En 1943 Gerald Brenan, autor de la primera monografía de la Guerra Civil escrita desde una perspectiva no franquista, señalaba en torno a la situación del campo andaluz [1]: “ Cuanto más de cerca se examina la situación en esta zona de latifundios, más terrible y repugnante se la encuentra. Hasta la guerra de 1914 – 1918, los terratenientes explotaban en general los cortijos por su cuenta a través de sus encargados. Cultivaban la mejor tierra y dejaban el resto en baldío. Los labriegos hambrientos que intentaban arar aquí o allá eran apaleados por la guardia civil” [p.78] . Sobre las condiciones de vida de los jornaleros en los cortijos a la altura de los años 30, Brenan dice que ganaban ente 3 y 3,50 pesetas por jornadas de ocho horas bajo el terrible sol del campo andaluz y concluía, “como no hay pequeñas explotaciones en que puedan trabajar, ni parcelación, y ni siquiera disponen de un pequeño cuadro de huerta junto a sus casas, por no hablar ya del socorro por parte del Estado o de la Iglesia, morirían realmente de hambre en ese tiempo, de no ser por el crédito que les abren las tiendas. Con todo y eso, viven en un estado de desnutrición crónica, y los fallecimientos por tal causa, que alcanzan altas cifras en toda la península, son aquí todavía más frecuentes” [p.p. 78 – 79].
En el año 2008, el antropólogo sevillano Ángel del Río me llevó a la aldea cordobesa de Fuente Palmera, en plena tierra de bandoleros, para entrevistar a Francisca Adame. Francisca Adame es hija y hermana de presos del canal del Bajo Guadalquivir (hoy dignamente rebautizado como “Canal de los presos” gracias entre otros a los desvelos del propio Ángel del río). Allí pude por primera vez en mi vida entender que el hambre no es una cifra ni una abstracción, es una realidad material que te roba la dignidad y te arrasa como ser humano. Mientras Francisca nos relataba los pormenores de la lucha en los campos de concentración y las cárceles del franquismo, entre poemas y canciones compuestos por ella misma para no olvidar, pude sentir y tocar con la punta de los dedos el hambre de un pueblo, el andaluz, explotado y oprimido secularmente hasta límites intolerables. Allí –debo confesar con cierto rubor — me despoje de mis últimos prejuicios y estereotipos sobre un pueblo al que el resto de España sigue acusando, contra toda evidencia, de holgazanería y pereza, a pesar de ser nosotros los que seguimos viviendo sobre sus hombros y sobre el sudor de su trabajo.
Y ahora, justo cuando casi nos habíamos creído la fantasía esa neoliberal del final de la historia, cuando la “marca España” y los triunfos de la selección española nos habían convencido de que éramos europeos y modernos, es decir, normales, Juan Manuel Sánchez Gordillo y los jornaleros del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) nos despiertan de una siesta de décadas de sueños fracasados y delirios de grandeza con imágenes que creíamos ya para siempre abolidas de nuestra memoria: jornaleros ocupando fincas baldías en las manos muertas del ejército y expropiando comida de los supermercados para paliar el hambre de aquellas familias en las que ya no entra un solo euro. No estamos en 1914, ni en los años 30, ni tampoco en los años de la “redención de penas” para aquellas ovejas rojas descarriadas de la abyecta década de los 40, estamos en el 2012 y, sin embargo, vuelve el hambre, porque en el fondo nunca se fue. Como en “La carta robada”, el cuento de Poe, el hambre, la necesidad, los mileuristas, el desempleo, las tierras sin cultivar, las toneladas de comida en la basura del Mercadona, la opulencia desmesurada de los dueños de España, estaban ahí , Sánchez Gordillo y los jornaleros del SAT lo sabían muy bien. La carta y el futuro robado se hacen visibles ahora porque están en todas partes, los medios no pueden tapar el sol con un dedo, los jornaleros tienen la palabra y la razón histórica.
A lo largo de estos últimos 10 años de crecimiento económico desmesurado a la sombra del ladrillo hemos hablado mucho y con razón de la memoria histórica, pero casi siempre lo hemos hecho –y me incluyo en la crítica — como si la memoria fuera asunto de un pasado remoto o algo que sólo tuviera una relación muy tenue con el presente, una forma necesaria de reparación, un cerrar las heridas para suturar nuestra maltrecha democracia liberal. Lo realmente novedoso en la praxis y en el discurso de Juan Manuel Sánchez Gordillo –no por casualidad profesor de historia antes de político y líder sindical — es que en sus palabras y en sus acciones la memoria se hace carne y materia, ya no viene a reforzar la “calidad de la democracia” sino a constatar su radical vaciamiento de sentido, pues no hay teoría política que pueda hacer compatibles el hambre y la democracia. En la voz de Sánchez Gordillo el pasado de la lucha jornalera en el campo andaluz ya no es un objeto abstracto de investigación y análisis, sino una realidad presente que actualiza tanto las formas de opresión del pasado como las estrategias de lucha y resistencia. En lugar de hablar con nostalgia de las expropiaciones de tierra de los campesinos anarquistas de los años 30, los jornaleros del SAT no han dejado de ocupar tierras baldías desde el año 76, en lugar de aceptar el lavado de cara de la derecha franquista durante la transición, los jornaleros denuncian la perpetuación de las mismas estructuras de opresión y explotación salidas de la dictadura.
En este sentido, cuando Sánchez Gordillo dice que el Ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, es un señor con actitudes que recuerdan al franquismo, no lo hace para provocar, ni cae en la hipérbole, sino que más bien se atiene con milimétrica precisión histórica a la trayectoria y las actuaciones del señor ministro. Fernández Díaz no sólo es hijo de un militar franquista, probablemente miembro numerario del Opus y autor de frases como “vivimos en una sociedad donde el pecado original está en estado químicamente puro” o “en el siglo XIX, el marxismo y el ateismo quitan ya a dios y colocan en el centro al hombre y finalmente Satán se colocará en el lugar del hombre” [2], sino que además sus declaraciones y actuaciones vulneran el principio fundamental de la separación de poderes. Un ministro, es decir, un miembro del ejecutivo, no puede actuar como juez ni incitar actuaciones judiciales, a no ser que ignore los límites de su poder o crea en el “estado de excepción”, es decir, en la estructura política de una dictadura o de una “democracia” con poderes omnímodos y absolutistas. De todas maneras, ya se sabe que la gente del Opus no lee a Montesquieu ni le interesa ese sindios de la separación de poderes.
Las justas denuncias de Sánchez Gordillo a la vulneración de la separación de poderes son un regalo, porque hacen visibles de manera palmaria la persistencia de la lucha de clases, deshacen el consenso despolitizador de la democracia de baja intensidad en la que vivimos y lo sustituyen por un campo de fuerzas que recupera los antagonismos sociales como compás y orientación de la lucha por la justicia social. La misma semana que los jornaleros del campo irrumpen en Mercadona y Carrefour, los periódicos anuncian que Amancio Ortega, el señor de Zara, es uno de los hombres más ricos del mundo; Rato y Camps en su casa, los jornaleros del SAT en los juzgados; hambre en la calle, comida de los supermercados en los cubos de basura para preservar las plusvalías de los dueños del negocio. A la vista de todo el mundo están las contradicciones, nadie puede quererse ignorante.
Sánchez Gordillo y los jornaleros del SAT nos han dado una lección de dignidad rebelde, de coherencia política y de memoria histórica, el sur vuelve a marcar el camino de la lucha por la liberación de un país que ha perdido su soberanía y de un pueblo postrado y acorralado por ladrones de guante blanco, políticos corruptos y unos mercados financieros que tienen cara, nombre y apellidos. Precisamente por eso intentaran perseguirlos, encarcelarlos, atentar contra ellos, son un ejemplo demasiado peligroso. Izquierda Unida ha mostrado un apoyo matizado, “apoyo al fondo, pero no a las formas” dice Diego Balderas, mientras que Alberto Garzón (una de las pocas voces razonables en todo esto de la estafa-crisis) ha apoyado la acción de los jornaleros, pero ha añadido que son ilegales. Enrique Santiago ha ido un poco más lejos y ha afirmado, esperemos que así sea, que “ Izquierda Unida va a apoyar y defender políticamente al SAT y a cualquier otro colectivo que ponga en evidencia la privación de derechos fundamentales de las personas y trabaje para garantizar los derechos vulnerados, recordándonos así que la Constitución en vigor establece que la propiedad privada siempre estará sometida al interés general” [3] .
Pero tal vez no sea suficiente, en nombre de lo que hemos sido históricamente y de lo que podemos ser como comunistas, socialistas, anarquistas, revolucionarios o simplemente como pueblo, como las y los de abajo, tenemos que ser capaces de decir que no estamos dispuestos a que los jornaleros pasen un minuto de su vida en una prisión, tenemos que ser capaces de autoinculparnos por millones si tal infamia sucede. Desde aquí me ofrezco desde ya como autoinculpado en nombre de una memoria que no puede ser ya nunca más objeto de museo o de pura especulación intelectual.
Notas:
[1] Gerald Brenan. El Laberinto Español. Antecedentes sociales y políticos de la Guerra Civil . Paris: Ediciones del Ruedo Ibérico, 1963.
[3] 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154390
* Para Ángel del Río, por todo. Y para Carlos de los Santos, Joaquín Florido Berrocal, Marisa Filgueras, Marta Cruz Sojo y todos los compañeros y compañeras de El Viso, Dos Hermanas y Sevilla.
