Resumen Latinoamericano, 2 de marzo de 2021.
Pronunciamiento público del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), 5 años del asesinato de la dirigenta social Berta Cáceres.
La memoria de nuestra compañera Berta Cáceres, la mujer irreverente, luchadora y consciente, nos ha convocado una vez más a recordar su vida y lucha, a denunciar nuevamente que la impunidad se cierne sobre nuestro pueblo cada vez que no hay castigo para quienes cometen horrendos crímenes como del que ella fue víctima.
El sistema de justicia hondureño hace sus oídos sordos ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que han identificado a los autores intelectuales del crimen y que permanece en los expedientes judiciales.
Han transcurrido 1827 días, 1827 amaneceres en los que la luz de la justicia y la verdad se han escapado de la sociedad hondureña porque el sistema judicial evita que haya justicia por el crimen de Berta Cáceres.
Las presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados ante la justicia para que respondan por sus crímenes.
Nueva información sobre esta causa ha puesto de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala.
No debe haber más contemplaciones para quienes, tras el escudo del dinero, siguen asesinando al pueblo de Honduras. Cada día que pasa sin castigo para estos criminales, Honduras se hunde en el oscuro hueco de la impunidad.
El pueblo Lenca, el pueblo hondureño y la comunidad internacional conocemos quiénes son los responsables de este crimen que ha enlutado a tantas vidas. Hace falta que el sistema de justicia responda a esta verdad.
El clamor de la madre tierra y los bienes comunes, cada vez más depredados, nos respalda en esta búsqueda de justicia, por eso nos desfalleceremos junto al rebelde pueblo Lenca.
Por lo anterior, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, junto a la familia de Berta Cáceres y el equipo legal nos pronunciamos de la manera siguiente:
— Exigimos que los miembros de la familia Atala Zablah involucrados en este crimen sean procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación.
— Exigimos que los procesos que se están desarrollando contra David Castillo no se dilaten más y que sea sentenciado por su responsabilidad como coautor del crimen.
— Exhortamos al pueblo hondureño, en estos momentos decisivos, a mantener la fuerza en el impulso por el camino a la verdadera justicia y la democracia en la que quienes defienden nuestra vidas, territorios y soberanía no sean asesinados y ultrajados.
— Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos en exigencia de justicia para Berta Cáceres y que exista una pronta respuesta sin más dilatación del proceso.
¡Berta vive, el COPINH sigue!
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan los pueblos saben hacer justicia y el pueblo el pueblo hondureño sabrá hacer justicia”
-Berta Cáceres-
Dado en la Esperanza, Intibucá a los 02 días del mes de marzo de 2021
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Exigen justicia en Honduras, cinco años después del asesinato de Berta Cáceres
El asesinato de Berta Cáceres, hace cinco años, es un asunto sin resolver, en especial, el papel desempeñado por el Estado hondureño y sus alianzas con empresas hidroeléctricas. | Foto: Twitter: COPINH
Cinco años después del asesinato de la luchadora medioambiental a manos de paramilitares, el Copinh espera por justicia.
Cuando este martes, 2 de marzo, se cumplen cinco años del asesinato de la luchadora medioambiental hondureña Berta Cáceres, organizaciones de la sociedad civil del país centroamericano protagonizan una jornada de conmemoración y lucha por la justicia, incluida una jornada mundial por Twitter.
Berta Cáceres, quien fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en La Esperanza, Intibucá, por liderar una campaña para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica con financiación internacional en un río sagrado para el pueblo lenca, su comunidad de origen.
Desde entonces, siete personas fueron declaradas culpables y condenadas el 2 de diciembre de 2019 por su asesinato; sin embargo, solo una persona, David Castillo Mejía, está acusada hasta ahora de ser el «autor intelectual» de su asesinato.
Un informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) señala a otras personas que podrían haber participado en la planificación del crimen. Castillo Mejía era el gerente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), encargada del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
De acuerdo al Copinh, el cual antes y después del asesinato de Berta Cáceres ha denunciado amenazas por parte de las hidroeléctricas y fuerzas paramilitares; los abogados de David Castillo han adoptado medidas dilatorias en reiteradas ocasiones, las cuales han provocado retrasos en el proceso judicial hasta la fecha.
Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han solicitado de manera reiterada a las autoridades hondureñas que garanticen los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación para la familia de Berta Cáceres y a las personas que integran el Copinh.
La familia de Berta Cáceres denunció, en agosto de 2020, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras preparaba un complot para liberar a David Castillo, trama que no prosperó por la presión de las organizaciones hondureñas.
Aunque trascendió que en la audiencia de revisión de medidas, la defensa del imputado se ofreció pagar una fianza por el equivalente de 165.000 dólares que tenían como garante al banco Bac-Credomatic; lo cual, a juicio de Bertha Zúñiga, viene a demostrar «la clara vinculación que existe entre la familia Atala y el asesinato de la lideresa, al ser Jacobo Atala dueño de la institución financiera».
El abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California, Joseph Berra, afirma que la ambientalista hondureña vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco.
«Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección».
El jurista afirmó, de igual manera, que «desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes indígenas y afrodescendientes han sido asesinadas en Honduras […] estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos».
Barra puntualizó, en esa dirección, que: «la justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas».
Tuitazo mundial en homenaje a la ambientalista hondureña Berta Cáceres
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras convocó a un tuitaso mundial y a un concierto virtual, en homenaje a su fundadora, la líder del pueblo originario lenca Berta Cáceres.
“El 2 de marzo se va a hacer un tuitazo mundial exigiendo justicia para Berta y castigo a los autores intelectuales. Cinco años son los que se conmemoran de su siembra”, dijo su hija, la diputada Olivia Zúñiga.
El Copinh convocó además a un concierto virtual con artistas de al menos siete países.
Zúñiga destacó el hecho de que las acciones de homenaje tendrán un carácter virtual, dada la situación de la pandemia de Covid-19 en Honduras, donde “sigue creciendo los niveles de contagio y la letalidad es bastante grande en un país en el que no hay acceso (universal) a la salud y donde no hay vacunas”.
“Tenemos previsto que haya cobertura en los medios alternativos, las radios comunitarias y a través de los periodistas dignos, para informar sobre el caso de mi madre cómo avanza el proceso judicial con sus constantes estancamientos”, adelantó la legisladora por el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).