Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2021
Una polémica respecto a la urgencia o no de contar con una nueva Constitución mantiene la polarización vivida en tiempo electoral, mientras el debate parece alcanzar punto muerto porque no existe ningún término medio, ninguna concesión.
La Constitución fujimorista adolece de muchos defectos, incluso tener una partida de nacimiento extendida por la dictadura. Es indudable que protegió los intereses de un determinado sector económico, que se benefició por casi 30 años con la ausencia del rol regulador estatal y un sinnúmero de concesiones. El resultado es una brecha profunda entre los propios peruanos, generada por la desigualdad.
Adicionalmente, en estos meses de pandemia se han desnudado problemas estructurales en el país. La desatención de salud y educación –pero también transporte, servicios básicos de agua, luz y gas, seguridad alimentaria, etc.– puso en evidencia la existencia de un Estado incapaz de generar beneficios para las mayorías, sobre todo en las áreas rurales y semirrurales, desatendidas y dejadas a su suerte.
Es claro que durante los 30 años del modelo económico impuesto por el fujimorismo y continuado por los gobiernos democráticos se han resuelto algunos temas urgentes, pero no así los importantes, los que generan desarrollo y bienestar.
A pesar de todas estas razones señaladas, no existe un momento constituyente que sirva de base para promover una nueva ley de leyes. La precariedad de una votación presidencial que en primera instancia no llegó a superar el 20% del total del electorado y que no logró alcanzar algo más del 50% en segunda vuelta no es piso sólido para propiciar una Asamblea Constituyente.
La fragmentación parlamentaria, la debilidad institucional y una prensa concentrada no nos permiten forjar el consenso necesario para lanzar una modificación tan de fondo, tan profunda, que busca cambiar las bases del modelo económico y trazar un nuevo pacto social, con nuevos actores sociales, políticos y económicos.
Ello no significa que no hay que hacerlo. Hay que construir un nuevo consenso y eso no se hace teniendo como punto de partida un país polarizado y debilidad política. Establecer bases sólidas desde el Gobierno sobre aspectos constitucionales a partir de propuestas concretas, consensuadas y estructuradas, por ejemplo, por especialistas de las universidades del país, sería un buen punto de partida.
Desde el Ejecutivo y en coordinación con las regiones se puede abrir y alentar, desde abajo, el diálogo pacíficamente, a fin de mirar más lejos y en profundidad el destino de nuestro país para los siguientes años.
fuente: La República
