Escriben Agustina Ll. y Xime Arrece, Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2020.
Marina Martínez, de 17 años, de José C. Paz, desaparece el pasado jueves 6, mientras se dirigía a retirar el bolsón de mercadería del colegio donde estudia, la secundaria N°17, a un tan sólo un kilómetro de su casa. La organización y la acción en las redes y en la calle de la familia, vecinos y organizaciones zonales, consiguió que a Marina la suelten. La tiraron de un auto cerca de su casa, en estado de shock, a menos de 48 horas de su desaparición, después de un corte de ruta.
Marina salió de su casa a las 10 de la mañana a retirar la mercadería. Llevaba solamente su DNI y su celular, sin dinero ni sube. Media hora más tarde, envía el último mensaje a su mamá diciendo que estaba a la espera de los alimentos. Poco tiempo después, deja de contestar. Intentan llamarla, pero el teléfono ya daba apagado.
La desesperada búsqueda de la familia comenzó a las 11. Cuando se acercan al establecimiento educativo, les informan que nunca retiró la mercadería. Inmediatamente, realizan la denuncia y se arma un flyer que se comienza a difundir por las redes masivamente, por grupos de WhatsApp y logran llegar a algunos medios de comunicación. La familia imprime volantes y comienza a pegarlos y repartirlos por todos lados. Se acercan al centro de monitoreo de las cámaras del distrito, pero les niegan el acceso, aduciendo que solamente pueden ver las grabaciones el personal policial a cargo.
Rita, la hermana mayor, empezó a golpear puertas y moverse por cada lugar que la mandaban: reuniones con secretarios de fiscales, con secretarias del Ministerio de la Mujer, sin encontrar salida alguna, excepto algún que otro trámite. El estado intenta esconder su responsabilidad, planteando la búsqueda de una mujer desaparecida como si fuera un problema administrativo, y no político.
A 24 horas de la desaparición, la policía y la fiscalía N°19 a cargo no habían hecho nada. No rastrearon las llamadas de las últimas 24 horas del celular de Marina, no intentaron rastrear la señal de GPS, no hackearon sus redes sociales en busca de indicios, no pidieron las grabaciones de las cámaras aledañas, no llamaron a declarar a ningún testigo. Nada.
Ante la omisión de la justicia, la familia refuerza la campaña en las redes sociales. La comunidad educativa de la escuela secundaria se organiza para difundir masivamente su foto. Finalmente, y sin respuestas, la familia junto a vecinos y organizaciones sociales de la zona, convocan a un corte que termina en piquete sobre la Ruta 197, al cual se suma hasta el Sindicato Luz y Fuerza de José C. Paz.
Horas más tarde, por la noche, un vecino ve como tiran a Marina de un auto, cerca de su casa. Estaba viva, pero en llanto y gritando.
El caso de Marina muestra un método de acción ante cada desaparición de una mujer. No hay que esperar ni un minuto para hacer la denuncia, que debe ser tomada de manera inmediata: nada de esperar 48 horas, que son cruciales para la búsqueda. Ninguna confianza en el Estado, cómplice y responsable de las desapariciones, pues a las compañeras no se las traga la tierra. Las familias trabajadoras deben organizarse y salir a la búsqueda, no lo va a hacer la policía. La coordinación entre vecinos, amigos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, junto con las familias obreras, enseñan que el único camino posible para recuperar a las chicas es la lucha independiente y en las calles contra este régimen social. La clase obrera entiende, que sólo haciéndose oír, mediante sus métodos históricos como el piquete y la movilización, consiguen torcer el destino de la brutal cifra de femicidios y desapariciones que vivimos cotidianamente.
Exigimos la investigación a fondo de lo sucedido con Marina. El Estado debe garantizarle la atención médica, psicológica y legal que necesite, tanto ella como su familia, y el resguardo necesario.
Fuente: 
Política Obrera
