Por José Javier Capera Figueroa. Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021.
El exterminio que ocurre en los pueblos originarios es una realidad profunda. Los altos índices de violencia, despojo y asesinato sistemático contra los lideres indígenas en Colombia, es una problemática que no se puede ocultar con los dedos.
Que se puede esperar si pareciera que, a nuestros gobiernos, no les interesa apostar por la pervivencia de la cultura y el cuidado de los legados milenarios producto de la sabiduría de nuestras comunidades en los territorios ancestrales.
Los planes de vida son la muestra de un proyecto de larga duración. Simbolizan, ir escribiendo el camino con la palabra y hacer con los hechos. Es la búsqueda del equilibro con la madre tierra, el fortalecimiento de los tejidos socioculturales y la defensa por la vida ante cualquier expresión de violencia, esto hace parte de las luchas que los pueblos indígenas viven en la actualidad.
Según los datos de la Red CoPaLa en el gobierno de Iván Duque han sido asesinados alrededor de 167 lidere/as indígenas. Es la muestra de un panorama de violencia profunda y exterminio masivo contra los pueblos originarios en Colombia. Sin embargo, la presencia de la pandemia Covid-19, también profundizo el etnocidio al interior de los resguardos y cabildos, tal vez las autoridades no saben o desconocen las verdaderas problemáticas, demandas y propuestas de los comuneros en los territorios.
No solamente el Covid-19, los golpea radicalmente también el racismo e indiofobia apunta a la desaparición de sus chacras. Igualmente, la falta de redes, plataformas y medios para darle solución a las exigencias del Ministerio del Interior es un problema profundo. La tarea de construir y presentar los Planes de Vida que requieren sus comunidades se convierte en una traba burocrática. Pareciera que, a las instituciones del Estado, les gusta martirizar a los indios y abusar de la buena fe, sentir y falta de oportunidades propias del atraso social-económico-político que viven los pueblos originarios.
El llamado de las comunidades de volver a la ley de origen, es decir recuperar la lengua, preservar la cultura y pervivir ante el cambio de generación y época que vivimos en estos tiempos. Frente a eso, el Estado de la mano con las gobernaciones y alcaldías municipales, podrían facilitar un equipo de profesionales de diferentes áreas del saber para ser co-participes en la construcción de los planes de vida que requieren las organizaciones, cabildos y resguardos para así superar ese requisito burocrático del momento.
Postdata: las universidades públicas-privadas tienen la oportunidad de facilitar los becarios, pasantes y estudiantes, a través de los grupos de investigación para apoyar a los pueblos indígenas en la construcción, sistematización y sustentación de los planes de vida que necesitan. Es una excelente posibilidad para establecer relaciones interculturales entre las comunidades, universidades y el gobierno como muestra real de construcción de paz en los territorios.
Blog del autorFuente: Rebelión
