Resumen Latinoamericano, 6 de marzo de 2021.
“El Estado nos dispara día a día con su trato en el hospital, en las oficinas, en las fiscalias. No podemos seguir así. La Corte Suprema avala la impunidad de Carabineros y el maltrato al manifestante. Hemos quedado horrorizados por el dictamen de la Corte que autoriza el uso de los balines y que han causado tanto daño a la población” señala con firmeza, Felipe Riquelme al ser consultado por la resolución del tribunal.
Frente al Hospital El Salvador, y en momentos en que la docente Francisca Mendoza, víctima reciente de trauma ocular era sometida a una intervención quirurgica por el daño recibido, la Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular convocó a un punto de prensa con la finalidad de denunciar los últimos hechos y las limitaciones del Programa Integral de Trauma Ocular, PIRO.
En la ocasión, Paola Mendoza, hermana de Francisca reflexionó sobre lo ocurrido con su familia. Ellos, dijo, “no tienen idea el mal que nos causaron porque nosotros nunca le haríamos algo así a nadie. Esa es la primera diferencia entre un ser humano consciente y un ser humano que recibe ordenes sin importarle nada y menos que pueda destruir una familia”. Luego agregó “no puedo entender que en esa institución puedan dormir tranquilos cuando han sido millones de personas las que observan estas desgracias”. “Mi hermana, exhibió un cartel porque hay un ministro que piensa que los profesores son flojos. Le dispararon a las afuera de la puerta de su casa”, acusó Paola.
En la actividad se denunció lo ocurrido con el fotografo, Juan Cristobal Hoppe quien fue rociado con gas pimienta, mientras cubría una acción artística de denuncia. La lesión le impide por un tiempo ejercer su labor informativa. También estuvieron los familiares de Jordan Ponce, jóven de Peñalolen, victima de trauma ocular y que se encuentra encarcelado.
Felipe Riquelme, querellante representado por CODEPU, insistió en las limitaciones del programa de atención. “ No hay un programa verdadero para reintegrar a quienes sufrieron daño ocular, la responsabilidad recae en las autoridades del Estado” afirmó. Denunció que el programa solo cuenta con cuatro profesionales, que no cumple con las exigencias de un verdadero programa de atención y reparación y que en mesas de trabajo no les han informado con transparencia respecto a los fondos asignados al Programa.
El 90% de las víctimas de trauma ocular eran jefes de hogar y un 10% estudiantes dice Felipe Riquelme y señala que “no existe un programa integral para retornar a la vida laboral y de reinserción social y que los jóvenes lesionados de regiones deben viajar a Santiago, cuando debieran existir centros de atención en el norte y sur del país”.
Es el trato recibido, las dificultades cotidianas y la ausencia de justicia, lo que reafirma la decisión de denunciar lo que vivimos, reitera Felipe Riquelme y asegura “sentimos que el Estado nos dispara día a día y la Corte Suprema con su resolución que autoriza el uso de balines, hace lo mismo”.
“¿Puede un ministro de la Corte garantizar que no habrá en el futuro una nueva víctima de trauma ocular?”, se pregunta Felipe.
