Resumen Latinoamericano, 14 de agosto de 2020
Los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano han sido fuente de 474 derrames entre los años 2000 y 2019. El 65% de los derrames se debió a corrosión de los ductos y fallas operativas.
Entre los años 2000 y 2019 los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano han sido fuente de 474 derrames, dejando serios impactos ambientales que se suman a los más de 2 mil sitios impactados y contaminados identificados en territorio de la Amazonía Norte.
Así lo informa el estudio “La sombra del petróleo” elaborado porel Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
El 65 por ciento de los derrames se debió a la corrosión de los ductos y fallas operativas, mientras que el 28 por ciento fue causado por terceros.
La responsabilidad de la mayoría de derrames recae sobre las operadoras, tanto por condiciones o actos inseguros como por falta de medidas preventivas y predictivas que generaron corrosión en la infraestructura petrolera.
El estudio elaborado por Aymara León y Mario Zúñiga se apoya en datos oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).
El documento brinda un estado situacional sobre los derrames de petróleo en la Amazonía peruana, contrastando las prácticas y discursos del sector con la evidencia recogida de fuentes oficiales, y ensaya recomendaciones de reformas normativas e institucionales.
| Datos claves reveladoresEn el Lote 192, de más de 2 mil sitios impactados y contaminados por la actividad petrolera, solo 32 sitios han sido priorizados para ser remediados.Remediar los 32 sitios priorizados del Lote 192 cuesta más de S/. 600 millones. Con el dinero transferido por el Estado, solo pueden remediarse 10 de esos sitios.El volumen de la contaminación en 32 sitios afectados del Lote 192 equivale en promedio a llenar 231.5 estadios nacionales y para retirarla se necesitarían 24,316 volquetes.El 94% de barriles derramados en lotes petroleros amazónicos entre 2000 y 2019 son responsabilidad de Pluspetrol, lo que la convierte en la empresa más contaminante del país.El Informe Final de la Comisión Investigadora sobre Derrames en el Oleoducto Norperuano del Congreso de la República, presentado en el pleno el 2019, señala que no existe evidencia para responsabilizar a comunidades nativas por derrames en el Oleoducto.La Comisión Investigadora sobre Derrames en el Oleoducto Norperuano del Congreso de la República denunció posible colusión entre Petroperú y empresas remediadoras. |
Costos de remediación ambiental superan beneficios económicos
En 2012, cuando el precio del barril de petróleo superaba los US$ 100, Loreto recibió por canon petrolero del Lote 192 (antes 1AB) S/.280.5 millones. Sin embargo, tan solo el costo de remediar los daños ambientales de 32 sitios impactados por la actividad petrolera en dicho lote supera los S/.600 millones.
Los costos son tan altos que el Estado ha transferido a la fecha solo S/.183.4 millones que alcanzan para remediar únicamente 10 de los 32 sitios contaminados priorizados del Lote 192.
A ello se agrega que mientras no se resuelva la controversia de responsabilidades con la empresa Pluspetrol (que operó el Lote 1AB), el Estado deberá asumir los costos de la remediación ambiental en dicha zona.
Si Pluspetrol no asume su responsabilidad, el Estado peruano deberá cubrir los costos de remediación con el dinero de todos los peruanos y peruanas.
El estudio señala que el volumen de la contaminación en esos 32 sitios afectados del Lote 192 equivale en promedio a llenar 231.5 estadios nacionales y para retirarla se necesitarían 24,316 volquetes.
Si Pluspetrol no asume su responsabilidad, el Estado peruano deberá cubrir los costos de remediación con el dinero de todos los peruanos y peruanas.
Datos oficiales contradicen las narrativas del gremio petrolero
Para entender qué ocurre realmente dentro de los lotes petroleros y el Oleoducto Norperuano, es necesario ir más allá de las suposiciones, de los discursos que arremeten de manera infundada contra las comunidades.
Asimismo, de aquellas versiones interesadas que buscan negar por completo la existencia de cortes realizados intencionalmente en los ductos.
“Es crucial remitirnos a la información de los entes fiscalizadores del Estado como el OSINERGMIN y el OEFA porque ayuda a comprender la problemática» indica el informe.
«La información proporcionada por dichas entidades demuestra que, contrariamente al imaginario que se ha cristalizado y a los discursos de los gremios petroleros, la responsabilidad sobre la gran mayoría de derrames en la Amazonía recae sobre las operadoras”, señala Aymara León, autora del estudio.
De acuerdo con el Informe Final de la Comisión Investigadora sobre Derrames en el Oleoducto Norperuano del Congreso de la República, presentado en el pleno el 2019, no existe evidencia para responsabilizar a las comunidades nativas por derrames en el Oleoducto.
Lo que sí hay, según dicho informe, son indicios de posible colusión entre Petroperú y empresas remediadoras, en donde pocas empresas, con lazos de amistad, u otros, monopolizan el mercado de remediación ambiental y ganan licitaciones a dedo.
Pluspetrol: la empresa más contaminante
El estudio destaca la responsabilidad particular de una empresa sobre los derrames en la Amazonía peruana: Pluspetrol Norte S. A., que operó el Lote 1AB (hoy 192) y quien opera actualmente el Lote 8.
Ambos lotes suman un total de 271 derrames y si se calculan los barriles derramados por cada lote, entre ambos suman el 94 por ciento de todos los barriles derramados en lotes amazónicos desde el 2000 al 2019 (hasta el 2015 en el caso del Lote 1AB).
Esta data oficial convierte a la empresa Pluspetrol en la petrolera más contaminante del país.
“Los programas de monitoreo han contribuido a la denuncia de la contaminación y, efectivamente, es en estos lotes donde más claramente aumenta el registro de derrames».
«Entre los años 2006 y 2010, según menciona Aurelien Stoll, programas de monitoreo indígena independientes solo de la cuenca del Corrientes, denunciaron 92 derrames producidos en territorio indígena, en los lotes 8 y 1AB, mientras que el Estado reportó en esos años solo 78 derrames para esos lotes”, señala Mario Zúñiga, autor del estudio.
Empresas sancionadas buscan judicializar multas
OSINERGMIN abrió 511 Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) por incumplimientos normativos, a partir de los cuales se han multado a las operadoras en su conjunto por más de S/. 95 millones, de los cuales se ha pagado poco menos de S/. 15 millones.
Tanto Petroperú como Pluspetrol han judicializado algunas de estas multas, por un monto que asciende a S/. 18 millones. Por su parte, OEFA ha abierto 229 PAS en los lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano.
Al respecto, el estudio recomienda fortalecer la institucionalidad ambiental con relación a la determinación de medidas fuertes para la protección del medio ambiente.
Por ejemplo, uso efectivo de las cláusulas de los contratos petroleros que señalan su finalización ante repetidos incumplimientos ambientales, o crear la muerte civil de empresas petroleras por continuo incumplimiento y judicialización de medidas sancionatorias y correctivas.
Recomendaciones clave
Una de las recomendaciones del estudio es priorizar la atención de las áreas impactadas y de las poblaciones afectadas por las actividades petroleras por sobre las controversias legales y administrativas.
Para ello, es necesaria una evaluación de la efectividad de los mecanismos actuales de fiscalización ambiental y llenar los vacíos normativos o administrativos que permiten impunidad y que dejan desatendidos a los pueblos y sus territorios.
En ese sentido, es importante agilizar los procesos de determinación de responsabilidades y las sanciones a los responsables de los derrames y generar mecanismos legales que permitan la acción del Estado cuando las empresas no asumen su responsabilidad ante los impactos de sus actividades.
Por otra parte, el estudio también recomienda pensar en una moratoria petrolera zonificada, para que se detenga la promoción en zonas impactadas por hidrocarburos, en tanto no exista una identificación intersectorial y a todo nivel de gobierno de los daños producidos hasta el momento por dicha actividad, así como los costos que esto representa para la población local y para el Estado.
Esta data debería estar cruzada con data de procesos de ordenamiento territorial y de valorización concreta de impactos petroleros.
El análisis y diagnóstico debería ser impulsado por todos los actores involucrados en la gestión de un territorio, incluyendo actores indígenas, organizaciones no gubernamentales y empresariado.
Ello permitiría procesos de cogestión bajo el enfoque ecosistémico y de sostenibilidad y se pueda tener información concreta y en corto tiempo para que el proceso de promoción y de valoración de los impactos esté acorde con la realidad y no sea solo un discurso de beneficios no medidos.
Asimismo, los autores proponen iniciar los pasos hacia un profundo cambio en la producción y el consumo energético, pues los impactos de la extracción del petróleo no se circunscriben únicamente al territorio de los pueblos indígenas en nuestra Amazonía.
La contaminación a causa de su producción y consumo contribuyen significativamente al cambio climático, cuyas consecuencias se vienen haciendo cada vez más visibles. Así, es fundamental la transición de la matriz energética, para lo cual el Estado deberá promover energías limpias y sin impacto hídrico, aunque tenga que hacer frente a los poderosos intereses extractivos del sector petrolero.
Cabe mencionar que entre los lugares en los que el estudio identificó derrames de petróleo se encuentra el Lote 95, donde acaba de ocurrir un enfrentamiento entre indígenas del pueblo Kukama y policías, dejando un lamentable saldo de al menos tres fallecidos y 17 heridos.
Miguel Lévano, Coordinador del Subgrupo sobre Derrames Petroleros, lamentó los sucesos y expresó su preocupación por esta situación, así como los desafíos que esto representa para el nuevo gabinete del primer ministro Walter Martos.
“Considerando el impacto de las actividades petroleras en la Amazonía, es necesario que el Estado redoble sus esfuerzos de diálogo, de fiscalización y remediación, aplicando los mayores estándares posibles ante las operaciones existentes y nuevas inversiones» expresó.
«No es posible que las comunidades de zonas petroleras, que viven en situación de pobreza, vean que los derrames afectan o ponen en riesgo sus medios de vida y salud, eso no puede continuar”, indicó.
Datos
– El Oleoducto Norperuano atraviesa el territorio de seis pueblos indígenas: Kukama, Awajun, Shapras, Achuar, Chuchuas y Wampis. A ellos se debe sumar el pueblo Quechua del Pastaza en el distrito de Andoas, por lo que serían 7 pueblos afectados por el Oleoducto. Específicamente el Oleoducto Norperuano afecta a 95 comunidades nativas.
– Los Lotes petroleros 192 y 8 son los lotes contiguos más antiguos que, desde que iniciaron sus operaciones hasta la actualidad han contaminado los territorios de los pueblos indígenas Quechua del Pastaza, Kichwa del Tigre, Achuar del Pastaza y del Corrientes, Urarina y Andoas.
– Pluspetrol es la empresa que más ha optado por judicializar las resoluciones del OEFA. En uno de estos juicios, se busca dejar sin efecto el informe del OEFA que determina la responsabilidad de la petrolera sobre 1,199 sitios impactados en el Lote 1AB (hoy 192), con lo cual la empresa quedaría impune de la crítica situación ambiental de dicho lote.
Descargue el informe con un clic en el siguiente enlace:
La sombra del petróleo (PDF, 95 páginas)
FUENTE: SERVINDI
