Por Alejandro Narváez Liceras* /Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2020
Al margen de la pérdida de vidas humanas, que es invalorable, el costo del coronavirus en materia económica, será cuantioso para los peruanos. El optimismo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios de marzo pasado, de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) para este año en torno al 3.5% y una rápida recuperación en forma de V para el 2021, han ido cediendo paso a una cruda realidad: la profundidad de la recesión parece no tener limite.
Apoyo Consultoría estima una caída de – 12% para este año. Aunque duela admitirlo el 2020 es un año perdido, a menos que aparezca muy pronto la tan esperada vacuna (crucemos los dedos) que ayude a evitar males mayores. Nada nos dice que el próximo año sea mejor o igual que éste, y la curva de la recuperación con suerte tendría forma de U, es decir, nuestra economía pasaría a duras penas al terreno positivo allá por el año 2023.
Reactiva Perú no funciona
El gobierno ha previsto gastar 12% del PBI (90,000 millones de soles) para enfrentar la crisis del coronavirus. Los primeros 30,000 millones fueron destinados a contener el virus, los siguientes 30,000 millones para préstamos a empresas con garantía del Estado a cargo del Banco Central de Reserva (BCR) y el saldo seria para la reactivación económica. Sin embargo, este plan fue modificado la semana pasada (véase D.L. 1585). Los 30,000 mil millones que manejan los bancos para préstamos con garantía del papá Estado han aumentado a 60,000 millones de soles, siendo la razón según el MEF, financiar el capital de trabajo de las empresas con problemas de caja.
El tan mediático plan Reactiva Perú del gobierno, no es propiamente un plan de reactivación económica; es más bien de salvataje y contención de la economía a corto plazo para evitar que se rompa la cadena de pagos. Este plan que cuenta con un fondo de 60,000 millones de soles gracias a la última ampliación, está orientado principalmente a sanear la economía de las grandes empresas y muy poco a las micros, pequeñas y medianas empresas que brindan empleo al 75% de la población económicamente activa (PEA). Conservar empleo es lo que más importa en este momento, por lo tanto, el mayor esfuerzo del gobierno debe estar dirigido a este sector. En suma, los 90 mil millones de soles ya se han diluido, mientras hay 800 mil empleos perdidos con la crisis, 10 millones de peruanos en situación de pobreza, 2 millones 500 mil hambrientos y la reactivación no se ve, excepto penuria en miles de hogares peruanos. Desafortunadamente, estamos ante un gobierno sin planes ni estrategias pos coronavirus y de remate sin oposición política que ayude a corregir sus desaciertos.
Respuesta desde las políticas públicas a la crisis
El coronavirus ha puesto en evidencia que nuestro país nunca estuvo preparado para nada. Ha puesto al desnudo nuestras miserias más profundas. La bonanza económica del periodo 2001 y 2017 sirvió de muy poco2, excepto para hacer millonarios a una élite codiciosa, muchos de ellos sin merecerlo. La educación pública de calidad, la salud para todos, el desarrollo de la ciencia para tener industria propia, etc. les importo muy poco a los distintos gobiernos que se han sucedido a lo largo de los años.
Ante una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, la única opción posible es una respuesta de país coordinado y de gran magnitud. Se trata de actuar rápido y sin vacilaciones. A grandes males, grandes remedios. Esto exige cuatro líneas de actuación: i) salvar vidas, ii) proteger a los pobres de los embates de la crisis, iii) salvar el empleo y a las empresas de la quiebra que les acecha y iv) diseñar el plan de construcción de un país moderno y cohesionado socialmente. Las tres primeras acciones se vienen dando con los errores y las limitaciones que todos conocemos, por tanto, no abundaré más sobre ellas.
Todos hemos escuchado decir a la gente, que el país nunca más será el mismo.
Entonces pregunto ¿cómo debe ser ese país del futuro? ¿Cuáles deben ser los pilares o principios de ese país nuevo? ¿Cómo debemos construir ese país distinto al que tenemos actualmente? Construir un país con rasgos diferentes al que tenemos, en mi opinión, exige dos cuestiones clave:
Primero, voluntad política para poner en marcha una política fiscal agresivamente disruptiva, basada en presupuestos de guerra plurianuales, que priorice inversiones de gran magnitud en infraestructura física y equipamiento en educación, ciencia e investigación, salud, transportes y alfabetización digital.
Todo ello sería parte de la construcción de un país pos – coronavirus que sólo el Estado puede poner en marcha. Estas medidas tendrían un doble efecto: llevar la economía al terreno positivo y preparar el país para futuros eventos no deseados. Esta propuesta puede parecer una quimera para unos o utopía para otros. Pero, seria ignorancia pura. Conocemos decenas de países pequeños y más pobres en recursos naturales, sin embargo, que son infinitamente más desarrollados que el nuestro, y
Segundo, lucha frontal contra la pandemia de la corrupción. Esta pandemia ha pervertido la política, la justicia, la realidad económica, las prácticas sociales, las acciones del gobierno, el mundo del trabajo, los fines y modos de vida cotidiana de la gente, y a su vez ha engendrado una clase rica hecha en la penumbra y al margen de la ley, empeñada en controlar la política y los principales espacios de poder, de paso poniendo en peligro la supervivencia de nuestra débil democracia. Diversas investigaciones revelan que, un país corrupto podría tener niveles de inversión hasta 5% del PBI menos que países sin corrupción, lo que se traduce, a su vez, en pérdidas de crecimiento de la economía a largo plazo de 0.5% por año.
Se puede financiar el pos-coronavirus
Es evidente, que este año y los próximos habrán menos ingresos al Tesoro Público, mientras los gastos crecerán significativamente. ¿Qué hacer en este escenario y cómo financiar la construcción del país pos – coronavirus? Tenemos varias opciones:
- En el 2018 la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe (ALC) en promedio fue de 23.1% del PBI. Esto representa un incremento de más de 8%, en relación al año 1990 (15.9%). En el Perú, la recaudación tributaria en el 2018 fue de sólo 16.4% del PBI, Bolivia 25.4%, Chile 21.1%, Ecuador 20.6%, Colombia 19.4% (Véase: Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2020 de la OCDE). Esta información revela dos problemas: la incapacidad de la administración pública para ejercer una mayor presión tributaria, por un lado, y por otro, la generosidad de los sucesivos gobiernos corruptos con las grandes multinacionales al concederles exoneraciones tributarias, así como la ilusión y la defraudación que genera el dinero negro que no tributa. Por tanto, con una mayor presión tributaria se puede generar más ingresos fiscales al Estado.
- El impuesto a la solidaridad propuesto por el ejecutivo ha sido totalmente desafortunado. Se trata más bien de poner en debate la idea de crear el impuesto al patrimonio o riqueza de personas naturales y jurídicas, que vaya de la mano de la reforma tributaria que necesita el país. El profesor Jorge Manco lo llama “impuesto a la riqueza”.
- Aumentar la deuda pública a 50% del PBI, por lanzar una cifra. Chile con una caída de PBI de – 1.9% proyecta para este año una deuda pública de 40% de su PBI y un déficit público de 9.3%. La última emisión de Bonos del Tesoro Público es un buen ejemplo de lo atractivo que son los títulos peruanos. Otro ejemplo cercano es la reciente emisión de bonos del gobierno mexicano que ha tenido una excelente acogida.
- Reingeniería de la Administración Pública. Implica optimizar recursos o “quitar la grasa”, es decir, reducir los millonarios contratos de consultoría y gastos innecesarios. Esta medida debe ir de la mano de la reducción de los exorbitantes sueldos de un elevado número de burócratas dorados entornillados en el BCR, la SBS, el MEF, etc.
- Priorizar inversiones. Hay que aparcar proyectos como el de Talara que implica gastar en torno a 6,500 millones de dólares. El proyecto primigenio de modernización de la Refinería Talara estuvo presupuestado en 265 millones de dólares.
La extrema fragilidad de nuestra economía ante una crisis global y jamás vista tiene que ver, entre otros factores, con su fuerte dependencia a las exportaciones de materias primas, con la minera como la primera fuente de ingresos del país. En estas condiciones el Perú no tiene futuro. El gobierno tiene la obligación inexcusable de convocar a los mejores técnicos y profesionales para diseñar con rigor y sentido de Estado, el plan de construcción nacional, que prevea el uso eficiente y razonable del gasto público y diseñe una política fiscal que sea capaz de generar ingresos suficientes para financiar el nuevo proyecto de país.
Los buenos fundamentos macroeconómicos, de lo que mucho se alardea, debe servir precisamente, para ayudar a enfrentar esta crisis con solvencia y para construir una sociedad cohesionada socialmente, basada en otros principios en la que todos los peruanos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Lo peor que nos puede pasar después de esta crisis es precisamente seguir como antes, y algunos lo desean. Si no es ahora, ¿Cuándo?
*1 Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Profesor Principal de Finanzas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
2 Alejandro Narváez Liceras (2020). “Desigualdad y Hambre en el Perú: 2001 – 2017”. Revista Investigaciones Sociales, Vol. 22 N°. 42, pp. 287 – 301, UNMSM. (Revista Indexada)
FUENTE: Otra Mirada
