer de una vez por todas las políticas de excepción, revivamos nuestros derechos civiles y políticos. El 25 de enero, demos el paso de la solidaridad al compromiso.
