El Gobierno de Navarra no busca garantizar el derecho a una vivienda, sino mantener los intereses del lobby formado en torno a la construcción. En 10 años el precio de las viviendas protegidas se ha triplicado, incremento injustificado que ha tenido como objetivo aumentar los beneficios de quienes intervienen en la promoción y venta de las viviendas: propietarios de suelo, promotores-constructores, bancos e inmobiliarias. Junto con la necesidad de los Ayuntamientos de conseguir dinero vía licencias.
Con las medidas y modificaciones legales realizadas, no hay ninguna novedad en la política de vivienda que se ha desarrollado en los últimos años; se pretende responder a los intereses económicos de dicho lobby, premiando a sus responsables para que sigan haciendo caja, mientras amplios sectores de la sociedad, especialmente mujeres, jóvenes y personas inmigrantes, ven como cada vez es más difícil el acceso a una vivienda.
El Gobierno de Navarra, mediante la figura del PSIS (Plan Sectorial de Incidencia supra-municipal) pasa por encima de la autonomía municipal e impone esta política antisocial que en muchos casos conllevan el colapso económico municipal: prestación de servicios posterior, mantenimiento de los mismos. La utilización de los PSIS (Galar-Donapea, estación del TAV, Gendulain,..) impide a los Ayuntamientos diseñar su propia planificación. Sin embargo, existe una figura mucho más adecuada para estas actuaciones que afectan a más de un municipio, cual es la del Plan de Conjunto, destinado al desarrollo urbanístico entre dos o más Ayuntamientos en sus zonas fronterizas. Entonces, ¿por qué se utiliza el instrumento excepcional del PSIS para anular el derecho de los ayuntamientos a diseñar su propia planificación?
En Nafarroa está planeada actualmente la construcción de 78.698 viviendas, con capacidad para acoger a unas 180.000 personas. A ello hay que sumar otras 30.000 que se encuentran vacías. Sin embargo, el Instituto Navarro de Estadística, prevé un aumento poblacional en Navarra de 60.000 personas para el 2022. En cualquier caso, de esas casi 80.000 nuevas viviendas, la mayoría (44.200) carecen aún de planeamiento local que las respalde. A la luz de tales datos la pregunta resulta obligada: ¿por qué impulsa el Gobierno de Navarra este modelo? La respuesta es sencilla: la construcción de viviendas ha sido y es un excelente negocio e inversión, si bien todo esto no ha traído aparejado la mejora de las condiciones para conseguir una vivienda, sino su notable empeoramiento.
A todo esto se suman las modificaciones legales tendentes a posibilitar que en planes urbanísticos ya aprobados puedan aumentar el número de viviendas entre un 15 y un 30% a costa de zonas verdes y dotaciones. Con ello se agrava todo este despropósito y se premia a quienes con su avaricia especulativa son responsables de la grave situación actual. De esta manera, sectores sociales cada vez más amplios ven como conseguir una vivienda en las condiciones actuales es imposible (incluso las de Régimen de VPO), ya que ésta no ha sido considerada en ningún momento como un bien de primera necesidad, sino que ha entrado en la loca carrera de precios y beneficios. En consecuencia, Los bancos han cerrado beneficios escandalosos concediendo créditos de por vida a las familias trabajadoras, que no han tenido más remedio que hipotecar su vivienda y su vida para poder tener un techo ante la ausencia de oferta de vivienda en alquiler asequible.
La gravedad de la situación impone como paso primero e inaplazable una moratoria en la construcción de nueva vivienda, desechándose este modelo de desarrollo urbanístico, por ser el mismo antisocial y, respecto a los ayuntamientos, impositivo y limitador de su autonomía.
Solo un sistema de alquiler social, unido a una diversidad de tipos de vivienda acordes con las necesidades y tipos de personas usuarias puede atender ese derecho. ¿Cómo? Creando un parque público de vivienda en alquiler social.
En primer lugar con una dedicación prioritaria de esfuerzos administrativos y fondos públicos para el rescate de las viviendas vacías que colman nuestras ciudades huérfanos de compradores, a un precio justo, no especulativo, mediante la expropiación del uso o la propiedad si fuera necesario. No tienen sentido nuevas viviendas habiendo más de 20.000 vacías.
En segundo lugar mediante la promoción de viviendas públicas para alquiler social, en lugar de incentivar la compra de VPO con subvenciones. Esto producirá un doble efecto, pondrá viviendas en alquiler barato al servicio de la gente, que ya no tendrá que entramparse en una hipoteca de por vida y supondrá una inyección directa de dinero público en el sector de la construcción, sin que se quede la parte del león en las uñas de los especuladores. El dinero público para invertir en vivienda de alquiler saldrá de las partidas que ahora se destinan a subvenciones a la compra de VPO y de no desgravar la compra de vivienda libre. También de abandonar proyectos faraónicos no necesarios, como las grandes infraestructuras del TAV, el Plan de regadíos, el Canal de Navarra, Autovías, etc. La promoción de vivienda pública en alquiler producirá muchos mas puestos de trabajo y beneficios sociales que las grandes infraestructuras, que se comen el dinero público para beneficio de unos pocos.
