Afirmaba que muchas acciones que se aprecian sobre el comportamiento estatal en el
tema de los derechos humanos, advierte como tendencia un desgaste creciente del
Estado en vez de un fortalecimiento de él.
Lo indicaba en el recinto del Salón de Gobernadores en una importante sesión
oficial del Comité Operativo Departamental de Derechos Humanos de la Gobernación
del Valle del Cauca (1) del cual hago parte como abogado y Director del Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia , en presencia también
de integrantes permanentes de él: del Señor Dr. Julián Cabrera Subsecretario de
Gobierno Departamental, de la Oficina de la Vicepresidencia de la República, de la
Comisión de Reconciliació n, de los Responsables de Derechos Humanos del DAS, el
Ejército, la Fiscalía General de la Nación, la Policía, la Personería, Centrales
Obreras, Organizaciones de DDHH, delegados de afro descendientes, de indígenas,
entre otras, y con la meritoria presencia del Dr. Daniel Atchebro de la ONU y de
Delegados de la OEA en Cali.
El Comité Operativo Departamental de Derechos Humanos adscrito a la Secretaría de
Gobierno Departamental es un escenario legal, mixto, heterogéneo de gran importancia
que nació de iniciativa compartida entre el Gobierno Departamental anterior y las
organizaciones, abogados y activistas defensores de Derechos Humanos, instancia
jurídicamente válida, necesaria y meritoria que coadyuva para que la interlocución
entre el Estado y la comunidad sea un punto de partida para la paz y convivencia de
la región.
Por eso lo valoramos, como una propuesta de lo que ahora llaman políticas públicas,
aún a sabiendas que ahí no está la resolución definitiva de los desafueros que se
cometen, sino en la solución política al actual conflicto social y armado que
afronta Colombia hace ya casi un siglo, y que hoy los colombianos aspiramos se
resuelva políticamente para terminar esta guerra e injusticia social que imperan
absurdamente como política de Estado. Es toda una complejidad llena de sus propias
contradicciones en lo fáctico y en sus expresiones jurídicas. Es la realidad
objetiva, que ocurre independiente a la voluntad y conciencia de los conciudadanos y
personas que habitan como nacionales y extranjeros en este territorio colombiano tan
rico, que por ejemplo es uno de los únicos diez que posee en su territorio, órbita
geoestacionaria propia, situación que le agrega a nuestro contexto un gran valor
geopolítico, militar y económico, no sólo regional
sino a nivel mundial.
II
Afirmaba por ejemplo coincidencias que en época pretérita y también ahora, en
providencias judiciales algunos operadores judiciales colocan como producción
teórico- jurídicas propias, partes de informes de inteligencia como elaboración de
sus Despachos, sin la investigación a fondo para que coincida la verdad del
expediente, de la verdad judicial con lo que llaman la verdad ‑verdad o verdad
histórica como también se expresa, para al final reconocer en otra providencia que
hubo errores no sólo de forma sino de carácter material, un error que lleva al
desgaste del Estado, a profundizar la crisis de la justicia, y otras veces a la
impunidad. Este es un problema de fondo que está para resolver. Pues la cuestión no
sólo es la pérdida paulatina del principio liberal de la división e independencia de
los poderes, sino de querer convertir la justicia como arma de guerra, que
análogamente sería como convertir una ambulancia de la misión
médica en un tanque militar. Es toda una catástrofe que se resolverá en el marco de
la misma solución política del actual conflicto social y armado colombiano.
III
De igual manera indicaba que era sintomático, en la paradoja, que muchos de los
montajes judiciales coincidían en el tiempo con panfletos amenazantes de muerte y a
veces con atentados y la misma pérdida de la vida de colombianos y colombianas, con
delitos y otros hechos anómalos; situación que contrasta, afortunadamente, con la
acción constitucional de defensa de los derechos cuando la Fiscalía, por otro lado,
ha puesto al descubierto crímenes de Estado como los conocidos falsos positivos, que
no son más que la práctica del concurso de hechos punibles de la desaparición
forzada con las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la apología de una
política de estado que va en contravía al Derecho Internacional y al Derecho
Interno, cuando la política de Estado debiera ser de prevalencia por la paz y no
por la guerra como lo preceptúa el constitucional 22 que afirma de manera expresa
que la paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento.
IV
Es una cuestión a resolver en el marco de la solución política al actual conflicto
social y armado colombiano que se afronta actualmente, pues como afirmaba el jurista
Carlos Lozano Guillén en el Coloquio Internacional, Encuentro nacional e
internacional en pro del Intercambio Humanitario que desarrollamos más de cinco mil
personas de Colombia y del exterior en la Universidad Santiago de Cali, ante
pregunta de un Diputado Boliviano. Manifestaba el Director del Semanario VOZ, que
este conflicto actual, es uno de los tantos conflictos que hemos tenido en Colombia,
pasando por el mismo conflicto colonial que se resolvió con la primera e inconclusa
independencia en 1819, y que ahora en este siglo XXI, en esta etapa, de lo que se
trata es resolverlo mediante la solución política, y no mediante la guerra, lid que
no sólo desangra al país sino que lo empobrece, y lo peor, lo coloca al servicio
guerrerista de los EEUU y del enriquecimiento de las
multinacionales y del capital financiero nacional e internacional.
Conflicto actual que se suma a la historia de la cantidad de conflictos que nuestro
Escritor Gabriel García Márquez simbólicamente describe como las múltiples guerras
civiles que ha afrontado Colombia, incluida la llamada Guerra de los Mil Días, que
tuvo como colofón la anexión de Panamá a los EEUU en 1903, el del nacimiento
doloroso del movimiento sindical con la conocida ”Huelga y Matanza de las Bananeras”
por parte del Terrorismo de Estado en ese entonces en 1928, y el de ahora que
también inició en su primera etapa con la injerencia de los EEUU en la IX
Conferencia Panamericana realizada en Bogotá en 1948 con el agravante del asesinato
de Jorge Eliécer Gaitán, el dominio burgués terrateniente expresado no sólo a nivel
económico, sino con la restricción de la democracia, en ese momento con soporte
constitucional del denominado Estado de Sitio, hoy con el nombre de Estado de
Excepción y llamado por otros como política de
Seguridad Nacional y ahora como Seguridad Democrática. Etapas donde se produjo el
genocidio político cometido por agentes estatales y paramilitares contra cerca de
cinco mil integrantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano,
caso que está siendo abocado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de
la OEA.
Y la etapa actual con el mayor número de desplazados está llevando a Colombia a
ocupar un deshonroso primer lugar junto a las desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales, muerte sistemática de sindicalistas y luchadores populares,
millones de colombianos en el exilio forzado, más de la mitad de la población en la
franja de la pobreza absoluta y una tercera parte en la línea de la indigencia,
configurándose una gran catástrofe humanitaria y social que sólo podrá ser resuelta
mediante la solución política del conflicto y desechando la guerra como método de
resolver las contradicciones.
V
Las causas de estos conflictos existieron desde antes que hubiese guerrilla y
siempre estuvieron acompañados de acciones criminales paramilitares, recuérdese a
los Chulavitas progenitores de los pájaros o chusmeros narrados en “Cóndores no
entierran todos los días” o las “Mujeres de la muerte” del escritor tulueño y
exgobernador del Valle Gustavo Álvarez Gardeazabal, por ejemplo; y en todos ellos
siempre prevalecía por acción, omisión y/o sumisión la complacencia del Estado
Colombiano con los EEUU , como pretende igualmente ahora agudizar este conflicto, no
sólo a nivel interno sino en la región, con otra agresión a nuestra soberanía
colocando a Colombia al servicio militar geoestratégico de los EEUU con la
imposición de siete bases bélicas, como si quisiéramos guerra, en un momento que la
historia y la sociedad busca construir paz con justicia social. Es todo un
despropósito además de jurídico, histórico que la historia
nunca absolverá. Defender los Derechos Humanos es indicar estos planteamientos como
elementos no sólo de reflexión sino para aunar esfuerzos programáticos de las
diferentes expresiones del movimiento popular latinoamericano, en el marco de la
contradicción aún por resolver en América: monroísmo o anfictionismo.
VI
Así como el tiempo existe no debido a que se tenga reloj, así mismo es la
democracia, ella existe aunque no haya elecciones para referendos amañados, por esa
razón, no basta creer que un referendo para una reelección valide una democracia,
pues ella misma existe siempre y cuando se le deje andar sin criminalizar la
protesta y expresión populares y que haya paz con justicia social, para que el
ejercicio de los derechos sea real y no sólo formal; el tiempo es real y el reloj
existe es porque existe el tiempo y no al contrario, la democracia existe no porque
haya solamente elecciones, sino como expresión de ella en toda su complejidad y en
medio de sus propias contradicciones y situaciones tanto objetivas como subjetivas.
Lo que aspira la sociedad es poder ejercer los derechos para que verdaderamente haya
democracia y justicia social. Es decir que haya paz con justicia social y no
continuar en guerra con injusticia social en un Estado de democracia real de todos y
para todos que sea capaz de promover, defender y garantizar el ejercicio de todos
los derechos que prevenga y finiquite la desigualdad y la exclusión.
VII
Para el fascismo y el imperialismo los defensores de derechos humanos son un
problema de seguridad nacional, así se demostró hace un año día internacional de los
Derechos Humanos cuando fui liberado luego de la detención arbitraria (3) a la cual
fui sometido por las tenazas del terrorismo de Estado en los EEUU por el sólo hecho
según el imperialismo de ser opositor político al actual régimen político que
gobierna a Colombia, y por denunciar la política guerrista de los EEUU, despropósito
jurídico del Imperialismo al declararme problema de seguridad nacional como se ha
continuado hoy con otros defensores y periodistas alternativos, defensores de
derechos humanos a quienes se les prohíbe pisar territorio norteamericano por no
compartir la guerra que los EEUU inspiran e imponen, como las bases militares en
Colombia, que exigimos sean retiradas inmediatamente.
Este alijo de dos regímenes guerreristas ya es considerado por la comunidad
internacional por coincidir en su política de Estado, en considerar enemigo de la
seguridad nacional, a quien opine contrario a los gobernantes de turno, piense con
la democracia, defienda los derechos humanos, luche por la paz con justicia social,
eduque e investigue para el progreso de los pueblos, sea periodista alternativo,
propugne por la solución política del conflicto social y armado colombiano.
Es como si ser patriota que defiende la soberanía nacional, siendo buen hijo de la
patria fuera un problema de seguridad nacional, que debe ser además de
estigmatizado, amenazado, detenido, otras veces desaparecido y hasta ejecutado
extrajudicialmente.
Eso era lo que sentía la misma tarde, noche y madrugada del 22 de junio de 2008
cuando con el pretexto de habérseme revocado la visa dizque por ser un problema de
seguridad nacional se me detenía sin fórmula de juicio por un ágape policivo que me
condujo a la detención a pesar que yo exigía protección.
Detenido y uniformado de rojo, agredido en mis funciones de abogado defensor de
derechos humanos cuando iba hacia Washington a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, violentado en mi salud con secuelas que aún padezco,
pero que no lograron deshojar mi conciencia (2) como lo digo en un poema escrito en
esa mazmorra con estilo de alta seguridad.
VIII
Hoy continúa la agresión con otros periodistas y defensores de DDHH que nos oponemos
a la guerra y al terrorismo de estado, que coincidimos en la defensa de las
libertades democráticas y de la paz con justicia social y por la salida política al
conflicto social y armado que los regímenes de EEUU y Colombia quieren agudizar con
las bases militares que se nos impuso, quieren ellos que se continúe en guerra y con
injusticia social. Es toda un perversidad que la historia nunca absolverá.
Luis Ernesto Almario, Hernando Calvo Ospina, Paul Emile Dupret, el suscrito Athemay
Sterling y Miguel Ángel Beltrán y otros que seguramente sus nombres no conocemos,
esperamos reparación integral por parte del Estado Colombiano y de los EEUU y que se
creen las condiciones políticas, jurídicas, administrativas, sociales, psicológicas
y demás para que no se repitan estas acciones de terrorismo de Estado transnacional.
Athemay Sterling 30 de Diciembre de 2009
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