En su visita a Bolivia fue invitado al programa CON-TEXTOS* de la radio Patria Nueva para dar a conocer una realidad sobre las penurias de un conflicto olvidado en muchos pueblos hermanos de América Latina
¿Por qué su visita a Bolivia?
Para nosotros es muy importante dar a conocer lo que está pasando en Colombia con las víctimas de crímenes de estado. El tema de la devolución de tierras que le robaron a los desplazados, el juzgamiento de los políticos vinculados con el paramilitarismo, el caso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como prueba fehaciente del terrorismo de estado, el llamamiento de los militares que han sido vinculados a los procesos por los llamados Falsos Positivos, o la pretensión del estado colombiano de ampliar el fuero penal militar para dejar estos crímenes en la impunidad, son los temas centrales de la visita para informar al pueblo boliviano.
¿Y por qué es importante hacer esta campaña a nivel latinoamericano?
Por que en la última etapa hemos visto que se pretende restar importancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y allí nosotros hemos tramitado y se tramitan los casos fundamentales de las masacres sociales en Colombia, casos tan importantes como el exterminio político de la Unión Patriótica en los años 80 y 90. Si se debilita esta institución con nuevas instancias que se van a conformar pues vemos muy incierto el derecho de las víctimas en este contexto.
¿Qué importancia juega la CIDH cuando es un organismo de la OEA, una institución en momento de crisis con la creación de otras instituciones regionales en América Latina, como UNASUR o la CELAC?
Nosotros creemos que para las víctimas la Comisión y la Corte Interamericana son fundamentales dado que la impunidad en Colombia es casi del 99% en los crímenes de estado. La Comisión ha decretado medidas de protección casi para todos los dirigentes políticos de oposición de izquierdas, para movimientos sindicales, movimientos indígenas o campesinos, y para defensores de los Derechos Humanos y víctimas del conflicto. Sino fuera por esas medidas los paramilitares y la fuerza pública nos hubieran asesinado hace mucho tiempo. Por otra parte los fallos que ha producido implica que se hayan abierto nuevos procesos que en otras condiciones hubiera sido imposible por que estaban cobijados con fallos absolutorios que beneficiaban a los miembros de la fuerza pública pero que las pruebas en los procesos demostraban que eran culpables. El hecho que se implante la predescredibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad para nosotros es muy importante por que implica reabrir los procesos. Casos como la matanza en el Palacio de Justicia en 1985 hubieran sido imposibles reabrirlos. Creemos que los parámetros que fija la Comisión y la Corte en términos de lo que son los beneficiarios de carácter material y moral por el daño causado a las víctimas son importantes. Sin estos parámetros estaríamos en cero.
¿Hay posibilidades de eliminar la parapolítica colombiana mediante el mismo sistema judicial estatal?
En síntesis el congreso colombiano tiene 268 miembros de estos 132 están siendo investigados por la Sala Penal de la Corte, y de estos 60 han sido condenados y presos entre 6 y 9 años de prisión por conexiones con la estructura paramilitar, incluso está condenado Mario Uribe, el primo del expresidente Álvaro Uribe. Y lo que pedimos como solidaridad internacional en varios congresos en América latina es que presionen los pueblos latinoamericanos a la Corte Suprema de Justicia de Colombia para que juzguen a los 72 que faltan y terminen con los fallos, sean absolutorios o condenatorios. Lo que no sea puede aceptar es que estos congresistas sigan legislando en beneficio propio y de la estructura criminal. Este fenómeno, a diferencia de lo que podría suceder en otros países, en Colombia no produce una caída del gobierno. Por el contrario los familiares de los condenados son ahora senadores o representantes por que las estructuras políticas no han cambiado. En las elecciones del año pasado los candidatos a parlamentarios fueron la esposa, hijos, hermanos, o allegados de los congresistas criminalizados. Podemos decir que éticamente no es lo mejor pero tampoco podemos afirmar que los familiares cometieron los mismos delitos, pero creemos que estos procesos deben terminar por que llevamos cerca de 7 años en estos juicios.
¿Con estos datos podemos decir que Colombia es una dictadura de corruptos o una democracia?
Nosotros tenemos que afirmar que quienes gobiernan Colombia tradicionalmente son personas muy inteligentes y manejan los sistemas jurídicos nacionales e internacionales con solvencia. Desde el surgimiento de los movimientos guerrilleros en la época de los años 60 hasta la fecha las organizaciones de los Derechos Humanos hemos ido recogiendo la información del número de víctimas existentes y podemos afirmar que del año 65 hasta el 2011 mas o menos tenemos 62.000 casos de detenidos y desaparecidos, ratificado por la Fiscalía General de la Nación, 250.000 personas ejecutadas extrajudicialmente o en Falsos Positivos, y permaneciendo el 99% de los casos en la impunidad. Por eso es importante en los fallos utilizar la Comisión de la CIDH que hay un punto de justicia y sobre esa base siempre se ha pedido que se reactiven las investigaciones y ahí es donde se aclaran muchos de estos procesos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU tiene la oficina más grande en Colombia y una de las recomendaciones siempre es crear unidades especiales de investigación de DDHH en la fiscalía o jueces especializados ara resolver estos procesos y por eso se avanza en ese pequeño marco. Igual tenemos cerca de 7500 presos políticos en las cárceles en alta o mediana seguridad.
¿Todos los casos que comentas están ligados con las FARC?
Están acusados de ser o miembros de la guerrilla del EPL, del ELN o de las FARC. Pero hemos hablado con los grupos de Derechos Humanos y la mayoría de estas personas no son guerrilleros, sino indígenas, campesinos, estudiantes, pobladores o en la última etapa defensores de los Derechos Humanos.
¿Qué actualidad vive ahora el conflicto armado en Colombia?
Anualmente el estado colombiano está deportando, depende las cifras que dan, entre 4 mil y 10 mil guerrilleros de baja. Pero los cadáveres no se han presentado, salvo en casos excepcionales donde ellos tienen el control de los territorios. Los militares dicen que en las confrontaciones las guerrillas se llevan a sus cadáveres, salvo los cadáveres que se dan en los campamentos guerrilleros donde quedan ahí y lo recogen los miembros de la fuerza pública para presentarlos. En realidad la guerrilla no informa de las bajas oficiales pero los militares si reportan sobre sus propios heridos que aparecen en el hospital militar o los que fallecen en combate, y estamos hablando de un promedio de 2000 militares muertos anuales y cerca de 5000 heridos.
¿Qué otras víctimas hay en el conflicto?
Están las victimas ligadas a zonas exclusivas de control paramilitar donde para nosotros el paramilitarismo es una política oficial del estado desde orígenes, en los años 65, y actúan en zonas donde hay presencia pública. Si no hay ejército no hay paramilitares en la zona pero para efecto de debate se presentan como actores independientes del estado.
¿Hay posibilidades de algún proceso de paz, después del genocidio de la Unión Patriótica?
Este acuerdo político histórico, de los años 80, suscrito con el expresidente Belisario Betancourt, del Partido Conservador, efectivamente da lugar al inicio de esta organización, la Unión Patriótica (UP). Hubo un sector del movimiento guerrillero, pequeño por eso, que pasó a ejercitar la política legal en la UP pero al lado de ellos se vincularon personas de diferentes estratos, sectores de población, etc. Cuando participan en la primera campaña electoral ellos pasan a ser el 6% de los votantes, cosa que nunca había tenido la oposición de izquierdas en Colombia con un máximo del 1,2 %. Esto generó una reacción muy fuerte por parte del sistema y empezó un proceso de represión sistemática de los miembros de la UP que la exterminaron en 10 años. También la mayoría de los guerrilleros que salieron a hacer política retornaron a la guerrilla como defensa y quienes fueron exterminados eran personas que no tenían nada que ver con la guerrilla. No se muy bien la cifra pero el caso está presentado con 4.300 personas asesinadas de las cuales cerca de 250 eran funcionarios del estado, concejales, diputados, representantes de instituciones, etc., De los miembros de los cuerpos colegiados solo sobrevivieron dos personas, Hernán Motta exiliado en Suiza, y la directora de la UP, Aída Abella, que también está allí. El año pasado la CIDH condenó al estado colombiano por homicidio de Manuel Cepeda, el último de los miembros de la UP asesinado en una operación conjunta entre paramilitares y militares. Esto es importante por que si estos casos no se plantean públicamente cómo se generan garantías para que haya procesos de participación política cuando el estado históricamente ha tenido como de costumbre eliminar al opositor político. Por eso se requiere que haya un fuerte acompañamiento de carácter internacional por parte de los estados para acompañar a los políticos de oposición de izquierdas, a los movimientos sociales y a las víctimas de los crímenes de estado.
¿Cuántos colombianos hay desplazados y refugiados en países vecinos?
Uno de los países que recibe desplazados por la frontera es Ecuador. Allí el gobierno de Rafel Correa oficialmente ha reconocido como refugiados a 70.000 colombianos para ser legalizados, y tener todos los beneficios como cualquier persona nacional, como tener programas de capacitación y vinculación laboral. De desplazados internos desde 1982 hasta 2011 se han contabilizado cerca de 6 millones de personas.
Y en un país de guerra y con tantos asesinatos, como en el caso de los paramilitares que son ilegales oficialmente, ¿cómo esté el tema de la ley para portar armas en Colombia?
En el caso de la ley de porte de armas el año pasado pidieron la ley de seguridad ciudadana que aumenta las penas sustancialmente para el portador de armas. Las penas son de9 a11 años sin beneficios, y las de uso privado de12 a15 años sin beneficios. Esto quiere decir que es más práctico asociarse al paramilitarismo o a la guerrilla, que no se consideran de uso privado, por que las penas para estas personas son inferiores.
Has comentado varias veces la estrategia militar de los Falsos Positivos, ¿a qué te refieres con ello?
En el gobierno de Uribe se estableció una política de recompensar a los miembros de la fuerza pública por acciones que dieran de baja a guerrilleros. A raíz de un caso grave cerca de Bogota en el año 2008, donde 28 pobladores fueron llevados a zonas del Magdalena Medio y fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate, las familias se organizaron con la Defensoría del Pueblo y demostraron que estas personas no eran vinculadas a la guerrilla y se hicieron las pruebas técnicas por el Instituto de Medicina Legal y se demostró que eran particulares. Como consecuencia de ello se produjo un gran escándalo a nivel nacional. Hoy tenemos cerca de 3.200 casos documentados de este tipo de ejecuciones como Falsos Positivos y tenemos cerca de 12.000 militares implicados por que ellos firmaron las ejecuciones para recibir los beneficios materiales. Ellos son responsables de esas ejecuciones y la mayoría de ellos fueron detenidos, pero por un manejo de procedimiento donde siempre se enfermaba el abogado o el preso se dilataron los procesos y hoy en día la mayoría de los acusados estén en libertad por vencimiento de términos. En estos casos solamente se ha condenado hasta ahora a 35 militares de 12000.
A todo esto, lo que estamos pidiendo en América a nivel de todas las víctimas es que haya pronunciamientos frentes a la administración de Colombia para que se agilicen estos procesos y para que no se vaya aprobar una iniciativa del Presidente Santos, que fue Ministro de Defensa, que esta pidiendo la ampliación del fuero penal militar para que todos estos procesos regresen a la justicia militar y ahí se consolide la impunidad absoluta. Cuando la CIDH ha definido que si hay casos de violación de DDHH estos siempre tiene que ser investigados por la jurisdicción ordinaria.
¿Entonces cómo solucionar el conflicto?
Plantemos nosotros la necesidad de solucionar el conflicto desde hace mucho tiempo, pero hay una desconfianza total entre las partes que están enfrentadas, además de los grandes intereses económicos que están detrás de la guerra. Estados Unidos, Israel o Inglaterra, que venden armas al estado colombiano y no le interesa la paz. El presupuesto nacional tiene cerca del 40% destinado a la guerra, sumas grandes. Por eso decimos que es muy importante la participación de los gobiernos de América Latina para que acompañen al proceso de paz y se sienten todas las partes en conflicto en el proceso de negociación y para lo que se acuerde después sea cumplido por las partes y que ese acompañamiento siga hasta que se de por culminado el cumplimiento total de los acuerdos y podamos decir que hay paz en términos militares.
Los medios de comunicación en un conflicto armado tienen un papel destacado. ¿Benefician o perjudican?
Lo que los medios preguntan a Piedad Córdoba es, por ejemplo, cuándo ella va a ordenador la liberación de los presos de las FARC, como si fuera la comandante, se tergiversa la realidad. Los términos son perversos en la prensa, en lugar de presos políticos se les llama secuestrados. La facilitación mediática se debe desarrollar diciendo cuál es el papel de cada actor, de la Cruz Roja Internacional, el papel de mediadores como Brasil que facilita helicópteros para que libere la guerrilla a sus presos,… pero un debate sobre esto no es posible hacerlo en Colombia. Es difícil que la población colombiana apoye una salida negociada si el estímulo mediático constantemente es apoyar la solución militar y la derrota del enemigo. Así hay problemas para insertar a mediadores de paz o negociadores. Y creemos que es lo contrario, por esa vía vamos a tener guerra toda la vida.
¿El papel de las FARC genera alguna consecuencia negativa a la izquierda colombiana?
Haciendo hipótesis, si con la UP, como hemos dicho, se pasó a ser el 6% de votos, y si la exguerrilla urbana del M‑19 entró al proceso de la constituyente en 1991 y en las elecciones de 70 congresistas sacó 19, pues si ahora entrara un proceso de paz y el movimiento guerrillero hiciera una nueva constitución para insertarse en la vida política institucional es posible que las fuerzas serian grandes. El problema del manejo político del sistema frente a los movimientos sociales críticos o a quien opine distinto es que siempre se utiliza la estigmatización para descalificar sus peticiones. Uno no puede decir que los indígenas que reclaman sus tierras sean guerrilleros, cuando las tierras originariamente son de ellos. No hay que confundir las peticiones de los movimientos sociales con las aspiraciones de la guerrilla, además muchas veces los mismos movimientos sociales son más intransigentes que los movimientos guerrilleros. En el tema de restitución o evolución de sus resguardos ellos son más radicales que cualquier movimiento guerrillero, y por ello no se puede decir que el movimiento guerrillero dirige a los demás movimientos sociales. Esa es la principal crítica que se ha hecho de por qué se eliminan fundamentalmente a organizaciones sociales que trabajan en la legalidad por un estado de derecho.
¿A quién no le conviene que se acabe la guerra en Colombia?
A las grandes empresas transnacionales no les conviene. Pueden trabajar las empresas mejor en un contexto de paz pero tendrían que dar mayores regalías al estado colombiano y a las poblaciones. Actualmente pagamos nosotros para que nos roben los recursos naturales. Como hay un conflicto armado se debe dar facilidades para que las multinacionales inviertan. Además, los grandes terratenientes tendrían que devolver las tierras que le robaron a las victimas y los grandes empresarios se verían afectados por que los impuestos serian grabados en términos superiores y no destinarían dinero para la guerra, y los políticos asociados con el paramilitarismo perderían su posición.
¿Y qué es el Plan Colombia?
Teóricamente es un plan de lucha contra el narcotráfico para la erradicación de los cultivos de coca y procesamiento que se implementó en 1998 y está actualmente en la fase III. Implica que EUA suministre el armamento, equipos, químicos, entrenamiento militar al ejecito colombiano y satélites para ubicar las zonas de cultivo. Y en un proceso de 4 años se tenía que erradicar el 50% y en 6 años acabar el cultivo. Sino se hacia se autorizaba que EUA podía hacer toda la operación y en la II Fase del Plan Estados Unidos metió sus bases militares. Si no hubiese sido por UNASUR donde se discutió la invasión a Ecuador en 2008 con la muerte del dirigente de las FARC Raúl Reyes no conoceríamos el texto del documento sobre las 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia. Al darlo a conocer públicamente nosotros demandamos la situación en la corte constitucional por que es un convenio que viola la soberanía nacional al establecer las 7 bases y que el estado colombiano ofreciera la totalidad de las bases colombianas para uso de EUA, 37 bases militares. Pero EUA dijo que solo necesita 7 por que hay limitantes internas de personal que solo pueden sacar 800 militares activos y 600 contratistas civiles, y por eso escogieron esas 7 fundamentales. Al declarase la inconstitucionalidad no vieron problema y siguieron en la fase III del Plan que implica que sigue toda la asesoría militar para las fumigaciones, pero nosotros no sabemos quienes están en esto por que los militares de EUA no entran a Colombia por el Departamento de Extranjería sino directamente a las bases militares. Además, adicionalmente firmaron un protocolo donde Colombia solicita no investigar en la CIDH los crímenes cometidos por los militares norteamericanos. El Pan Colombia no solamente eliminó los cultivos de coca sino que aumentaron, pasando de grandes territorios a cultivos en tierras pequeñas en la selva.
¿Usted como abogado de Derechos Humanos y conocer de todas las masacres y violaciones del estado colombiano contra los enemigos políticos y jurídicos se siente tranquilo en su país?
No estamos tranquilos, por que estamos amenazados, somos objetivos militares de fuerzas públicas disfrazadas de paramilitares, pero tenemos medios de protección de la CIDH y acompañamiento internacional de Brigadas de Paz.
* Comunicadores del Programa CON-TEXTOS en la radio Patria Nueva de Bolivia, Andrés Sal.lari y Ricardo Bajo.
