Ninguno de los dos asesinos de Anjel ha mostrado arrepentimiento jamás, algo que Instituciones Penitenciarias exige a los presos políticos para modificar su grado, lo que supone un agravio comparativo según han denunciado.
Además, la ley exige que para obtener el tercer grado se tiene que haber cubierto la responsabilidad civil, y ésta no se ha subsanado. Sólo se ha pagado parte del monto principal en concepto de indemnizaciones y faltan los intereses y las costas del juicio.
La familia Berrueta asegura que se les deben aún unos 100.000 euros, de una cifra total de 238.000. Ademas de criminales, morosos.
Valeriano de la Peña, padre del asesino, ha seguido cobrando cada mes su sueldo como agente, ya que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil no ha considerado sufiente una condena por «asesinanto» para expulsarle del cuerpo y sólo está suspendido.
En definitiva, que las calles de lacapital del viejo reyno, pueden ver como un criminal las pisa de nuevo y con ello la memoria de la victima Anjel, ciudadano ejemplar y pacifico comerciante que su unico delito fue negarse a los requirimientos de la mama del asesino. Esto es la justicia española