Tal y como recientemente hemos denunciado en el reciente informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y ante los medios de comunicación sobre la situación en la nueva macro-cárcel de Zaballa en el municipio alavés de Iruña de Oca, las condiciones de encarcelamiento y el hacinamiento progresivo que se da en los módulos ocupados, inevitablemente traería consigo masificación, desatención y muertes. Una personas presa, varón, gipuzcoano, de tan solo 30 años de edad, ha aparecido muerto en su celda este domingo día 10 de junio en el Módulo 5 de la nueva macro-cárcel de Zaballa.
Este hecho luctuoso representa una nueva crónica de muertes anunciadas. No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de más de 32 personas muertas por motivos no naturales durante los cuatro últimos años en los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra o con residencia administrativa en la CAPV muertas en otras prisiones del sistema penitenciario español.
NUEVA ESCALADA EN LA POLÍTICA DE OCULTAMIENTO DE ESTAS MUERTES
Queremos denunciar la sistemática política de ocultismo de estas muertes. Con este nuevo caso tenemos ya un nuevo dato: ahora ya ni se notifican pasados unos días, ni aparecen en los medios de comunicación, sino que se ocultan y no se hacen públicas como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de cientos de jóvenes en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Porqué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?.
Instamos a los medios de comunicación, a las instancias políticas y judiciales, así como a las entidades que trabajan en defensa de los derechos humanos a que se dirijan a la Dirección del penal, a la Dirección General de Prisiones y al Servicio Vasco de Salud que ya tiene transferida la sanidad penitenciaria, para que informen sobre las circunstancias de esta nueva muerte puesto que parecen más preocupados por meter el cadáver debajo de la alfombra que por garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas presas evitando que se produzcan estos terribles hechos.
Nos preocupa la política de ocultamiento no dando información pública sobre esta muerte, pero además, la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría de personas jóvenes que no lo olvidemos mantienen una relación de sujeción especial con la administración del estado y, éste, tiene la obligación de garantizar entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.
Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación. Le preguntaremos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuáles fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran, que está haciendo con respecto a el hacinamiento, cómo es posible que haya tantas personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayorías de ellas sin diagnóstico ni tratamiento, por qué no cumple su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de la persona presa y se excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio… son demasiadas las preguntas sin responder.
Para acabar con estas muertes reclamamos medidas concretas tales como:
- Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio estas muertes la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos.
- La inmediata excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
- La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad y que contribuyen a disminuir la presión y mal trato psicológico que sufren las personas presas.
- La reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación, que aunque no es el único, si es uno de los motivos que influye en estas muertes, así como el cumplimiento de las condenas en la el centro más cercano al lugar habitual de residencia.
- El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. Estos espacios de impunidad para torturas y/o malos tratos, son a la vez son espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de determinadas enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí, el aislamiento es una tortura psicológica a erradicar.
