La mayoría sindical sigue manteniendo su rechazo al plan de «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de Lakua. Los cambios introducidos en la negociación con el PNV no convencen a ELA, LAB y STEE-EILAS. En la presentación, el lehendakari confesó que el plan tiene «un objetivo claro: avanzar en un cambio de actitudes en el conjunto de la ciudadanía, orientado a asumir el sistema democrático».
El Consejo de Gobierno autonómico se reunió ayer de forma extraordinaria en el Palacio Udetxea de Gernika, sede del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urbaibai, por haberse celebrado el domingo el Día Mundial del Medio Ambiente. Y allí compareció el lehendakari, Patxi López, para dar cuenta de la aprobación del plan de «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia».
López recalcó que la propuesta no parte de cero, pues se contaba con el «Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos» elaborado por el Ejecutivo de Ibarretxe. Pero este reconocimiento carece de validez práctica, ya que en el nuevo plan se dice que el anterior «ha incidido negativamente» en la «deslegitimación de la violencia». Además, de 50 acciones que proponía, sólo se mantienen 8; 14 han desaparecido y 28 se han «reformulado».
El propio Gobierno incide en que el nuevo plan pone «el foco y las prioridades en el terrorismo de ETA» y se pretende que sus víctimas sean el «eje vertebrador» del mismo. El lehendakari explicó que «a las aulas podrán acudir víctimas del terrorismo plurales (siempre que estén preparadas para ello) y asuman, de forma contrastada, que no van sólo a dar su testimonio sino que pretenden, además, el fomento de los valores democráticos y la pluralidad».
López destacó como otro «objetivo claro» el de lograr «un cambio de actitudes en el conjunto de la ciudadanía». Pretende «fomentar en la ciudadanía vasca, la asunción y defensa del sistema e instituciones democráticas como garantes de la libertad y la convivencia».
«Menos rechazo»
En su intervención, Patxi López señaló que «he asumido personalmente el impulso y coordinación» del plan. Pero en la primera ocasión de tener que defenderlo hoy en el Parlamento, ha delegado la misión a los consejeros de Interior, Educación y Justicia.
También destacó López que gracias a las conversaciones mantenidas con el PNV, «hoy el nuevo plan tiene menor rechazo que hace un mes y medio».
El grado de consenso político en torno al plan podrá comprobarse hoy en las intervenciones de los grupos parlamentarios en la Cámara de Gasteiz. Pero de lo que no cabe duda es de que el Gobierno de Lakua no ha conseguido rebajar el rechazo de la mayoría sindical. ELA, LAB y STEE-EILAS han mostrado de diferentes maneras su oposición tanto al contenido e intencionalidad del plan como al hecho de que en las negociaciones no se haya contado para nada con los representantes del profesorado, que todavía no han tenido acceso oficial al documento.
Llamadas a dar respuesta
La sección de Educación de ELA hizo público un comunicado en el que denuncia el proceder del Gobierno de Lakua y el contenido de su plan, que no ve que haya cambiado de intencionalidad sobre el primer borrador.
El sindicato abertzale constata que «a pesar de que se han modificado algunas partes del documento e incluido algunas de las sugerencias realizadas por diversos agentes, la razón de ser y la intencionalidad del documento siguen siendo las mismas que antes». Y reitera que «lejos de ser un plan de educación para la paz, se trata de una declaración de principios políticos partidistas, desde una visión parcial y unilateral del conflicto que sufrimos en Euskal Herria y de sus consecuencias. Se trata, en definitiva, de un intento de trasladar la política antiterrorista de los gobiernos español y vasco al ámbito educativo».
Ante la falta de consenso existente en la propia sociedad y en la comunidad educativa, ELA exige al Ejecutivo de Lakua que retire el plan y trabaje una nueva propuesta «con la verdadera participación y el acuerdo de los diferentes agentes implicados, entre ellos necesariamente, los del ámbito educativo y los que trabajan por los derechos humanos y la paz».
Por su parte, el responsable de Educación de LAB, Jon Urrusolo, afirmó que «este plan no es adecuado para la escuela» y responde, «a los intereses partidistas del PSOE y del PP». En declaraciones a Info7 Irratia, denunció que estos partidos «utilizan la educación como herramienta para conseguir la asimilación de Euskal Herria en España».
El portavoz de LAB anunció que su sindicato preparará una respuesta activa para mostrar desde las escuelas el rechazo a este plan que definió como de «adoctrinamiento».
Belén Arrondo, portavoz de STEE-EILAS, también auguró que «en los centros educativos habrá grandes resistencias» a la aplicación del plan. En una entrevista publicada ayer, criticó que la redacción se haya hecho de espaldas al profesorado y denunció también los contenidos.
Euskal Herriak Bere Eskola criticó las formas de elaboración del plan y el fondo del mismo pero, sobre todo, centró su denuncia en el aspecto pedagógico, porque rompe con todos los principios para educar al alumnado en el pensamiento crítico. Para EHBE, Lakua no busca dar «educación sino doctrina», por lo que llama a la comunidad educativa a responder a esta «imposición».
La reciente creación del llamado Consejo de Participación de Víctimas ha servido para volver a ver cómo entiende el Gobierno de Lakua el concepto de «pluralidad» que tanto reivindica en este plan. Para dicho consejo debían elegirse, entre otros, tres representantes de«asociaciones de víctimas del terrorismo» y uno de «asociaciones pacifistas vascas».
En ambos apartados, la elección la hizo la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Marixabel Lasa. Según una reciente respuesta parlamentaria de Rodolfo Ares al PNV, en el ámbito pacifista «se propuso directamente Gesto por la Paz, entendiendo que era la única asociación declarada expresa y esencialmente pacifista en Euskadi. El criterio, por tanto, fue de consideración del carácter pacifista en sentido restringido, obviando otras asociaciones declaradas por ellas mismas de otra naturaleza no estrictamente pacifista». Por eso, Lokarri, que se había sentido marginada en la selección, «no fue informada ni consultada sobre el proceso». Esta asociación, en un comunicado, reconoció a Ares el derecho a discrepar de sus posiciones pero aseguró que «no tiene derecho a otorgar los certificados de “pacifismo”, negando esta condición a todo aquel que defiende una concepción de la paz diferente a la suya».
El criterio restringido que se aplicó a Lokarri no se utilizó, sin embargo, para otorgar representación en el Consejo como «asociación de víctimas» a Zaitu, presidida por un concejal del PSE. Según sus estatutos, Zaitu no es una asociación de víctimas sino «pro» o «para» las víctimas. No está creado sólo por víctimas y está abierta a todas las personas mayores de edad que compartan sus fines. Zaitu es, además, una asociación que apenas tiene un año de existencia, fundada por cuatro personas y que pese a que su única actividad pública ha sido una jornada de charlas en un hotel de Getxo, ha recibido ya 35.358,28 euros en subvenciones de Lakua, los últimos 24.228,90 apenas hace dos días.
De tres puestos de «asociaciones de víctimas» uno fue para Covite. Y para incorporar al representante de Zaitu y concejal del PSE al Consejo, Interior gestionó un acuerdo para que AVT y AFCSEVT se relevaran en el puesto de tercer representante.
fuente: gara