Prácticamente por consenso, la Asamblea Nacional de Francia adoptó definitivamente, el 12 de diciembre de 2012, el proyecto de ley de seguridad y terrorismo del ministro del Interior Manuel Valls. El texto, que ya contaba con el apoyo de los diputados de la UMP (la Unión por una Mayoría Popular, partido de derecha del ex presidente francés Nicolas Sarkozy) fue aceptado también por los diputados ecologistas. El Frente de Izquierda fue la única formación política que se abstuvo durante el voto. Analizado en el marco de un procedimiento acelerado, la adopción del proyecto de ley fue por lo tanto muy rápida y se concretó sin verdadera oposición.
Este texto es presentado como destinado a enfrentar los «disfuncionamientos» registrados en el caso Merah. Se trataría principalmente de poder someter a juicio a los ciudadanos franceses o a las personas que residen habitualmente en territorio francés «que cometan actos de terrorismo en el extranjero […] o que vayan al extranjero a entrenarse como terroristas». En realidad, la ley del 23 de enero de 2006 ya permitía sancionar los actos considerados como terrorismo y cometidos por ciudadanos franceses fuera del territorio nacional. Pero en esa ley los hechos eran castigados por la legislación del país extranjero, que debía además denunciar dichos actos.
Desmintiendo leyes que ya existen
La nueva ley crea un nuevo delito, que consiste en ir a un campo de entrenamiento, específicamente en la región afgano-pakistaní. No sólo la ley de 1986 sobre la «noción de asociación para delinquir» ya permitía anteriormente criminalizar ese tipo de comportamiento sino que varios juicios ya habían resultado en la condena de personas sobre la base de ese tipo de acusación. Por ejemplo, 5 de los 6 franceses detenidos en Guantánamo, y liberados por las autoridades estadounidenses, fueron condenados a su regreso a Francia. Se les acusaba haber estado en campos de entrenamiento militar supuestamente pertenecientes a al-Qaeda y, en el caso de uno de ellos, de haber participado en «una enseñanza religiosa que predicaba la violencia». Se produce así una negación de las posibilidades legales ya existentes, así como de las condenas a las que ya habían dado lugar.
El objetivo de Manuel Valls aparece, en primer lugar, como un desmentido de la existencia del dispositivo legislativo anterior, que ya contiene todo lo que el nuevo ministro del Interior quiere introducir en él. Su acción en ese sentido nos recuerda de inmediato las declaraciones de su predecesor, Claude Gueant, quien explicaba a la prensa que Merah no había sido arrestado a título preventivo, aunque estaba bajo vigilancia, porque «no se le podía reprochar ningún hecho delictivo antes de que cometiera sus crímenes». «En Francia, no se envía a la gente a los tribunales por sus intenciones, ni por tener ideas salafistas. Sólo se puede arrestar a la gente por lo que hayan hecho», agregaba entonces Claude Gueant.
La manera de actuar de los dos ministros del Interior es idéntica. Primero desmienten la evolución de los 10 últimos años en materia de derecho penal, o sea la existencia de posibilidades de acusación y de procedimientos penales que conceden extensos poderes a la policía y a los servicios de inteligencia. Y luego afirman que, debido a esas lagunas, nuestra seguridad se ve amenazada y que hay que introducir en el código penal toda una serie de disposiciones, que en realidad ya existen o que ya se utilizan dentro de un marco administrativo.
Medidas de control
que se hacen permanentes
El otro aspecto de gran importancia en la nueva ley tiene que ver con el control de los datos de conexión: internet, geolocalización y facturas telefónicas detalladas. Desde 2006, ese modo de vigilancia se puede ejercer [en Francia] con carácter preventivo, o sea sin que exista un delito previo. Pero esas disposiciones, que se renuevan periódicamente –cada 2 años– son de carácter temporal y expiran el próximo 31 de diciembre. El gobierno incluso invocó la necesidad de prolongarlas al justificar el uso del procedimiento de urgencia. Pero el hecho es que, con su inclusión en la nueva ley, esas medidas se hacen permanentes.
A través de esta votación, el grupo parlamentario socialista reniega de su anterior abstención, en el momento del voto de esas mismas disposiciones, en 2006. Después del caso Merah, el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, también pensó en la adopción de una ley que instaurase una vigilancia sobre las conexiones a internet. Y la izquierda, en aquel momento, criticó aquella iniciativa. Pero ahora recurre a los mismos procedimientos y a las mismas justificaciones. Además, la LOPPSI 2 (Ley de Orientación y Programación por la Seguridad Interna), aprobada el 8 de febrero de 2011, ya autoriza un tipo más profundo de vigilancia. Esa ley incluye, con la autorización de un juez, la posibilidad de instalar, sin conocimiento de la persona interesada, un dispositivo técnico capaz de registrar lo que se escribe en el teclado y de obtener capturas de pantalla. Y para instalar ese dispositivo de vigilancia, los investigadores pueden incluso introducirse en el domicilio o en el vehículo de la persona vigilada, clandestinamente y –de ser necesario– durante la noche.
Prolongando el efecto de estupor
Aparte de instalar un «sin sentido» y de prolongar el efecto de estupor provocado por el caso Merah, ¿qué otro objetivo puede tener una nueva ley que permite criminalizar comportamientos ya perseguidos por la legislación existente y que instala disposiciones de vigilancia que ya se utilizan? El estupor que el caso Merah suscitó no proviene tanto de su carácter violento como de la forma en que se manifestó el gran poderío de la policía. Las imágenes no permitieron observar ni analizar nada y las «informaciones» se anulan todas entre sí. A la falta de sentido de lo que se dijo mientras se desarrollaba el espectáculo del asalto se agrega, a través del nuevo proyecto de ley [que acaba de aprobarse], un automatismo de repetición que perpetúa el efecto de petrificación, además de mantener la prohibición de todo tipo de cuestionamiento sobre ese caso. Encerrado en la falta de sentido, el sujeto sólo puede evitar la crisis mediante una aceptación cada vez más estrecha de «lo que dice» el poder. Así que no puede hacer otra cosa que aceptar y dar él mismo más sentido aún a la anulación de sus propias libertades.
Al eliminar, como se hace en toda ley antiterrorista, toda distinción entre el interior y el exterior, el proyecto de ley [que acaba de ser aprobado] nos pone en una situación de sicosis. Eso se manifiesta en la fusión que nos impone ese texto entre el derecho penal y las leyes de la guerra. Todo acto de solidaridad o de simpatía hacia los pueblos extranjeros que Francia agrede militarmente, sin que exista siquiera una declaración de guerra, está siendo progresivamente transformado en crimen. Este proyecto de ley forma parte del absurdo concepto, en el que se combinan dos palabras con significados diametralmente opuestos, que es «la guerra humanitaria», la guerra del «Bien contra el Mal». El nuevo gobierno de Francia sigue aquí exactamente la misma línea que el anterior, confirmándonos así que se trata de un «cambio dentro de la continuidad».
