Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2020.
Por más que lo quiera ocultar, la oposición venezolana ya no debería llamarse en singular, sino las oposiciones: existe la que representa Juan Guaidó, deliberadamente sumisa a la política exterior de Estados Unidos; y la disidente de esa vertiente, que tiene a los políticos venezolanos antichavistas con aspiraciones a cargos públicos y plataformas institucionales.
Estamos
en un momento político en Venezuela donde se reorganiza todo el mapa de
intereses y agendas de poder en torno a una contienda electoral bajo un
esquema de agresión de espectro completo propiciado por el Norte.
Se
trata de las elecciones parlamentarias a finales de 2020, en un
contexto de pandemia y con un liderazgo opositor que ha minado desde
2015 la institucionalidad venezolana desde la Asamblea Nacional (AN),
que en principio dedicó sus primeras acciones en una afrenta directa por
el “cambio de régimen”.
Las consecuencias de que la difunta Mesa de Unidad Democrática (MUD) tomara al poder legislativo las vivimos aún, con un peso trágico sobre los hombros de la mayoría de la población venezolana. Pasaremos a repasarlas como una anotación para no volver a repetir la historia reciente, tan lesiva a la la República Bolivariana.
Desde el día 1
La
MUD logró, en 2015, su primera victoria como plataforma electoral y
apenas asumió el cargo de presidente de la AN el diputado Henry Ramos
Allup, el poder legislativo se erigió en un actor beligerante.
Esta condición dinamitó la dinámica política del liderazgo opositor, que comenzó a actuar en los márgenes de los límites constitucionales con el parlamento de timón, incluso evadiéndolos y reclamando un aislamiento institucional que llevó a un choque, primero, con el poder judicial en el marco de los desacatos de las sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y, posteriormente, con el ejecutivo y los otros tres poderes.
Desde entonces la crisis institucional ha conmocionado las bases del estado y la sociedad venezolana, puesto que ya no tenía un poder legislativo debidamente instalado según las líneas establecidas en la Constitución.
Junto a esto, la decisión de cómo se repartirían las cuotas de poder de la AN en la MUD provocó una serie de desafectos y tramas que fueron deteriorándose hasta la extinción de la plataforma multipartidista de la oposición. De hecho, el factor decisorio de este proceso fue la hegemonía del llamado G4, los cuatro partidos con mayor cantidad de votos del antichavismo: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).
La
adopción de agendas foráneas, la corrupción interna de los partidos, la
debilidad programática de sus objetivos y el despilfarro del capital
político produjo en el G4 una rebelión de diputados menores en 2019,
demostrando que la hegemonía de esos partidos dejaron de representar las
aspiraciones políticas de una gran cantidad de opositores.
Cuando el G4 se repartió la AN a conveniencia, comenzó la debacle de la política en el lado opositor. Las ganas por el golpe de estado se volvieron irremediables para esa camada, sobre todo la representada por PJ y VP.
Una plataforma de múltiples propósitos
La
mayoría de los venezolanos podemos recordar que con la llegada del
antichavismo a la AN la situación económica del país comenzó a decaer de
manera trágica. Muchos recordamos el año 2016 como uno donde arreció el
desabastecimiento y la capacidad de consumo llegó a límites impensados
para las mayorías.
Algunos
de los sectores empresariales, cadenas de suministro y comercio y
agentes económicos de mayor poder en Venezuela habían decidido
embarcarse en la misma ruta destituyente de los líderes de la AN. La
coordinación entre los grandes gremios económicos (Fedecámaras,
ganaderos, etc.) con la directiva del parlamento fue más que evidente,
mientras desplegaban una campaña de criminalización del presidente
Nicolás Maduro y los máximos dirigentes del estado.
A
la “guerra económica” la suplantó una imagen social de “ineficiencia y
corrupción” por parte del gobierno, posteriormente considerado “régimen
dictatorial”, lo que significó un cambio de las percepciones políticas de la población venezolana,
en el que ahora sería significativo el “rescate de la economía” como
mantra principal de la campaña por un “cambio de régimen”.
En este sentido, la AN sirvió como plataforma para el blanqueamiento de los crímenes económicos que cometían los monopolistas productivos y comerciales del país, convirtiéndose el G4 en un capitalizador del descontento social, o al menos en un actor que promocionaba la guerra económica en beneficio de la legitimidad de su discurso (perverso y antipolítico).
En
2017, cuando Julio Borges asumió la presidencia del parlamento, se
redobló la apuesta: ahora el poder legislativo estaba siendo instrumentalizado como un gestor de las medidas coercitivas unilaterales de hoy.
Fue
la dirigencia de PJ, ese grupito que se encuentra ahora en Colombia,
España y Estados Unidos, la que insertó la agenda de la guerra económica
internacional contra toda la población de Venezuela, usando la
institucionalidad venezolana de manera inconstitucional para darle
legitimidad a la solicitud de sanciones y bloqueos económicos,
financieros y comerciales.
Esta es una de las consecuencias más trágicas de que la oposición haya obtenido una plataforma del estado para su estrategia golpista, claramente contraria a los intereses de todo un pueblo que quiere ser llevado al caos de una verdadera “emergencia humanitaria”. La eficacia de esta diligencia tiene mucho que ver con la conexión que construyó Julio Borges y los suyos con sectores financieros de peso en Estados Unidos y Europa, revestida de falsa institucionalidad.
En
efecto, el G4 no solo consiguió minar las normales relaciones entre
poderes, sino que anunció una legitimidad unívoca y absoluta, amparado
por Washington y las plataformas políticas y diplomáticas que lo
secundan, frente al resto del estado venezolano.
A
partir de esa construcción ficticia, difundida por la mediática
antichavista, las ONG de financiamiento NED/USAID y los políticos
antichavistas, el gobierno de los Estados Unidos y sus delfines
internacionales dictan que el presidente Nicolás Maduro no es presidente
de país alguno y que Juan Guaidó es el “interino” encargado de un
gobierno de transición hacia una Venezuela a la medida del Norte.
Es así cómo el gobierno estadounidense decidió tomar por las riendas directamente el conflicto venezolano, abandonando las sombras, torpedeando con “sanciones” y subiendo la temperatura de la violencia tercerizada.
¿Hacia la reinstitucionalización de la AN?
La división de la oposición
ha sido una consecuencia clara de cómo la dirigencia antichavista ha
llevado las cuentas y ejercía su posición de mando desde la AN, siendo
un debilitamiento estratégico para las aspiraciones electorales de
algunos sectores partidistas que han querido ceñirse a la ruta
constitucional.
Tal
situación no solo beneficia al chavismo en la carrera por la mayor
cantidad de curules a finales de 2020, también es un aliciente real para
aquellos opositores que tienen en miras la reorganización de los partidos políticos antichavistas
que se autoexcluyeron de la vida política venezolana, secuestrados por
un grupito de extremistas que eligieron subordinarse a la agenda de
Washington. Es el caso de AD y PJ en las últimas semanas, amén de las
sentencias del TSJ para que haya una mayor participación política en las
legislativas.
Se
debe recordar que, asimismo, todo el camino recorrido desde 2015 ha
servido para que haya un plan de reinstitucionalización de la AN,
propuesto desde la Mesa de Diálogo Nacional entre las distintas partes
políticas en disputa, excepto por el autoexcluyente sector golpista
liderado por Guaidó. Esto significa un avance en el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y quienes lo adversan políticamente, tan necesario para el destrabe de la situación.
Pero
sin duda, y para concluir, una de las mayores consecuencias de la
victoria electoral de la oposición venezolana en 2015 fue la de agudizar las contradicciones entre los dos proyectos en pugna,
el de la República Bolivariana y la republiqueta neocolonial, lo que
provocó un colapso político con secuelas hasta el día de hoy
experimentadas.
Bajo
ese contexto, el chavismo ha logrado sortear el “cambio de régimen” con
elementos políticos a la mano que han logrado resistir escenarios de
violencia extrema, fallidos magnicidios e incursiones mercenarias,
cuadros de asfixia económica, financiera y comercial, una pandemia aún
en acción y con un estado en pugna tanto en el ámbito nacional como en
el internacional.
A la luz de lo sucedido en los últimos cinco años, se puede entender la importancia que tiene para el chavismo el volver a ganar un espacio como la Asamblea Nacional.
* Fuente: Misión Verdad
