Por Julio Gambina, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021.
La inflación es una manifestación del poder, del poder que tienen los que pueden incrementar los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Solo “puede” aumentar precios el que “puede”, no el que quiere, para ser más precisos, el que tiene el poder de hacerlo. Cualquiera me dirá que la aseveración es una tautología y claro, solo puede el que puede. Vale pensar si la mayoría de las personas pueden defender sus ingresos incrementando su fuente de generación de ingresos; caso de las trabajadoras y los trabajadores. No, no pueden, incluso aquellos que están dentro de convenios colectivos de trabajo, que, aun negociando ingresos, no siempre le ganan a la carrera entre precios y salarios.
El salario es también un precio. Apenas un cuarto de la población trabajadora puede negociar su ingreso salarial bajo la modalidad de la negociación colectiva, por lo que la mayoría de la fuerza de trabajo no está comprendida en esas negociaciones colectivas. La mayoría de la fuerza laboral pierde en la puja distributiva, con su precio con tendencia a la baja contra el promedio de los precios de su canasta de consumo en alza, especialmente los alimentos. Es similar lo que ocurre con la masa laboral jubilada, sea la fórmula de actualización que se aplique, siempre pierden contra la canasta de consumo de las y los mayores. No es diferente de quienes viven de planes o beneficios sociales. Entre trabajadores y trabajadoras regulares e irregulares, jubiladas y jubilados más perceptores/as de beneficios sociales, remitimos a la mayoría de personas que viven de ingresos fijos, devaluados ante la inflación de precios.
Se trata de una carrera desigual por la apropiación del Ingreso, base indispensable para el acceso al mercado de bienes y servicios para satisfacer necesidades históricamente determinadas. Por eso el interrogante es si alguien gana con la inflación, o si todas/os perdemos. Claro que hay ganadores/as, y son beneficiarios del alza promedio de los precios quienes pueden defender el precio del bien o servicio de su fuente principal y/o regular de sus ingresos. Los ingresos son esencialmente el salario, la ganancia (industrial, comercial, financiera) y la renta; subjetivada en las trabajadoras y los trabajadores (salario), las propietarias y propietarios de medios de producción (ganancia) y los propietarios/as de la tierra (renta). Aludimos a la fórmula trinitaria en que distribuye el producto socialmente generado. Para la economía tradicional, el Ingreso es la expresión idéntica del Producto. El producto es igual al Ingreso, por lo que el equivalente del Producto se expresa en la totalidad de los salarios, de las ganancias en sus distintas formas, y de la renta del suelo, petrolera, minera.
Ahí podemos entender el por qué la defensa del precio internacional en el mercado interno que sostienen los grandes exportadores de commodities. Las commodities son productos cuyo precio se establece internacionalmente con indiferencia del costo de producción local. El petróleo, la soja, el maíz, o el oro, entre otros productos mercancías tienen precio internacional, con independencia de su mayor o menor costo de producción local. Las grandes empresas que controlan la producción y comercialización de las principales commodities que hacen a la producción en la Argentina y en cualquier territorio, defienden su capacidad de obtener ingresos (ganancias o renta), sea por que actúan en el mercado de manera monopólica y establecen precios por sí mismos, o porque aún, existiendo “precios regulados”, tienen capacidad para incidir sobre el ente regulador, que es el propio Estado capitalista, que por definición, está al servicio del régimen del capital. En todo caso, tiene la capacidad de “compensar” con políticas paliativas de contención del conflicto social.
Precios y producto es lo que está en debate, con un 2020 donde la capacidad de producir cayó entre un 11 y un 12%, un dato a verificar. Según el proyecto de Presupuesto 2021, la estimación era de ‑12,1% y para varios organismos internacionales ronda entre ‑10% y ‑12%. El producto fue menor que en el 2019, no hay dudas, y por ende, los ingresos a repartir fueron menores. Si el ingreso es igual al producto y éste fue menor que el año anterior por la recesión, la de arrastre del macrismo y la resultante por efecto pandemia, los ingresos a repartir fueron menores. Eso no quiere decir que la merma se distribuyó equitativamente entre propietarios/as de medios de producción y propietarios/as de fuerza de trabajo. La merma de los ingresos exacerbó la puja distributiva a favor de la ganancia y la renta, en contra de los ingresos fijos. El resultado es la mayor concentración del ingreso entre los/as menos que son propietarios/as de los medios de producción y en contra de los/as más, que solo son propietarios/as de su fuerza de trabajo. Agreguemos que la fuerza de trabajo no siempre encuentra demanda en el mercado.
En esta condición es que el Estado capitalista intenta contener el conflicto social y aplica políticas sociales masivas. Se trata de una política global, caso de EEUU, que en diciembre 2020 anunció un plan de subsidios millonarios de 900.000 millones de dólares, para las familias y empresas con problemas. Ahora, en enero, el presidente electo enuncia un paquete de estímulo para sacar al país de la peor crisis desde 1930 por 1,9 billones de dólares, y así contener la demanda de los sectores más perjudicados en momentos en que recrudece la pandemia por el coronavirus y los problemas económicos de desaceleración y desempleo.
La inflación remite a los precios y su evolución, y estos se explican en torno a la ley del valor, la que explica esencialmente el intercambio de equivalentes en el capitalismo. Una ley del valor asociada a la producción mercantil capitalista, mediante la cual el capital subordina a la fuerza laboral en el proceso de producción del excedente que es apropiado por los propietarios de medios de producción, mediante ganancias y renta.
Esto que esencialmente rige para cualquier país capitalista se agiganta como problema en disputa y por ende en la suba de precios ante los límites para ejercer el poder de una fracción dominante, caso reciente del conflicto por el cierre temporal de las exportaciones de maíz. Fueron sectores del poder los que empujaron el lockout agrario para defender el precio internacional del maíz en el mercado local, pero también fueron otros sectores del poder agrario, en todo caso, agrario-industrial los que acordaron el monitoreo con el gobierno e hicieron evidente los límites al poder de la SRA y el sector más tradicional de la burguesía oligárquica en la Argentina. Claro que también interviene la capacidad de disputar consenso social, medios de comunicación mediante, ampliando el espacio de la disputa de sentidos, contribuyendo a generar confusión sobre las causas de la inflación en el país, una de las más elevadas del mundo. De hecho, diciembre cerró con un 4% de inflación y un 36,1% para todo el año, menor que el 53,1% del 2019, pero deja un piso de acumulación para el 2021 que acrecienta las preocupaciones en cuestión de distribución del ingreso y de la riqueza.
¿Puede frenarse la inflación en la Argentina o en otros países en donde también es elevada? No en vano, la inflación aparece en aquellos países donde la disputa política esta exacerbada, caso de Venezuela en la región. La respuesta está en la política y en la economía, en un enfoque de Economía Política y más aún, de crítica a la “economía política” del capitalismo. Ello supone la crítica al orden económico y social y la promoción de políticas en contra y más allá del capitalismo, a favor del ingreso fijo y en contra de la ganancia y la renta.
Claro que eso supone definir un rumbo de confrontación con el sentido común imperante. De lo contrario, la inflación solo podrá resolverse cuando un grupo del poder pueda terminar de imponer su lógica productiva. Es lo que siempre se discutió en el país, en el 30 del siglo pasado con la incursión de los militares vía golpes de Estado, reiterado en varias ocasiones hasta la última del 76, con secuelas como la ley de entidades financieras que aun rige en el país, o la lógica del sempiterno endeudamiento público para favorecer la acumulación en el mundo de la lógica productiva gestada en el país. Es lo que se discutió en los 90 con la ruptura de la bipolaridad y la inserción subordinada en la liberalización mundial de la mano del peronismo con Menem en la presidencia, continuado por el radicalismo y el Frepaso, en la Alianza a fines de los 90 y reiterado y potenciado en el macrismo entre 2015 y 2019. Son disputas que generan un saldo de mayor pobreza y precariedad, donde la inflación es uno de los mecanismos de distribución regresiva del ingreso, y con ello, de la riqueza.
Fuente: AnRed
