| escrito por Resumen Latinoamericano | |
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Primero en Diputados (foto) y luego en Senadores, la polémica ley antiterrorista se aprobó con el voto de muchas victimas de la dictadura. Ley antiterrorista altera sintonía entre gobierno y activistas BUENOS AIRES, 22 dic (IPS) – Una ley aprobada en la madrugada de este jueves 22 en Argentina para castigar delitos de terrorismo fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y juristas, que temen que la norma sirva para criminalizar la protesta social. El Poder Ejecutivo envió el proyecto de reforma del Código Penal al parlamento bajo amenaza de sanciones del Entidades de derechos humanos habían cuestionado la iniciativa enviada por el gobierno de Cristina Fernández a la Cámara de Diputados, y lograron la incorporación de un párrafo que, supuestamente, evitaría sanciones a movimientos sociales. Pero los cambios no conformaron. La ley incrementa penas mediante conceptos considerados muy abstractos y que carecen del rigor que exige el Código Penal para su correcta y justa aplicación, han dicho juristas. El artículo 41 de la reforma incorpora así la figura de terrorismo: «Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo». En respuesta a las críticas, se añadió otro párrafo indicando que «las agravantes previstas no se aplicarán cuando el o los hechos tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional». Para el abogado Alan Iud, de la «Muchos conflictos se expresan hoy en el marco de usurpaciones, a veces con daños a la propiedad o con restricción a la circulación de personas, y esas manifestaciones pueden ser castigadas con esta norma», alertó. Iud consideró que, si bien el actual gobierno manifiesta voluntad de no criminalizar la protesta social, «no perdemos de vista que los que aplican la ley son los jueces y muchos creen que el sistema penal debe perseguir esas protestas», advirtió. La sanción de las reformas perturba la sintonía que ha sido tónica de las relaciones entre las organizaciones de derechos humanos y el gobierno desde que este resolvió, El no gubernamental Le siguió la Asociación por los Derechos Civiles, que recordó que el uso de un lenguaje excesivamente abstracto «no se condice con los requisitos de precisión y claridad en materia penal que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos». La norma tampoco cuenta con la aprobación del magistrado Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien la calificó como «una extorsión» del GAFI en una entrevista con una radioemisora de la central provincia de Córdoba. Ese foro había reclamado a Argentina resolver «urgentemente» las presuntas «deficiencias de su régimen de lucha contra el lavado y el financiamiento al terrorismo», y el Ministerio de Justicia se comprometió a hacerlo antes de febrero. Zaffaroni subrayó que el GAFI «es un organismo de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas». Respecto del delito de terrorismo, el jurista sostuvo que «en Argentina, la muerte de una sola persona con un medio capaz de causar grandes estragos tiene pena perpetua en nuestro código desde hace 90 años». Y los delitos de financiación al terrorismo están contemplados en figuras ya existentes en el Código Penal, añadió. Legisladores opositores también criticaron la ley. La diputada Liliana Parada, del Frente Amplio Progresista, sostuvo que puede ser aplicada contra campesinos o pueblos originarios que exigen acceso a la tierra. Otros posibles afectados serían poblaciones que rechazan la instalación de minas a cielo abierto u otras industrias que contaminan, dijo Parada, quien citó el caso de Chile, donde una El Poder Legislativo también aprobó una ley que incorpora delitos económicos y financieros para prevenir el lavado de activos, una figura que se había incluido en el Código Penal a mediados de este año. La nueva norma penaliza, por ejemplo, acciones destinadas a afectar el orden económico o financiero. La ley crea también los delitos de uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa, la captación fraudulenta de ahorros públicos, el cohecho financiero y la manipulación de valores negociables. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Suena un poco inocente que algunos Diputados progresistas (los de Nuevo Encuentro) digan (Carlos Heller con Aliverti el sábado 17⁄12) que “la votaron porque a cambio de esto lograron negociar que se incluya en el texto un párrafo que dice: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. ¡Lástima que si el Juez te la aplica, un derecho Constitucional como cuestión de fondo, lo define solo la Corte Suprema y para quedar libre te podés comer, a los ritmos de la justicia argentina 4 o 5 años para llegar a esa instancia… Por lo que este funesto instrumento – con o sin este simpático agregado – le está brindando a los señores que quieren mantener el status quo un instrumento que va a elevar al infinito la criminalización de la protesta… ¿Solo es por el GAFI… No?En los últimos 15 días, el 99,9% de la dirigencia gremial argentina: encabezada por Moyano, Yasky, y la dirigencia de ATE y coincidiendo con la preocupación generalizada de la militancia a nivel de C. Internas, sindicatos de base y agrupaciones, han coincidido en reclamarle al Gobierno que “DEJE DE HACER” un techo en las paritarias y que “HAGA” una reforma impositiva que deje de considerar ganancia al salario, entre otras «cositas»… Y es de prever, que tales manifestaciones preanuncian una significativa cantidad de conflictos gremiales que estarán alcanzados por los términos del Art. 41 de la flamante Ley Antiterrorista, impulsada por el FPV “para cumplir con las exigencias del G20”. Ni hablar de los auto convocados de La Rioja, a los que la Barrick los ha estado espiando: Se manifestaron reclamando que su Gobierno “DEJE DE HACER” un desastre para su salud (y la de todos los habitantes de la cuenca que nace en Famaillá…) ¿Se les aplicará el instrumento funesto, al auto convocarse cortando una calle? A los Qom, la Corte – que los va a recibir en estos días – podría aplicarles la flamante Ley y en la audiencia dejarlos presos: Ya que han resistido por décadas el embate del Gobierno provincial, reclamándole con su heroica persistencia que “DEJE DE HACER” asesinatos de sus fuerzas “de seguridad” para presionarlos al servicio de un puñado de empresarios sojeros… ¿Y los docentes de la CABA? Que vienen parando sistemáticamente para que Macri “DEJE DE HACER” una reforma a sus sistema de evaluación profesional? Y la lista se eleva al infinito… Lamentablemente se está legislando a la medida de la baja de las condiciones de vida populares, de la Barrick, de los empresarios sojeros y los Gobiernos elitistas…Criminalización que actúa para parar la resistencia concreta a una medida o para impulsar un cambio determinado, que a los afectados – casi siempre mayoritarios – les urge… Un funesto antecedente de instrumentos legales que no se usan ya… Pero…Estamos ante un Gobierno que ha venido (y continua en general: Ver ley de tierras, el estatuto del peón…) con un rumbo progresista. Que se ha negado a implementar la represión sistemática, desarmando algunos instrumentos como la Policía Federal, armados para tal fin. Que ha metido presos a algunos de los asesinos sociales, como a Pedraza… Por lo que podríamos otorgar a favor de algunos de los “inocentes” que se están penalizando retrospectivamente y a futuro, que no lo quisiesen aplicar… Pero crean el instrumento… Algunos todavía se deben acordar de cómo los peores criminales de lesa humanidad se escudan aún en los juicios que los mete a la cárcel como debe ser, diciendo que ellos aplicaron un decreto de un Gobierno Constitucional: El de Isabel, ordenando “exterminar a la subversión”… ¿Se imaginan como se usaría esta ley antiterrorista en un gobierno de la derecha?… Finalmente me despido diciéndoles aquello que canta Silvio: |
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