Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021
El pasado 30 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado peruano es responsable de la contaminación con metales tóxicos que sufre la comunidad de La Oroya y solicitó a la Corte que dicte medidas de reparación para las personas afectadas.
El informe de la CIDH señala que hasta 1993 no existía en Perú una legislación adecuada sobre el control ambiental y prevención de contaminación y que los estándares de calidad aprobados por el Estado no son suficientes ni justificados, por lo que habría incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derecho a un medio ambiente sano y a la salud.
Larga lucha
En 2002, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para proteger sus vidas y el medio ambiente, denunciando que conviven con los pasivos de la actividad minera desde 1992.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable por parte del Tribunal Constitucional, que ordenó medidas de protección. Sin embargo, luego de 14 años, no se impulsaron acciones ni medidas.
Tras observar que el Estado peruano no cumplió con la diligencia sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas mineras para proteger los derechos que pudieran verse afectados, la CIDH elevó a la Corte un pliego de medidas de reparación.
Ahora la Corte IDH deberá evaluar que el Estado peruano repare integralmente las violaciones de derechos declaradas en el informe, como el acceso a la salud física y mental de manera gratuita y especializada; el inicio de investigaciones penales y administrativas; entre otras medidas para evitar la repetición de este caso.
FUENTE: Wayka.pe
