Intervención de Bea Martxueta, secretaria de politicas sociales de LAB
Las políticas actuales para la gran mayoría suponen pobreza, precariedad, exclusión social, desahucios… y, para una minoría financiera, negocio redondo
«La situación en las que nos encontramos es muy grave, gravísima. Y, esta situación, es resultado de las políticas de empobrecimiento que se están imponiendo. Políticas de destrucción de empleo, de desmantelamiento del sistema de protección social, políticas de vivienda basadas en la especulación que han convertido la vivienda en un negocio privado…
Las consecuencias de estas políticas tienen dos caras: para la gran mayoría suponen pobreza, precariedad, exclusión social, desahucios… y, para una minoría financiera, negocio redondo. Mientras el sector bancario recibe dinero público, dinero que está hipotecando el futuro del sistema público, las personas que compraron viviendas a precios desorbitados están siendo deshauciadas, y miles de personas siguen sin poder acceder a una vivienda.
Es urgente cambiar estas políticas. Las instituciones deben adoptar medidas que resuelvan de raíz esta situación. El derecho a la vivienda no puede seguir siendo elemento para el negocio de los bancos, porque el resultado lamentablemente ya lo conocemos.
Y, las medidas adoptadas ayer en Madrid, no cambian absolutamente nada. Es clarificador lo que está pasando con este asunto. La Banca dice lo que hay que hacer dos días antes, y el Gobierno se limita a redactarlo. Consideramos que estas medidas, responden a una campaña de marketing con la que el Gobierno ha querido ganar tiempo, protegiendo a la Banca y a sus intereses; y además creemos que son meros parches, que no resuelven el problema porque ni tocan la Ley hipotecaria y siguen garantizando que la Banca se quede con la propiedad de la vivienda. La paralización de los deshaucios sólo se da en casos muy concretos. La cuestión es que el deshaucio se atrasa, los intereses de usura continuan, pero la expropiación acabará dándose. Y con la excusa de dedicar la vivienda expropiada a alquiler social, se garantiza que esa vivienda pase a manos de la banca y nos preguntamos si para el caso de estos alquileres sociales, se costeará con dinero público.
Hay que cambiar el sistema de raíz. Las instituciones deben de elaborar políticas de vivienda que acaben con el monopolio de la Banca y que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda. Políticas en las que, por ejemplo, el dinero público se dedique a la promoción directa de vivienda pública en alquiler social, garantizando así el aprovechamiento de los recursos públicos, donde haya tolerancia cero con los deshaucios o donde la gestión del suelo esté socialmente controlada para que se asegure su empleo en función del interés social. En definitiva, políticas donde el dinero público se destine a garantizar el interés de la mayoría.
Por lo tanto, exigimos que aquí y ahora, se adopten con urgencia políticas que garanticen este derecho. Que dejemos de mirar a Madrid, y que desde las instituciones y sector público vasco se garantice el acceso a la vivienda de todas las personas, dejando de ser un bien especulativo.
Y, en este sentido, es más necesario que nunca una Banca pública vasca. El modelo de privatización de cajas en favor de un Kutxabank privado qe están imponiendo PNV y PP será un nuevo mazazo contra la población, que empeorará el problema de la vivienda. Debemos dotarnos de una banca pública vasca como instrumento de socialización del crédito y el ahorro vasco, que participe activamente en el desarrollo del tejido productivo, la creación de empleo y una red pública de viviendas de alquiler. »
