Los apologistas de Israel tienen la idea de que éste ha sido seleccionado especialmente para ejercer el escrutinio y la crítica. Me gustaría argumentar, sin embargo, que en la mayor parte de las discusiones de Israel, realmente esto se capta muy ligeramente: que muchos rasgos del régimen israelí serían considerados excepcionales o extraordinarios en cualquier otro Estado democrático.
No es sorprendente porque, como voy a argumentar, Israel no es una democracia liberal, ni siquiera «un Estado judío y democrático» como afirman sus partidarios. Es un Estado de apartheid no sólo en los territorios ocupados de Cisjordania y de la Franja de Gaza, sino también dentro del propio Israel. Hoy en los territorios ocupados la naturaleza del apartheid de la dominación israelí es irrefutable –aunque poco mencionada por los políticos o los medios de comunicación occidentales-. Pero dentro del propio Israel en gran parte se vela y se oculta. Hoy mi objetivo es tratar de correr un poco el velo.
Digo «un poco», porque necesitaría mucho más tiempo del que me han asignado para hacer justicia a este asunto. Hay, por ejemplo, unas 30 leyes que explícitamente discriminan entre judíos y no judíos, otra forma de referirse a la quinta parte de la población de Israel que son palestinos y que supuestamente disfrutan de la plena ciudadanía. También hay muchas otras leyes y prácticas administrativas israelíes que conducen a un resultado de segregación étnica incluso aunque no hagan tal discriminación explícita.
Así que en vez de intentar recorrer todos esos aspectos del apartheid israelí, déjenme que me concentre en unos cuantos rasgos reveladores, cuestiones sobre las que he hecho un informe recientemente.
Primero examinemos la naturaleza de la ciudadanía israelí.
Hace unas semanas me reuní con Uzi Ornan, un profesor de 86 años de la Universidad Técnica de Haifa, quien tiene uno de los pocos documentos de identidad israelí que indica la nacionalidad «hebrea». Para la mayoría de los demás israelíes, sus documentos y registros personales indican su nacionalidad «judía» o «árabe». Para los inmigrantes, cuya «judeidad» acepta el Estado pero está cuestionada por las autoridades rabínicas, se han aprobado alrededor de otras 130 clasificaciones de nacionalidad, principalmente relacionadas con la religión o el país de origen de la persona. La única nacionalidad que no podrá hallar en la lista es «israelí». Eso es precisamente por lo que el profesor Oman y dos docenas de personas más están luchando en los tribunales: quieren registrarse como «israelíes». Es una lucha de enorme importancia, y sólo por esta razón están seguros de que perderán. ¿Por qué?
Está en juego mucho más que una etiqueta étnica o nacional. Israel excluye la nacionalidad «israelí» para garantizar que, en el cumplimiento de su autodefinición como «un Estado judío», esto sea capaz de asignar derechos superiores de ciudadanía a la «nación» colectiva de los judíos de todo el mundo más que al conjunto de ciudadanos reales en su territorio, que incluye a muchos palestinos. En la práctica esto se hace creando dos clases principales de ciudadanía: una ciudadanía judía para «nacionales judíos» y una ciudadanía árabe para «nacionales árabes». Ambas nacionalidades fueron inventadas con eficacia por parte de Israel y no tienen ningún significado fuera de allí.
Esta diferenciación de ciudadanía está reconocida en el derecho israelí: la Ley del Retorno para judíos permite la inmigración casi automática a cualquier judío de cualquier parte del mundo que lo desee; y la Ley de Ciudadanía para no judíos determina, en unas bases completamente aparte, los derechos a la ciudadanía de la minoría palestina del país. Lo que es todavía más importante, la última ley suprime los derechos de los parientes de los ciudadanos palestinos, que fueron expulsados por la fuerza en 1948, a volver a su tierra y a sus casas. Hay, en otras palabras, dos sistemas legales de ciudadanía en Israel, que distingue entre los derechos de los ciudadanos en función de si éstos son judíos o palestinos.
Esto, en sí mismo, cumple con la definición de apartheid como quedó establecida por las Naciones Unidas en 1973: «Cualquier medida legislativa u otras medidas destinadas a impedir a un grupo o grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y la creación deliberada de condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o grupos». La cláusula incluye los derechos siguientes: «el derecho a salir y volver a su país, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de movimiento y residencia, el derecho a la libertad de opinión y expresión».
Esta separación de la ciudadanía es absolutamente esencial para el mantenimiento de Israel como un Estado judío. Si definiera a todos los ciudadanos de manera uniforme como israelíes, debería haber sólo una ley en materia de ciudadanía; entonces, a continuación, habría consecuencias muy dramáticas. La más significativa sería que se dejaría de aplicar la Ley del Retorno a los judíos o se tendría que aplicar de la misma forma a los ciudadanos palestinos permitiéndoles traer a sus parientes exiliados a Israel ‑el muy temido Derecho al Retorno-. En un período más o menos largo se erosionaría la mayoría judía del país e Israel se convertiría en un Estado binacional probablemente con una mayoría palestina.
Habría muchas otras consecuencias previsibles de la ciudadanía igualitaria. ¿Los colonos judíos, por ejemplo, serían capaces de mantener su estatus privilegiado en Cisjordania si los palestinos en Yenín o Hebrón tuvieran parientes dentro de Israel con los mismos derechos que los judíos? ¿El ejército israelí seguiría siendo capaz de funcionar como un ejército de ocupación en un Estado correctamente democrático? ¿Y los tribunales de un Estado de ciudadanos iguales serían capaces de seguir haciendo la vista gorda ante las brutalidades de la ocupación? En todos estos casos parece poco probable que se pudiera mantener el statu quo.
En otras palabras, toda la estructura del gobierno de apartheid israelí dentro de Israel apoya y mantiene su régimen de apartheid en los territorios ocupados. O se mantienen ambos o caen juntos.
A continuación veamos el asunto del control de la tierra.
El mes pasado me encontré con una pareja judía israelí excepcional, los Zakais. Son excepcionales principalmente porque han desarrollado una profunda amistad con una pareja palestina dentro de Israel. Aunque he informado sobre Israel y Palestina durante muchos años, no puedo recordar haber encontrado nunca antes a un judío israelí que tuviera un amigo palestino de la manera que los tienen los Zakais.
Es cierto que hay muchos judíos israelíes que presumen de tener un amigo «árabe» o «palestino» porque bromean con el tipo cuya tienda de humus frecuentan o con el que repara su coche. También hay judíos israelíes –y son un grupo sumamente importante- que están firmemente al lado de los palestinos en batallas políticas como las de Bilín o Sheikh Jarrah en Jerusalén. En esos lugares los israelíes y los palestinos, contra viento y marea, han conseguido forjar auténticas relaciones de amistad que son vitales para derrotar al régimen de apartheid israelí.
Pero la relación de los Zakais con sus amigos beduinos los Tarabins no es esta clase de amistad. No se basa ni está configurada por una lucha política enmarcada por la ocupación de Israel. No es una amistad tímida y no tiene ningún objetivo más allá de la propia relación. Es una amistad –o al menos así me pareció- de auténtica igualdad. Una completa e íntima amistad. Cuando visité a los Zakais me di cuenta de que es una visión increíblemente inusual en Israel.
La razón de la gran separación de los mundos culturales y emocionales de los ciudadanos judíos y palestinos en Israel no es difícil de entender: viven en mundos físicos completamente separados. Viven aparte en comunidades segregadas, separadas no por elección, sino según las normas y procedimientos legales obligatorios. Incluso en el puñado de supuestas ciudades mixtas, judíos y palestinos por lo general viven aparte, en barrios distintos y claramente definidos. Y por lo tanto no es sorprendente que la cuestión a la que me condujo la visita a los Zakais fuera la pregunta de si un ciudadano palestino tiene derecho a vivir en una comunidad judía.
Los Zakais quieren alquilar a sus amigos, los Tarabins, su casa en el pueblo agrícola de Nevatim, en el Negev, actualmente una exclusiva comunidad judía. Los Tarabins se enfrentan a un serio problema de vivienda en su propia comunidad beduina vecina. Pero lo que los Zakais han descubierto es que hay aplastantes obstáculos sociales y legales para los palestinos para moverse fuera de sus guetos, en los que se supone que tienen que vivir. No solamente se opone el liderazgo elegido de Nevatim a que la familia beduina entre en su comunidad, sino también los tribunales israelíes.
Nevatim no es excepcional. Hay más de 700 comunidades rurales similares ‑sobre todo kibutzes y moshavim– donde se impide vivir a los no judíos. Controlan la mayor parte del territorio habitable de Israel, la tierra que una vez perteneció a los palestinos, ya fueran refugiados de la guerra de 1948 o ciudadanos palestinos a los que les han confiscado sus tierras conforme a leyes especiales.
Hoy, después de esas confiscaciones, al menos el 93% de Israel está nacionalizado ‑es decir, se mantiene en depósito no sólo para los ciudadanos de Israel, sino para el pueblo judío de todo el mundo- (Aquí, otra vez, deberíamos señalar una de las importantes consecuencias de la ciudadanía diferenciada que acabamos de considerar).
El acceso a la mayor parte de estas tierras nacionalizadas está controlado por comités de investigación, supervisada por organizaciones sionistas cuasi gubernamentales y que no tienen que rendir cuentas totalmente, como la Agencia Judía y el Fondo Nacional Judío. Su papel es garantizar que tales comunidades permanecen prohibidas a ciudadanos palestinos, como han descubierto precisamente los Zakais y los Tarabins en el caso de Nevatim. Allí los funcionarios han insistido en que la familia palestina no tiene ningún derecho ni siquiera a alquilar, no digamos a comprar, la propiedad de una «comunidad judía». Esta posición ha sido mantenida con eficacia por el Tribunal Supremo de Israel, que ha convenido que la familia debe someterse a un comité de investigación cuyo objetivo real es el de excluirla.
Otra vez la Convención de las Naciones Unidas de 1973 sobre «el crimen de apartheid» es instructiva: incluye las medidas «diseñadas para dividir la población según criterios raciales por la creación de reservas separadas y guetos para los miembros de un grupo racial o grupos… y la expropiación de bienes raíces pertenecientes a un grupo o grupos raciales o a miembros de éstos».
Si se ha mantenido separados a los ciudadanos judíos y palestinos con tanta eficacia ‑y un sistema de educación separado y severas restricciones a los matrimonios entre confesiones refuerzan esta segregación emocional y física‑, ¿cómo se hicieron los Zakais y los Tarabins tan amigos íntimos?
Su caso es un ejemplo interesante, un hallazgo que descubrí cuando los encontré. Weisman Zakai es hijo de padres judíos iraquíes que inmigraron al Estado judío en sus primeros años. Cuando él y Ahmed Tarabin se conocieron siendo niños en los años sesenta, andando por los mercados de la pobre ciudad vecina de Beersheva, lejos del centro del país, encontraron que lo que tenían en común era más fuerte que las divisiones formales que supuestamente debían mantenerlos separados y temerosos. Ambos hablan el árabe con fluidez, ambos crecieron en una cultura árabe, ambos están excluidos de la sociedad askenazí judía y ambos comparten su pasión por los coches.
En su caso el sistema de apartheid de Israel fracasó en su misión de mantenerlos física y emocionalmente separados. Fracasó en hacerlos temerosos y hostiles uno con respecto al otro. Pero como los Zakais han aprendido por su cuenta, al rechazar vivir conforme a las normas del sistema de apartheid de Israel el sistema los ha rechazado. A los Zakais les han denegado la oportunidad de alquilar a sus amigos y ahora viven como parias en la comunidad de Nevatim.
Finalmente vamos a considerar el concepto de «seguridad» en Israel.
Como ya he dicho, la naturaleza del apartheid en las relaciones entre ciudadanos judíos y palestinos está velada en las esferas legales, sociales y políticas. Éstas no reflejan «el pequeño apartheid», que era una característica sudafricana: aseos, bancos de los parques y autobuses separados. Pero hay un «pequeño» caso explícito, cuando judíos y palestinos entran y salen del país por los pasos fronterizos o por el aeropuerto internacional Ben Gurión. Aquí cae la máscara y el diferente estatus de ciudadanía que corresponde a los judíos o a los palestinos se muestra totalmente programado.
Esa lección la aprendieron dos hermanos palestinos de mediana edad que entrevisté este mes. Residentes en un pueblo cerca de Nazaret, habían apoyado toda la vida al Partido Laborista y con orgullo me mostraron una descolorida fotografía en la que aparecían como anfitriones en un almuerzo para Isaac Rabín a principios de los años noventa. Pero en nuestro encuentro estaban enfadados y frustrados y prometieron que nunca más votarían por un partido sionista.
Su brutal concienciación llegó hace tres años cuando viajaban a Estados Unidos en un viaje de negocios con un grupo de agentes de seguros judíos. Para tomar el vuelo de regreso llegaron al aeropuerto JFK de Nueva York y vieron a sus colegas judíos pasar por el control de seguridad de Aerolíneas Israelíes en unos minutos. Mientras tanto a ellos los interrogaron durante dos horas e inspeccionaron minuciosamente sus equipajes.
Cuando finalmente les permitieron pasar les asignaron una guardia cuyo trabajo consistía en mantenerlos vigilados constantemente –en presencia de cientos de compañeros de viaje- antes de entrar al avión. Cuando uno de los hermanos fue al aseo sin pedir permiso la guardia le reprendió públicamente y su jefe le amenazó con impedirle subir al avión si no pedía disculpas. Este mes, por fin, un tribunal les concedió una compensación de 8.000 dólares por lo que calificó de «trato abusivo e innecesario».
Con respecto a este caso hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el equipo de seguridad de Aerolíneas Israelíes admitió ante el tribunal que ninguno de los dos hermanos representaba un riesgo de ningún tipo para la seguridad. La única razón del trato especial que recibieron fue su pertenencia nacional y racial. Fue un caso obvio de perfil racial.
Lo segundo que hay que señalar es que su experiencia no es nada fuera de lo común para los ciudadanos palestinos que viajan desde o a Israel. De forma parecida estos incidentes, y mucho peores, ocurren todos los días durante tales procedimientos de seguridad. Lo que tiene de excepcional este caso es que los hermanos hayan llevado a cabo un largo y costoso proceso judicial contra las Aerolíneas.
Lo hicieron así, sospecho, porque se sintieron profundamente traicionados. Habían cometido el error de creer en la hasbará (propaganda) de los políticos israelíes de todos los colores que afirman que los ciudadanos palestinos pueden disfrutar de un estatus igual al de los ciudadanos judíos si son leales al Estado. Pensaron que por ser sionistas podrían convertirse en ciudadanos de primera clase. En la aceptación de esta conclusión habían entendido mal la realidad del apartheid inherente a un Estado judío.
Al ciudadano palestino más culto, respetable y rico siempre le irá peor en el control de seguridad del aeropuerto que al ciudadano judío de peor reputación, peor que al que exprese opiniones extremistas y peor, incluso, que a cualquier ciudadano judío con antecedentes penales.
El sistema de apartheid de Israel está ahí para mantener los privilegios judíos en un Estado judío. Y en el punto donde ese privilegio se siente más visceralmente por los judíos de a pie es en la experiencia de la vulnerabilidad de volar a miles de pies por encima de la tierra, donde a los ciudadanos palestinos hay que mostrarlos como forasteros, como enemigos, sean quienes sean y con independencia de lo que hayan o no hayan hecho.
El régimen de apartheid, como ya he indicado, se aplica a los palestinos tanto en Israel como en los territorios ocupados. ¿Pero no es el apartheid en los territorios mucho peor que en Israel? ¿No deberíamos ocuparnos más del gran apartheid de Cisjordania y la Franja de Gaza que de este apartheid más débil? Este argumento demuestra una idea peligrosamente falsa sobre la naturaleza indivisible del apartheid de Israel hacia los palestinos y sobre sus objetivos.
Es cierto que el apartheid en los territorios es mucho más agresivo que en Israel. Hay dos razones para ello. La primera es que el apartheid bajo la ocupación está mucho menos supervisado de cerca por los tribunales civiles de lo que lo está en Israel. Usted puede, para decirlo sin rodeos, librarse mucho mejor que aquí. Sin embargo la segunda y más importante razón es que el régimen israelí de apartheid en los territorios ocupados se ve obligado a ser más agresivo y cruel, y eso es porque la batalla aún no se ha ganado aquí. La lucha de la potencia ocupante para robar sus recursos –su tierra, su agua y su mano de obra- está en marcha, pero el resultado aún no está decidido. Israel se enfrenta a presiones de tiempo y de legitimidad internacional que se va desvaneciendo a medida que actúa para apoderarse de esas posesiones. Cada día que resisten hacen que esa labor sea un poco más difícil.
En Israel, en cambio, el régimen de apartheid está afianzado, alcanzó su victoria hace decenios. Los ciudadanos palestinos tienen una ciudadanía de tercera o cuarta clase; les han arrebatado casi toda su tierra; sólo les permiten vivir en sus guetos; su sistema educativo está controlado por los servicios de seguridad; sólo pueden trabajar en los pocos empleos que los judíos no quieren; tienen derecho a votar, pero no pueden participar en el gobierno, ni efectuar algún cambio político, etc.
Sin duda un destino parecido está previsto también para ustedes. El apartheid velado es la base para un enmascarado –y más legítimo- apartheid que se está planificando para los palestinos de los territorios ocupados, al menos para aquéllos a los que permitan quedarse en sus bantustanes. Y por esta razón es vital denunciar y derrotar el apartheid en Israel para resistir al apartheid que ha echado raíces aquí.
Es por lo que debemos combatir el apartheid israelí en cualquier parte donde se halle; en Jaffa o en Jerusalén, en Nazaret o en Nablús, en Beersheva o en Bilín. Es la única lucha que puede traer la justicia a los palestinos.
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Este texto corresponde a la charla pronunciada en la Quinta Conferencia Internacional de Bilín, celebrada en la aldea cisjordana de Bilín el 21 de abril de 2010.
Fuente: 
www.jkcook.net/Articles3/0478.htm
