Resumen Latinoamericano, 14 de enero de 2021
Corrupción, ilegalidad y exclusión: un entramado complejo detrás de los delitos ambientales, alerta estudio promovido por USAID.
«Coaliciones políticas en el Perú actúan para oponerse a los objetivos ambientales e impedir las investigaciones sobre los delitos que afectan a la Amazonía» recoge un boletín que analiza la economía política sobre delitos ambientales en Perú.
Según varios informantes, dichas coaliciones intervienen limitando o excluyendo la participación de las comunidades indígenas, de las agencias de supervisión y de los profesionales ambientales.
A ello se agrega que las entidades encargadas de abrir proceso a los infractores, como el caso de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) «están limitadas por falta de personal y recursos».
Para terminar de graficar el complejo cuadro crítico, se agrega «la estructura fragmentada del gobierno, la descentralización incompleta, la falta de coordinación interinstitucional y la escasa transparencia de los registros».
Boletín PREVENIR
Así lo indica el boletin 360 que edita el proyecto PREVENIR de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).
El boletín se basa en un Análisis de Economía Política elaborado por los consultores Thomas Moore y Claudia D’Andrea que mapeó intereses, incentivos y actores clave en Madre de Dios, Ucayali y Loreto.
La investigación se basó en 98 entrevistas a actores del sector público y privado, sociedad civil, organizaciones indígenas, universidades y cooperación internacional.
Brechas significativas
Un hallazgo de la investigación es la existencia de «brechas significativas» entre instituciones de nivel nacional y regional en relación a los procedimientos para actuar frente a quienes cometen delitos ambientales.
Según los entrevistados, esta fragmentación también se expresa en «el fracaso de la coordinación e integración de la planificación y gobernanza del uso de la tierra».
A ello se suma «la sospecha del vínculo entre algunas autoridades a las redes del crimen organizado, mientras que el sector privado se mantiene cómodo con el estatus quo».
Recomendaciones
El estudio no se queda en el diagnóstico y brinda un paquete de recomendaciones como alentar los esfuerzos multisectoriales para implementar catastros forestales y mineros, integrales y de acceso público.
Propone lograr tipificar los delitos ambientales como «delitos graves» para asegurar la debida atención en el Marco Nacional de Politica para Delitos Ambientales.
Otra medida es apoyar la gestión de los bosques en territorios indígenas a través de la tala a pequeña escala y proteger estos territorios de los derechos mineros externos.
También sugiere fomentar espacios multisectoriales para identificar condiciones habilitantes de la corrupción y fomentar soluciones enfocadas en la transparencia.
El documento propone diversas medidas de información y comunicación y promover corrientes de opinión pública basadas en nuevas narrativas sobre delitos ambientales y conservación de la biodiversidad.
Al respecto indica que es importante que se expliquen y reconozcan las dimensiones políticas y las responsabilidades sobre la gobernanza del uso de la tierra y la urgente necesidad de mejorar la articulación regional-nacional.
Para conocer el boletin completo acceda al siguiente acceso:
Boletin PREVENIR 360 (PDF, 3 páginas )
FUENTE: SERVINDI
