Según los datos de los Servicios Públicos de Empleo, el pasado mes de febrero el paro registrado en Hego Euskal Herria aumentó en 5.258 personas, lo que supone un 2,6% más que en enero y eleva a 211.274 el número oficial de personas en paro.
En todo caso, debemos señalar que el colectivo de jóvenes menores de 25 años ha sido el más castigado, al registrar un incremento del 6,2% con respecto al mes anterior. Con este ya son siete meses consecutivos de subidas, y en la actualidad hay 20.000 personas más en paro que hace un año.
El rebrote del paro está siendo especialmente intenso en este comienzo de año por la recaída que ha sufrido la actividad económica, como demuestra también el número de personas afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo, que se ha disparado en Euskal Herria.
Pero el debilitamiento de la economía es generalizado en toda la Unión Europea, y podemos asegurar que dicha evolución no es ajena a las políticas y programas de reformas acordadas en el seno de las cumbres comunitarias.
Hoy mismo, 25 de los 27 estados miembros de la UE han firmado un tratado para consagrar las políticas de austeridad y prohibir el déficit público por mandato constitucional. En esta materia el Estado español ha demostrado ser un socio aplicado y ya tiene los deberes hechos.
Sin embargo, cada vez resulta más complicado ocultar que la aplicación de estos severos recortes presupuestarios están hundiendo la economía en una segunda recesión. Como consecuencia de ello los ingresos fiscales se han desplomado y los desequilibrios entre ingresos y gastos públicos, lejos de corregirse, se han agravado.
Por otro lado, todavía está por ver cuál será la dimensión del impacto que tendrá la reciente reforma laboral en la destrucción de empleo. Pero la inmensa mayoría de analistas asegura que acelerará los despidos y retraerá el consumo de los hogares. Por lo tanto, se dan todas las circunstancias para que en los próximos meses se produzca un recrudecimiento de la crisis y del desempleo.
Entre las medidas más agresivas incluidas en la reforma laboral del PP cabe destacar que facilita el despido y abarata su coste, fomenta la contratación precaria con despido libre y sin indemnización, y posibilita la reducción salarial y el incumplimiento de los convenios por decisión unilateral de la empresa.
En definitiva, es evidente que las decisiones adoptadas por los gobiernos europeos no tienen como prioridad salir de las crisis, sino fijar las condiciones de como vamos a salir de la misma. En este sentido no cabe duda que su objetivo consiste en reestructurar el sistema capitalista para impulsar la competitividad empresarial a costa de las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora, y reducir la intervención del sector público en la economía. En definitiva, se están sentando las bases para reforzar un modelo de reparto de la riqueza más favorable a los intereses del capital.
