Por Vienna Herrea, Resumen Latinoamericano 13 Mayo 2020
a atención a mujeres en salud reproductiva y en casos de violencia sexual siempre ha sido restringida en Honduras. Pasaron tres semanas, desde de que se decretó cuarentena para que la Secretaría de Salud se asegurara de que los centros de atención facilitarían anticonceptivos. Si bien no hay cifras oficiales por casos de violencia sexual durante la pandemia, organizaciones e instituciones que atienden a las mujeres aseguran que hay un aumento, y con las medidas de confinamiento, el acceso a la salud y a la justicia es cada vez menor.
Entre marzo y abril, el Ministerio Público realizó dos requerimientos fiscales por violación, tres audiencias iniciales por los delitos de violación y tentativa de violación, además de 13 detenciones in fraganti de sujetos acusados de violación, actos de lujuria y violación en su grado de ejecución de tentativa.
«Uno de los obstáculos principales es el transporte. A las mujeres se les hace difícil movilizarse desde su casa o desde el lugar en donde están, hacia la clínica», explica Maleny Barrera, psicóloga de Médicos Sin Fronteras (MSF), que labora en Choloma, departamento de Cortés y epicentro del COVID-19 en el país. En Honduras el transporte público se paralizó desde el 15 de marzo y se prevé que hasta junio se habilitará de nuevo. Esta situación pone en mayor vulnerabilidad a las mujeres, ya que la calle se convierte en un escenario de acoso callejero y violencia sexual.
La pandemia, que ha cambiado las formas de vivir al mundo entero, también ha obligado a modificar el servicio de
atención prioritaria que ofrece MSF a sobrevivientes de violencia sexual. Aún brindan el tratamiento médico y una atención psicológica inicial, pero ahora tienen que hacer un seguimiento vía teléfono. «Entonces es más difícil tratar de contener a una persona que acaba de sufrir violencia sexual vía teléfono. Es más difícil trabajar la sintomatología y ese acompañamiento emocional», añade Barrera.
Toda la situación se complica aún más cuando Honduras mantiene una prohibición en la venta, uso y distribución de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE). Este es un medicamento básico para evitar un embarazo después de una agresión sexual. En el país tampoco se cuenta con un protocolo integral de atención a sobrevivientes.
Del total de mujeres embarazadas después de una atención por violencia sexual en MSF entre 2016 y 2018, el 81% consideró que su embarazo fue producto de la agresión. «El único método para prevenir un embarazo no deseado básicamente es el método Yuzpe», comenta Ana Ligia Chinchilla, ginecóloga del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a la vez que asegura estar recibiendo más casos de violencia sexual durante la pandemia.
El método Yuzpe es un método anticonceptivo de emergencia. Consiste en administrar pastillas anticonceptivas, de uso oral, que contengan levonorgestrel. Se aplican en dosis más altas. Dependiendo de la marca pueden ser entre dos y cuatro pastillas. Se toman de la misma manera que las PAE: la primera dosis dentro de las 72 horas después de la agresión sexual, y la segunda dosis 12 horas después de la primera toma. Se ha identificado que este método tiene mayores efectos secundarios que una PAE.
«El gobierno tiene que priorizar el acceso a la salud de las mujeres. Es necesario que no solo se brinde alimento, sino también anticonceptivos», menciona, Ana Rivera, integrante de la plataforma feminista Somos Muchas.
La impunidad en casos por violencia sexual
El 20 de abril se cumplió un año desde que al menos tres jóvenes agredieron sexualmente a Alejandra, una adolescente de 16 años que se encontraba de vacaciones en un complejo turístico en La Ceiba, Atlántida. El caso de Alejandra se conoció después de que su madre, Flor Sosa, titular del juzgado de violencia doméstica de La Ceiba, denunciara públicamente un retraso en el proceso de captura y enjuiciamiento de los implicados, probablemente por influencias de los familiares de los agresores. A pesar de haber cumplido con los análisis médico-forenses y las pruebas testimoniales, el MP tardó varios meses antes de emitir los requerimientos fiscales.
Para muchas personas, el caso de Alejandra demostró una estructura de justicia que le falla a las mujeres. Sosa aún lucha por justicia y uno de los involucrados está prófugo y se presume que salió del país. «Reproducir actos procesales, interactuar con agentes del Estado que carecen de sensibilidad y las demoras en las actuaciones del sistema de justicia, incrementan el sufrimiento de Alejandra. Produce una enorme decepción ver que ha pasado un año y no existe fechas para la celebración de un juicio», dijo Flor Sosa, madre de Alejandra, en un comunicado que publicó la plataforma feminista Somos Muchas.
Solo en 2018 el Ministerio Público recibió 3444 denuncias por delitos en contra de la libertad sexual. Esto aglutina los delitos de violación, actos de lujuria, acoso sexual, estupro, incesto y rapto. En ese mismo periodo de tiempo, apenas 569 ingresaron a la Corte Suprema de Justicia. Información recopilada por Contracorriente señala que la mayoría de los casos que ingresan por este tipo de delitos, terminan en sobreseimiento definitivo, a favor de los acusados. «La nula coordinación, demoras injustificables en la investigación y enjuiciamiento de actos de violencia sexual dificultan la atención, obstaculizan la superación de los hechos y niegan por completo el derecho a la justicia», menciona el pronunciamiento de Somos Muchas.
Mientras tanto, la Dirección de Medicina Forense asegura que los centros integrados, especializados en atención a víctimas de violencia doméstica y sexual, se encuentran en funcionamiento las 24 horas durante la cuarentena. Estos centros únicamente se encuentran en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Comayagua, mientras que 27 clínicas forenses locales a nivel nacional atienden todo tipo de delitos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió a los Estados incorporar la perspectiva de género en las respuestas a la crisis por el COVID-19 con el fin de «combatir la violencia sexual e intrafamiliar, así como la discriminación que afecta a las mujeres en ese contexto (…). Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información en medios accesibles y con lenguaje adecuado».
La anticoncepción y el embarazo durante la pandemia
Otra de las preocupaciones que manifiestan las organizaciones en cuanto a la atención hacia las mujeres durante la pandemia, es que el asesoramiento y la entrega de anticonceptivos se han interrumpido o reducido como respuesta a la pandemia de COVID-19. Según denuncias que recibió la organización Acción Joven en Honduras, varios departamentos no estaban dando anticonceptivos ni acceso a sus controles prenatales a las mujeres. Esto de debe a una ordenanza de la Secretaría de Salud (Sesal) que pedía que solo se atendieran pacientes sospechosos de COVID-19.
Esta situación llevó a que el doctor Alcides Martínez, director general de Redes Integradas de la Sesal, emitiera un oficio en el que exige que se mantenga el acceso de métodos anticonceptivos a la población a través de la entrega de condones masculinos, anticonceptivos orales (utilizando mercaditos, pulperías o algún colaborador comunitario). Sin embargo, el oficio detalla que la aplicación del anticonceptivo inyectable trimestral, los dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes subdérmicos se podrán aplicar únicamente a pacientes que lo hayan usado antes, no a quienes quieran usarlo por primera vez.
Para Ana Rivera de Somos Muchas, la colocación del DIU siempre ha sido una dificultad para las mujeres en el país, debido a que existen médicos que intentan convencer a sus pacientes de no colocárselo si no han tenido hijos. «Ese es un problema bastante grande que ahorita en la cuarentena se acentúa. Los doctores y doctoras están atendiendo otros casos antes que procedimientos de DIU, por ejemplo, o también amarres de trompas», añadió.
El Secretario General de la ONU emitió hace un par de semanas un llamado para que los Estados no olviden la prestación continua de servicios de salud sexual y reproductiva, como el acceso a anticonceptivos sin receta médica durante la crisis.
Contracorriente contactó a la ministra de salud, Alba Consuelo Flores, y al viceministro, Roberto Cosenza para ampliar la información sobre la atención en planificación familiar durante el COVID-19, pero no tuvo respuesta. Hasta el momento, la cifra oficial de mujeres contagiadas por COVID-19 es de 674, el 40 % de los 1685 casos oficiales en el país hasta el ocho de mayo.
Mientras tanto, Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras, señala que han recomendado mecanismos para poder hacer disponibles los anticonceptivos a nivel de las comunidades, de manera que las mujeres y las adolescentes puedan tener acceso sin correr riesgo de contaminación. Maleny Barrera de MSF, explica que tuvieron que abrir la clínica de Planificación Familiar tres días a la semana en Choloma, ante la demanda. «Hay un aumento en la necesidad de métodos anticonceptivos por el poco acceso al que están teniendo las personas a ir a su consulta de planificación familiar, ahorita los centros de salud solo están atendiendo a un número reducido de personas que tienen que llegar muy temprano y eso deja por fuera un montón de mujeres que están en búsqueda de esos métodos», señala.
Sin embargo, uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las mujeres que buscan planificar es la movilidad y el desabastecimiento. Según la información de Acción Joven, la mayoría de las mujeres de la ruta lenca, en la zona occidente del país, utilizan el implante subdérmico Implanon con una duración de tres años. «A la mayoría ya les tocaba cambio ahorita y la preocupación es que la Sesal no había enviado lotes de Implanon ni anticonceptivos orales, ya que hay escasez a nivel nacional», explicó Rosales.
Chinchilla añade que «desde la Sociedad de Ginecología y Obstetricia se ha hecho énfasis, en la mayoría de los hospitales, que se insista siempre en los métodos, y se le ha insistido a la secretaría para que las personas que llegan a consultar por los métodos tenga siempre disponibles».
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO por sus siglas en inglés), recordó a los Estados que la reducción repentina en el comercio fronterizo, utilizado para la fabricación de métodos anticonceptivos, podría provocar escasez, «los gobiernos deben planificar con anticipación los suministros y productos específicos en sus cadenas de suministro, así como garantizar los requisitos de supervisión y logística para garantizar que los suministros lleguen a los clientes e instalaciones en la última milla», añadió.
Para el caso de la atención a mujeres embarazadas, la mayoría de los hospitales y centros de salud están atendiendo, en atención prenatal, únicamente a aquellas que tienen más de 40 semanas o si pasan por un embarazo de alto riesgo. «Hay un detalle que pasaba incluso antes de la cuarentena y es que las mujeres que están en labor de parto o con emergencia obstétrica llegan muy tarde, ya sea porque no encuentran transporte, viven en las periferias de la ciudad o inclusive lejos», agrega Rivera.
A finales de marzo, una mujer que no pudo conseguir movilización ni siquiera a través del servicio 911 para emergencias, llegó en el proceso expulsivo del parto. Intentó ingresar por una puerta destinada a casos sospechosos de COVID-19 en el Hospital Escuela Universitario. Según denunciaron familiares, no la dejaron entrar al llegar y tuvo su parto en la entrada del centro asistencial. «Esto lo que sugiere es una gran preocupación para las organizaciones que trabajamos en esta temática, porque las autoridades del país no están haciendo estrategias integrales en salud. No tienen que dejar de lado estos servicios que son tan importantes», finaliza Rosales.
Fuente: Nómada
