Rodolfo Koé Gutiérrez /Resumen Latinoamericano /23 de abril de 2020
Después de cuatro meses de preparativos y 5.000 millones de dólares de pagos concretados, en las últimas dos semanas el gobierno argentino suspendió pagos hasta fin de año sobre algunos bonos bajo ley argentina y formalizado su oferta de canje a los prestamistas privados que tienen en sus manos un 20% de la deuda reclamada por unos 66.000 millones de dólares en bonos emitidos en divisas y bajo ley extranjera.
La propuesta de reestructuración de la deuda la concretó en plena pandemia y con un país que quedó en bancarrota tras cuatro años de gobierno macrista. Lo hizo en momentos en que el The Financial Times, el diario británico dedicado a la economía, titulaba “Argentina se encamina hacia su noveno default”.
El mismo presidente, Alberto Fernández, lo dejó en claro: “Estamos en default virtual”. La propuesta deja en claro que Argentina carece de los recursos para pagar y por más que se logre un superávit comercial, el Estado tiene déficit primario y va a ser mayor a medida que la asistencia a los desempleados, a las Pymes, etc., sea mayor ante el freno de la actividad.
Muy difícilmente esos fondos de cobertura o de inversión financiera (BlackRock, Franklin Templeton, PIMCO, Vanguard, Fidelity, entre otros) voluntariamente consientan que se les postergue su pago por tres años y se le reduzca la tasa de interés al 0,5% anual para después ser en promedio del 2,33% anual. Prefieren ir a juicio usando la justicia estadounidense, como se hizo en su momento con el juez Thomas Griesa y la Corte Suprema de los EEUU falló el 14 de junio de 2014 a su favor al no tratar el caso argentino.
A lo sumo, esperarán que pase la pandemia para volver a presionar como hizo el representante de Blackrock al ministro Martín Guzmán: “Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo”.
La oferta, presentada por el mandatario acompañados por parlamentarios oficialistas y opositores y gobernadores de los estados, dando idea de un país unido, está dentro de los márgenes previstos: el tiempo de gracia propuesto es de tres años, prácticamente hasta el final de este mandato de este gobierno; la quita de capital es de apenas el 5,4%, y los intereses serían mucho menores, a una tasa promedio de 2,33%.
La pelota quedó entonces del lado de los bonistas, pero fue rápidamente rechazada por los principales prestamistas, tal como anticipara el ministro de Economía Martín Guzmán, aunque dejaron abierta la puerta de negociación. Estos prestamistas, en su mayoría fondos de inversiones que en varios casos manejan una suma de recursos más grande que la economía argentina, buscan negociar una “mejora” de la oferta.
El gobierno formalizó el anuncio de reestructuración y dispuso la emisión de los nuevos títulos en dólares para los bonistas, con una quita del 62 por ciento sobre los intereses y de 5,4 por ciento sobre el capital para comenzar a pagar en 2023. «Es consistente con un sendero de crecimiento económico sostenible, condición necesaria para restaurar la capacidad de pago», dice la resolución.
El texto de la decisión determina que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en moneda estadounidense no podrá ser superior a un valor nominal de 44.500 millones de dólares. También estipula que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en euros no podrá ser superior a un valor nominal de 17.600 millones de la moneda común del bloque.
El gobierno argumenta que quiere pagar pero que no hay cómo. El 22 de abril vencieron títulos por 500 millones de dólares, y como era de espera no habrá acuerdo, ni pago. A partir de allí hay 30 días de gracia para pagar. En consecuencia el 22 de mayo, es el día “D” para saber si Argentina está o no en formal default.
Lo cierto es que se repite el esquema tradicional: deudas, muchas de ellas fraudulentas, que no se pueden pagar, se renegocian, para que a los pocos años reaparezca el mismo problema. Pese a los reclamos políticos, sindicales y de los movimientos sociales, el gobierno no ha comenzado a investigar cuál es la parte legítima y cuál la fraudulenta de esta deuda.
Si bien el presidente Alberto Fernández ha reiterado que el hambre y la salud de la población son la prioridad, y que eso cambia todo, faltó una propuesta unilateral, soberana, de suspender los pagos hasta completar una investigación a fondo de las exigencias financieras creadas a partir de la especulación y la usura, que la realidad actual de crisis y emergencia lo torna aún más necesaria.
Amerita que en ese interín el Banco Central cumpla real y fielmente con el mandato del Presidente: “…el Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”, como dijo al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo.
Dólar astronauta y en fuga
Mientras, la presión sobre el dólar para erosionar la moneda argentina. El 30 de diciembre de 2019 el dólar bolsa valía con el impuesto 76 pesos, pero en la tercera semana de abril ronda los 110 pesos, que representa una suba del 45% en pocos meses: los ricos de este país ahorran y fugan en dólares y los bancos son los grandes agentes de esa fuga y del salto del tipo de cambio.
A penas un puñado de firmas es responsable de buena parte de la compra de divisas y de los capitales fugados. Algunos grupos económicos que operan en el país como Clarín, Ledesma y Techint, se repiten constantemente a través de dichas firmas, pero además por la presencia de sus principales directivos y accionistas. Los administradores de estos recursos son los fondos de cobertura que son los principales acreedores del país (BlackRock, Franklin Templeton, PIMCO, Vanguard, Fidelity, entre otros).
En Argentina los ricos pagan muy pocos impuestos. En los últimos cuatro años se produjo un aumento de la participación de los tributos regresivos (IVA, internos, combustible, etc.) sobre el total de la recaudación y, por ende, una reducción del peso de los impuestos progresivos (a la propiedad y a la renta).
El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total en 2015 al 21,8% en 2019 y el Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019, lo que significa que los gravámenes regresivos en el año 2019 fueron el 77,6% de lo que se recaudó. El IVA, un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables, pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30% en el año 2019.
Según el Balance Cambiario del BCRA la Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior fue de 88.371 millones de dólares en la gestión del gobierno de Mauricio Macri y las compras de divisas la realizaron los bancos para sí o en nombre de sus clientes.
Las compras de divisas en 2008 y 2009, en 2011, las denuncias contenidas en los llamados Papeles de Panamá, de Bahamas y de otros paraísos fiscales, hay que sumar 2.600 millones de dólares no declarados por 950 argentinos en bancos de la OCDE (organización de 37 países desarrollados) que recibió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El ministro de Desarrollo Social, Matías Kulfas se mostró muy duro el 16 de abril con los bancos y reconoció que sólo entregaron 60.000 millones a las Pymes. Al día siguiente el total de crédito a las PyMes había ascendido a 102.000 millones, que ante el grave problema que no se produce y no se vende, sigue siendo muy poco, ni siquiera ayuda a paliar la cantidad de cheques rechazados y la rotura de las cadenas de pago.
Crisis sistémica
La pandemia dejó en claro la ineficiencia del sistema de mercado y que se requiere de una fuerte intervención social y del Estado, que debe regular la actividad económica priorizando el conjunto de la población, la salud y la educación pública y cambiar de raíz el sistema tributario para que sirva para promover –como señala la Constitución- “el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”:
La oferta del gobierno a los bonistas es una propuesta de pago. Busca respetar, expresada en la voluntad de pagar y la buena fe que proclama, la lógica del sistema de deuda perpetua: la lógica de los grandes prestamistas/usureros/saqueadores que pueden decidir cobrar menos hoy para continuar cobrando más mañana, señala Jubileo Sur Argentina.
No cuestiona la validez de los reclamos contabilizados ni la necesidad que provocan de un modelo productivo centrado indefectiblemente en mayor explotación de las y los trabajadores y en más megaproyectos extractivistas como fuente de divisas.
Todo para continuar tributando al dios mercado, “honrando” y “sirviendo” la deuda y la concentración, hambre y contaminación que genera, añade la Autoconvocatoria por la Suspensión del pago e Investigación de la deuda.
*Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
