Elecciones generales a la vista. Dos son los candidatos con opciones en el sistema bipartidista encubierto español. El dato: ambos ex ministros de Interior. Nadie se atreverá a considerar el hecho casual. Menos aún irrelevante.
Es sintomático que en el Estado español el currículum mejor valorado para optar a presidente sea haberse situado al mando de la tropa. No de la que actúa contra enemigos extranjeros en gloriosas guerras lejanas. Ese otro ejército de uniformados dedicados a mantener a raya a la ciudadanía dentro de casa. Cierto que no es difícil tener mejor valoración que quienes hayan ocupado ministerios de Economía, Cultura o de Asuntos Sociales, pero no deja de ser demostrativo del nivel sociopolítico que un estado deba regirse por quienes ostentaron responsabilidades en el control interno del país, al mando de sus aparatos de coerción más relevantes: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ‑incluidos empresas y personal de seguridad privada- y los establecimientos de punición por excelencia: las prisiones. Concluyamos, pues, que es paradigmática la buena valoración social española del ministro de la bocacha, picana, cundas y chopano para posicionarlo al frente del Estado.
Realizando una rápida disección de los candidatos, Mariano Rajoy cogía la cartera con distintivo dorado de Interior de manos de Jaime Mayor Oreja en febrero de 2001. ETA había dado por finalizada la tregua del proceso de Lizarra-Garazi y el entonces presidente, José María Aznar, precisaba de mano dura. Le dan la bienvenida al cargo las fotografías de las marcas de electrodos en el cuerpo de Iratxe Sorzabal y le despide el rostro amoratado de Unai Romano. Rajoy elevó el número de detenidos, sobre todo en las filas de la disidencia social ‑operativos contra Haika, Gestoras, Batasuna- al tiempo que diseñaba la Ley de Partidos. Apostando por la vía de la represión, dijo aquello de que «Quien negocia, pretende ceder. En estas circunstancias, pierde siempre». Amnistía Internacional e instituciones de la ONU denuncian el incremento de la vulneración de derechos.
Pérez Rubalcaba por su parte, entra en el ministerio en pleno proceso de Loiola. Nuevamente, entre sus medallas se encuentra la del mérito antiterrorista ‑caso Faisán mediante‑, entorpeciendo un proceso de delicada salud desde el minuto uno. Más detenciones, casos de tortura con violación en comisaría, en momentos en que la lógica impone desactivación de violencias: «el estado no está en tregua». Habiendo negado cientos de ocasiones que el anterior Gobierno del PSOE capitaneado por Felipe González, en el que también él participó como portavoz, no estaba involucrado en el GAL, Rubalcaba no tendrá remordimientos para espetar al PP que «los ciudadanos españoles merecen un Gobierno que no les mienta». Amnistía Internacional e instituciones de la ONU denuncian el incremento de la vulneración de derechos.
No sólo ambos dos. Los gestores de tramas de alcantarilla y fondos reservados han estado salpicados por todo tipo de escándalos vinculados con la violencia y el abuso del poder. En poco menos de 200 años de historia, desde que se instauró este ministerio en 1814 bajo diferente nomenclatura ‑de Gobernación, de Orden Público, de Interior- la responsabilidad de mantener el orden ante disidentes políticos, sindicales o sociales ha cambiado de manos en 209 ocasiones ‑siempre hombres-. Entre los 14 emuladores del duque de Ahumada que han ocupado este puesto bajo el mandato del actual Borbón, ninguno se ha destacado precisamente por la mesura y la moderación. No tenemos espacio para recopilar el listado de agravios de personas de la catadura de Fraga Iribarne, Martín Villa, Ibáñez Freire, Rosón, Barrionuevo, Corcuera… Seguramente será algo inherente al cargo de charol, capa y pistola Astra al cincho.
Entre las competencias que acumula el Ministerio, según el Real Decreto que lo instituye y que no parece que haya despertado demasiado interés en sus inquilinos, se encuentra la «promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la libertad y seguridad personal». Una competencia garantista que, simplemente, todos olvidaron según acuden a su primera revista en el cuartel.
Decía que sería interesante valorar ‑probablemente, más que política o sociológicamente, psicológicamente- por qué el cargo de Interior da lustre a ojos de la ciudadanía española. Qué tipo de obsesiones se dirigen a sostener esa popularidad. Será odio, resentimiento, miedo, sumisión… Y desde el trampolín de Interior, ahora se enfrentan a un nuevo panorama político en Euskal Herria. Panorama que ambos han intentado torpedear por todos los medios. La presa a batir ahora no es tanto ETA, a la que desde sus despachos consideraban tener encontrada la medida, sino que apuntan a Bildu en particular y al independentismo en general como el peligro a conjurar. El candidato del PSOE indica que se les batirá en las urnas ‑de no ser así es de entender que se les debería permitir a los independentistas llevar a la práctica su proyecto político-. El del PP, más expeditivo, apuesta por la ilegalización. En cualquier caso, sea quien sea finalmente el vencedor, afrontan una oportunidad sin precedentes, que tendrán que gestionar con más habilidad que con la que se emplearon en dicho ministerio: la normalización política. No de Euskal Herria, sino del Estado que dirigirán, que lo aseguran de derecho. Releo en un libro editado en 1966 por un catedrático de derecho salmantino: «cuando faltan garantías procesales, cuando los detenidos y procesados no son respetados, cuando hay amplias zonas de la actividad pública a las que injustificadamente no llegan los recursos jurídicos, cuando el poder político se inmiscuye bajo formas diferente en la actuación de los Tribunales, cuando las jurisdicciones especiales actúan con demasiada frecuencia en sustitución de la jurisdicción ordinaria… entonces puede decirse que no existen en modo alguno Estado de Derecho». Se escribió eso augurándose entonces un cambio trascendental, en el que se pudieran fijar las bases de un Estado de Derecho. 45 años más tarde, esos principios tienen absoluta vigencia, pero no plasmación práctica. El desafío que tienen cualquiera de los dos candidatos es, precisamente, regenerar un estado maltrecho en libertades, erosionado en garantías, descalabrado en derechos ciudadanos.
En ese contexto se han señalado las elecciones generales para el día 20 de noviembre. España se debatirá entre dos candidatos: el nostálgico y el desmemoriado. En Euskal Herria llenaremos las urnas de ansias de libertad y democracia. Ese día lo haremos honrando la memoria de dos compañeros que no pudieron ver esas aspiraciones consumadas, pero apuntalaron sus cimientos: Santi Brouard y Josu Muguruza. ¡Por ellos dos!
