El problema agrario se ha profundizado.
Los escasos avances que se logró con la tibia Reforma Agraria de 1960, fueron revertidos por las legislaciones posteriores y la contrarreforma impuesta a sangre y fuego por la barbarie narcoparamilitar aliada de los terratenientes y del Estado en la estrategia contrainsurgente. El campesino pobre y medio fue desplazado por la violencia oficial y perdio sus tierras, las cuales pasaron a engrosar el patrimonio de unos cuántos ricos beneficiados con los subsidios sin retorno, mediante el programa AGRO INGRESO SEGURO durante este gobierno. El conflicto histórico por la tierra continúa y agravado.
La educación y la salud desaparecieron como servicios públicos y obligación del Estado, fueron convertidos en mercancía y asumidos por despiadados inversionistas privados que, obtienen el máximo de ganancia privando a las mayorías nacionales incapaces de pagar el alto costos, de éstos dos derechos constitucionales.
El panorama actual es un número alto de hospitales cerrados, de universidades públicas en peligro de cerrarse y millones de niños y jóvenes en edad de estudios de la primaria, secundaria y universitaria, privados del derecho a la educación por falta de recursos económicos.
La corrupción llegó a los más altos niveles de degradación en la administración pública y en la empresa privada, resultado de la pérdida de los valores humanos, promovida por el narcotráfico y el afán del enriquecimiento fácil y rápido valiéndose de la ley mafiosa, en un Estado mafioso como el actual.
La guerra sucia se generalizó como producto de la política de Estado que la encubrió y financió como instrumento para destruir los movimientos sociales y la oposición política al régimen, los grandes capos del narcotráfico pusieron sus ejércitos mercenarios al servicio de la estrategia contrainsurgente, a cambio de la prerrogativa de exportar libremente cocaína y heroína a los mercados de los Estados Unidos y Europa.
Esta guerra infame hizo correr la sangre decenas de luchadores y defensores de derecho humanos y destruyó el tejido social, con lo cual la oligarquía garantizó la implantación del neoliberalismo en el país, sin oposición real.
La soberanía y dignidad de la Nación han sido violadas hasta llegar al extremo de sembrar el país de bases militares gringas, desconociendo la Constitución, con la complicidad de todas las instituciones del Estado y la pasividad de la sociedad que, embrujada por el régimen de ultraderecha uribista guarda silencio como si no significara nada el hecho de que Colombia esté convertida hoy en una cuasi colonia de los Estados Unidos, faltando para agregar una estrella más a la bandera gringa.
Este hecho ha convertido el país en una real amenaza para los pueblos vecinos que están dando pasos por romper las ataduras imperialistas para ser libres y dueños de su propio destino; y además ha servido para que lo llamen con el ignominioso título del “Israel de Suramérica”
La clase que gobierna y maneja el poder además de su insensibilidad social, es corrupta criminal y traidora a la Patria. Estos 45 años transcurridos desde que el ELN lanzó su grito en defensa de los intereses de los trabajadores y los pobres del campo y la ciudad, en el Manifiesto de Simacota, dan la razón de la validez y vigencia de la lucha emprendida por la LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL.
La oligarquía lacaya no merece seguir gobernando el país, en su cabeza no cabe el interés de la Nación, sino el de los ricos y el imperialismo. Por tal motivo tenemos que cerrar fuerzas hoy con todo el vigor en contra de la maquinaria reeleccionista y la perpetuidad del gobierno uribista.
Se hace urgente generar los cambios que el país necesita para que se constituya un Estado, que ponga al centro del interés máximo de la Nación, el bienestar de las mayorías, el desarrollo sostenido que garantice el futuro de las nuevas generaciones y la libertad para que los colombianos seamos dueños del propio destino.
Es urgente trabajar por un gobierno de Nación, Paz y Equidad que jalone y haga viable los cambios que el país necesita.
